La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 19 de mayo de 2026 proyectos que avalan el llamado “Viernes Negro” del Senado de la República, sesión celebrada el 28 de abril de 2023 en la que Morena y sus aliados aprobaron veinte reformas legales en fast track, horas después de que los legisladores se reunieran con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las reformas fueron aprobadas dispensando todos los trámites parlamentarios establecidos: catorce de los veinte dictámenes no fueron publicados en la Gaceta del Senado dentro de las 24 horas previas, y cada asunto fue despachado en un promedio de doce minutos, durante una sesión celebrada en el patio de la antigua sede del Xicoténcatl, ante las protestas de la oposición que se desarrollaban en el edificio de Paseo de la Reforma.
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El ministro Arístides Guerrero García propuso a la SCJN rechazar que las condiciones en que se desarrolló aquella sesión hubieran generado vicios de procedimiento con potencial para invalidar las reformas. “La temporalidad en la publicación en la Gaceta del Senado y las dispensas de lectura acordadas por el Pleno del órgano legislativo no genera, en este caso, una violación al proceso legislativo con potencial invalidante”, señala uno de los proyectos.
Las dos reformas programadas para la sesión del 19 de mayo de 2026 corresponden a la extinción de la Financiera Rural y al otorgamiento de facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de seguridad del espacio aéreo. En esa misma línea, Guerrero García restó importancia al argumento de que no existía quórum de 65 senadores para sesionar en la sede alterna el 28 de abril de 2023.
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Según los proyectos, “el cambio de sitio para sesionar fue una consecuencia de la conducta de un grupo de personas senadoras que, como una forma de expresión, al margen de su idoneidad y pertinencia, manifestaron su inconformidad en la falta de designación de una persona comisionada del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mediante la obstaculización de las sesiones del Senado”. El pasaje alude a la protesta encabezada por la entonces senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz.
El antecedente más reciente de este debate se remonta a enero de 2025, cuando siete ministros de la integración anterior de la SCJN sostuvieron que sí hubo irregularidades graves de procedimiento que ameritaban la invalidez de las reformas del “Viernes Negro”. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama —quienes continúan en funciones en la SCJN— impidieron alcanzar los ocho votos necesarios para declarar dicha invalidez.
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En aquella discusión, el entonces ministro Juan Luis González Alcántara detalló que la votación violó el Reglamento del Senado de la República, pues no fue nominal: los legisladores no dijeron su nombre ni se pusieron de pie al expresar el sentido de su voto, como lo exigía la norma para una sede sin tablero electrónico. “En muchas ocasiones no se aprecia qué individuo da el sentido del voto, en otras no se escucha el sentido del voto, solo se escucha a la secretaria registrarlo”, narró González Alcántara.
La también ya retirada ministra Margarita Ríos-Farjat destacó el principio democrático que estaba en juego. “Eso es algo que ninguna mayoría, por más poderosa que sea, pudiera pretender borrar, pues representa una de las premisas básicas en que se asienta la democracia liberal”, afirmó.
Además de las dos reformas programadas para el 19 de mayo de 2026, otras impugnaciones derivadas del “Viernes Negro” permanecen pendientes de resolución en la SCJN. Entre ellas figuran la autorización a la Sedena para operar simultáneamente aeropuertos y una aerolínea, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), el otorgamiento de concesiones ferroviarias permanentes a los militares, y la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
