Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y Gibrán Ramírez Reyes, diputado federal por el mismo partido, presentaron el 30 de abril de 2026 ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una solicitud formal de desafuero en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República de la LXVI Legislatura; y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán de Rosales, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
La denuncia fue dirigida a Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y se sustentó en los artículos 108, 109, 110, 111 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 5 al 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El documento señala también a otros servidores públicos del estado de Sinaloa como presuntos responsables de delitos relacionados con asociación delictuosa, delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros de orden federal.
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El fundamento central de la acción legislativa radica en una resolución de imputación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en contra de diez funcionarios y exfuncionarios de la administración pública mexicana, por su presunta participación en el delito de conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas en connivencia con la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa. La solicitud busca retirar la protección constitucional del fuero a los servidores públicos señalados, con el objetivo de que enfrenten procesos judiciales sin ese blindaje político.
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, expresó Álvarez Máynez a través de su cuenta en la red social X al hacer pública la presentación de la solicitud.
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El escrito también incorpora antecedentes del caso de Rocha Moya que datan del año 2021, durante el proceso electoral para la gubernatura del estado de Sinaloa. Según las investigaciones referidas en el documento, en ese periodo diversas autoridades extranjeras incorporaron señalamientos en los que se presume que la campaña del entonces candidato habría recibido apoyo de integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos.” Dichas imputaciones no fueron hechas públicas en ese momento.
Ante la tormenta política generada por los señalamientos de las autoridades de EE.UU., Rocha Moya rechazó las acusaciones y descartó abandonar el cargo de gobernador. En paralelo, la bancada de Morena en el Senado, a través de su coordinador, sostuvo que la acusación de las autoridades estadounidenses carece de sustento probatorio, lo que evidenció la fractura entre la postura del partido en el poder y la acción legislativa emprendida por Movimiento Ciudadano. El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, endureció su postura y llamó a evaluar la desaparición de poderes en Sinaloa.
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La declaración de procedencia, mecanismo constitucional conocido como desafuero, requiere que la Cámara de Diputados analice si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad a los funcionarios señalados. De prosperar, Rocha Moya, Inzunza Cázarez y Gámez Mendívil quedarían expuestos a enfrentar procesos penales sin la protección que actualmente les otorga el fuero constitucional.
