El primer Paquete Económico 2026 presentado enteramente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea aumentar el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas con edulcorantes, cigarros y tabaco, videojuegos con contenidos violentos y no aptos para menores de edad, así como juegos con apuestas y sorteos.
Proyecta incrementar además aranceles a mil 463 fracciones arancelarias, que equivalen a 8.6 por ciento del total de importaciones de México procedentes de países con los que no tiene “reglas bilaterales claras”, como China, India, Vietnam y Corea del Sur.
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Entre las mercancías que incrementarían sus aranceles están: autos ligeros, autopartes, sector siderúrgico, textiles, calzado, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, vidrio, remolques y cosméticos.
Si el Paquete Económico es aprobado sin cambios por la Cámara de Diputados –donde Morena y partidos afines tienen mayoría– el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del refresco y bebidas azucaradas con edulcorantes pasaría de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, un alza de 87.3 por ciento respecto a 2025.
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El IEPS de cigarros, puros y otros tabacos labrados pasaría de 0.6445 pesos a 0.8516 pesos por cada uno, de 2025 a 2026. La Ley de Ingresos 2026 también propone que el IEPS siga incrementando en los subsecuentes años hasta quedar en 1.1584 pesos por cigarro en 2030.
La tasa para juegos y sorteos pasaría de 30 por ciento a 50 por ciento, incluyendo los que se realicen por internet. Mientras que el IEPS para videojuegos con “contenido violento, extremo o para adulto” tendrían un gravamen del 8 por ciento.
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Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo ha justificado que los llamados impuestos “saludables” pretenden reducir el consumo de refrescos y cigarros y crear un fondo para la atención médica de problemáticas relacionadas con su consumo; que el impuesto a videojuegos violentos se debe a un tema de seguridad, y los aranceles protegerán a la industria nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que el aumento de los aranceles sea un tema recaudatorio y que vaya a generar inflación, aunque reconoció que la aplicación del IEPS que data de 2014 no ha significado una reducción sustancial en el consumo de refrescos y cigarros.
Datos de la Secretaría de Salud indican que el costo al sector salud es de 116 mil millones de pesos anuales, solamente de enfermedades que tienen que ver con consumo de azúcar y tabaco en una tendencia creciente, refirió el subsecretario de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma.
“Cuidamos mucho los impactos productivos y potencial sobre el nivel de precios”, dijo el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, sobre el aumento de aranceles a las 1,463 fracciones arancelarias, y reconoció que los cambios en comercio exterior se darán en el contexto mundial por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos.
En la iniciativa de Ley de Derechos también destaca el aumento del 14 por ciento por la expedición del documento de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, y del 100 por ciento por el documento de estancia de residente temporal y permanente. Además de aumentos a los servicios que presta el organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Oficinas Generales (Seneam), entre otros.
Las medidas propuestas por el gobierno constituyen un “golpe al bolsillo de la ciudadanía”, criticó la diputada federal del Partido Acción Nacional, Eva María Vásquez Hernández, quien cuestionó por qué mejor el gobierno incentiva el consumo de agua natural, con beneficios en los precios de estos productos.
Lo manifestado por el oficialismo es una narrativa que intenta “disfrazar” la intención recaudatoria ya que no se han identificado etiquetas que garanticen que el recurso se irá a salud, donde ahora se anuncia la fusión de 11 programas, lo que significa menos presupuesto, menos personal y medicamentos, alertó la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro.
Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que el aumento del IEPS no provocaría inflación, puesto que son productos que no son de uso general, como el caso de los cigarros y el tabaco, que “alrededor del 5 o 6 por ciento de la población fuma”.
Según las proyecciones de la SHCP, la recaudación de impuestos sumará 5.8 billones de pesos en 2026; cifra superior en 5.7 por ciento a la de 2025 y que representa 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El próximo año, el gobierno federal prevé ingresos por 8.7 billones de pesos en total. Gastará 10.1 billones. Con ello, tendrá un déficit presupuestario de 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.1 por ciento del PIB.
