La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó el 22 de mayo de 2026 imponer visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, al considerar que una medida de ese tipo podría generar un conflicto innecesario con el vecino del norte, y reiteró que su Gobierno busca mantener una relación de hermandad con el pueblo estadounidense.
Al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre la posibilidad de cobrar visas a nacionales de esos países, la mandataria sostuvo que México continuaría denunciando políticas o acciones discriminatorias contra migrantes mexicanos, pero sin promover medidas de confrontación bilateral. “Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos, es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos”, afirmó.
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Sheinbaum Pardo reconoció que la propuesta puede plantearse como una alternativa para recaudar recursos públicos, aunque consideró que también podría interpretarse como una acción hostil. “También podría tomarse como un conflicto, y pues es mejor evitar los conflictos, a menos que sean necesarios”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien añadió que la mejor estrategia es mantener abiertas las puertas del país. “Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro País”, planteó.
La postura de la mandataria nacional se produjo en un contexto de creciente presión diplomática por parte de la Administración encabezada por el presidente Donald John Trump contra funcionarios mexicanos. El 27 de abril de 2026, Sheinbaum Pardo exigió que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra servidores públicos de México estuviera respaldado por evidencias verificables, luego de reportes que señalaban una ofensiva de mayor alcance por parte de Washington. “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras”, declaró en esa ocasión. La presidenta de la República fue enfática en que la lucha contra la corrupción en México le corresponde al Gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, y no a Washington.
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El 26 de abril de 2026, el diario Los Angeles Times reportó que el Gobierno de Trump preparaba una ofensiva anticorrupción que podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos señalados de tener nexos con organizaciones del crimen organizado. El reporte reveló además que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también le fue revocada su visa desde el año anterior, situación que hasta entonces no había sido confirmada públicamente. Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, declaró durante la ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol, celebrada en Sinaloa, que era posible que próximamente se observaran avances importantes en ese ámbito y llamó a estar atentos.
Esa presión incluye la revocación de visas a decenas de funcionarios mexicanos. Según reportó la agencia británica Reuters el 14 de octubre de 2025, la Administración de Trump había cancelado el documento migratorio a al menos 50 políticos y servidores públicos de México, la mayoría militantes o ligados a Morena. Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), reiteró en diversas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.
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Entre los casos de mayor visibilidad figura el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y militante de Morena, quien confirmó el 12 de mayo de 2025, durante una conferencia de prensa en el Centro de Gobierno de Tijuana, Baja California, que no contaba con visa para cruzar a EE.UU. La mandataria estatal calificó la cancelación como “una decisión administrativa, no una acusación”. Ese mismo proceso afectó a Carlos Torres Torres, entonces esposo de Ávila Olmeda y exdiputado federal, quien anunció el 10 de mayo del mismo año la revocación de su propia visa. El 8 de octubre de 2025, la gobernadora confirmó públicamente que se encontraba en proceso de divorcio de Torres Torres.
La situación de Ávila Olmeda adquirió mayor gravedad cuando, el 21 de enero de 2026, la mandataria confirmó la existencia de una carpeta de investigación en la FGR contra Torres Torres, señalado por su presunta participación en una red de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero vinculada al cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 11 de junio de 2025, indica que Torres Torres habría recibido pagos mensuales de 150 mil dólares de Pedro Ariel Mendívil García, extitular de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de facilitar operaciones del grupo criminal en territorio bajacaliforniano.
El DOS anunció también la expansión de su política de restricción de visas para individuos en el hemisferio occidental que apoyen a los adversarios de Washington en acciones que socaven los intereses estadounidenses en la región, y confirmó que ya tomó medidas contra 26 personas en distintas naciones. La lista de funcionarios mexicanos afectados incluye, entre otros, a Héctor Antonio Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, quien confirmó el 15 de octubre de 2025 que el Gobierno de EE.UU. le retiró su visa el 31 de julio del mismo año; a Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal de Nogales, Sonora; a César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora; y a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California.
Por otro lado, cuestionada durante la misma conferencia matutina sobre denuncias de privatización de playas y despojos en distintas regiones del país, Sheinbaum Pardo reconoció que todavía existen abusos, aunque aseguró que ya no son promovidos desde el Gobierno. “El Gobierno promovía la política del abuso y del despojo”, señaló, en referencia a administraciones anteriores, y afirmó que ahora corresponde atender las denuncias ciudadanas y actuar conforme a la ley.
