La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 24 de abril de 2026, en la Mañanera del Pueblo, que corresponde a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, brindar la información sobre la presencia de agentes extranjeros en su estado, luego de que Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, se reuniera con la mandataria panista el día previo para abordar el caso.
“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información. De parte del secretario de Seguridad se le dijeron los principios y leyes que hay que seguir para colaborar con un gobierno extranjero y que en este caso no se siguió el procedimiento. Fue una conversación cordial, ya depende ahora de la gobernadora. Ya, a través del secretario se estableció la relación”, afirmó Sheinbaum Pardo.
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El encuentro entre García Harfuch y Campos Galván se realizó el 23 de abril de 2026 en la sede de la SSPC Federal, ubicada en Avenida Constituyentes, en la Ciudad de México, y duró una hora. La gobernadora acudió acompañada del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, y del secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya. Participó también personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia del Gobierno Federal responsable del registro de los agentes extranjeros que operan en el país. Al concluir la reunión, Campos Galván abandonó las instalaciones en un convoy de tres camionetas blancas sin ofrecer declaraciones.
La crisis se desencadenó tras el operativo registrado entre el 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, en el que fueron desmantelados seis narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa (CDS). Un accidente vehicular ocurrido al término de la operación cobró la vida de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua, hecho que expuso la presencia de los extranjeros en territorio nacional. El diario Reforma publicó el 23 de abril de 2026 que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) participaron como apoyo en el operativo sin tener conocimiento de la presencia de los agentes estadounidenses, quienes presuntamente se infiltraron uniformados como personal de la AEI.
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La tensión entre los dos órdenes de gobierno se recrudeció cuando Sheinbaum Pardo reveló que intentó comunicarse telefónicamente con Campos Galván el 22 de abril sin obtener respuesta. Ese mismo día, el Senado de la República aprobó en votación económica, con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), una invitación formal a la gobernadora y al fiscal Jáuregui para que comparecieran ante comisiones el 28 de abril a las 10:00 horas. El senador morenista Óscar Cantón Zetina precisó que la mandataria no enfrentaría sanción en caso de no acudir.
El senador Javier Corral Jurado, también de Morena y exgobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, aseguró que Campos Galván sería tratada con respeto de presentarse ante la cámara. “No se trata de una comparecencia, no es una cita obligatoria: es una invitación a una reunión de trabajo y sería muy importante, sería muy relevante que viniera a explicar muchas de las cosas que están en el ambiente”, declaró Corral Jurado, quien cuestionó además la gestión informativa de las autoridades chihuahuenses: “Cuando cuentas una mentira, luego tienes que contar otra y otra y una más grande para tapar la primera”.
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Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, solicitó al Senado iniciar un procedimiento de juicio político contra Campos Galván por actos que calificó de traición a la patria. En un comunicado, Sandoval argumentó que las autoridades chihuahuenses reconocieron públicamente la colaboración con agencias norteamericanas en operativos dentro del territorio nacional, contraviniendo las atribuciones exclusivas del Gobierno Federal en materia de relaciones internacionales. “Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional”, indicó el legislador.
La postura del Gobierno de Chihuahua evolucionó de forma contradictoria a lo largo de los días: primero reconoció la colaboración con los agentes extranjeros, luego intentó minimizarla y finalmente sostuvo que la obligación de informar a la presidenta de la República recaía en los elementos del Ejército que participaron en el operativo, no en las autoridades estatales. Sheinbaum Pardo ya había subrayado que los mecanismos de cooperación en materia de seguridad con otros países corresponden de manera exclusiva al Gobierno Federal.