DEUDA SUBIRÁ A 20 BILLONES
La diputada panista Eva María Vásquez Hernández expresó su preocupación por el aumento de la deuda pública para el próximo año, que alcanzará los 20.3 billones de pesos, equivalente a 52.3 por ciento del PIB: “Morena, la 4T, ya endeudó a México 21 por ciento más que todos los gobiernos anteriores juntos”.
En entrevista telefónica con ZETA, Macías Sánchez señaló que lo más importante del Paquete Económico 2026 es que el gobierno federal sigue manteniendo un endeudamiento alto. “Desde 2024 nos prometieron que en 2025 íbamos a reducir el déficit a 3 por ciento y nos están diciendo que no, que va a ser del 4.3 y para 2026, del 4.1 por ciento”.
Este endeudamiento es para cubrir el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), pagar los intereses, pensiones y programas sociales, indicó.
La miscelánea fiscal presentada es una “señal de que el gobierno sabe que tenemos que abrir espacio fiscal”; sin embargo, el alza en impuestos, la eliminación de la condonación de los bancos de lo que pagan al IPAB y los aranceles son medidas “bastante pequeñas” en proporción del sistema fiscal. Es necesaria una reforma fiscal que no se ha querido hacer por temas políticos.
En cuanto a la previsión de la SHCP sobre el crecimiento económico de 2.3 por ciento para 2026, BBVA señaló que es una previsión “optimista” toda vez que el consenso de analistas es que México crezca entre 0.5 por ciento y 1.4 por ciento. Un escenario de menor dinamismo económico en 2026 complicaría llegar a la meta del déficit superávit primario, lo que generaría mayores recortes al gasto público programable.
El Paquete Económico también propone una repatriación de capitales, para que los recursos lícitos que se mantengan en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2025 retornen a México pagando 15 por ciento de ISR, siempre y cuando sean utilizados en actividades productivas por al menos tres años en el marco del Plan México.
Hay incertidumbre por diversas reformas hechas en nuestro país, como la judicial y la desaparición de organismos autónomos. “Si nosotros no estamos generando inversión pública va a ser muy difícil atraer inversión privada”, declaró Macías Sánchez.
INVERSIÓN PRODUCTIVA LA MÁS BAJA EN 30 AÑOS
En el Proyecto del Presupuesto de Egresos la inversión está “deprimida”, indicó la directora de CIEP, quien explicó que en este rubro hubo un recorte del 14 por ciento para 2025. “Por más que aumente para 2026 no vamos a alcanzar los niveles ni de hace tres años, ni de hace 30 años que invertíamos el 10 por ciento”.
La propuesta para el próximo año se trata de un repunte que básicamente se trata de las transferencias a Pemex para rescatarlo, sin que se haya modificado el modelo de negocio de la petrolera y continúen registrándose pérdidas.
Según el PPEF 2025, una parte de la inversión pública se destinará a proyectos ferroviarios como el tramo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles–Pachuca, Querétaro–Irapuato. Así como al corredor carretero Ciudad Valles, Tampico–Saltillo, Coahuila.
En el documento destaca la asignación de 30 mil millones de pesos (mmdp) al Tren Maya y de 25 mil 500 mdp al Tren Interocéanico.
La organización México Cómo Vamos señaló que del total de recursos para inversión pública, 46 por ciento se irá a Pemex, 27 por ciento a los trenes y 3.9 por ciento a obras hidráulicas.
Macías Sánchez indicó que, el gobierno no tiene mucho espacio para maniobrar, debido a que 85 por ciento del presupuesto ya está comprometido, sigue negando la necesidad de la reforma fiscal y con ello, continúa reduciéndose el espacio para destinar recursos a ámbitos importantes como salud y educación. “Las prioridades del gasto del gobierno son pensiones y costo de la deuda”, todo lo demás como programas sociales e inversión van ajustándose.
Para 2026, se proyecta un aumento de alrededor del 12 por ciento en el gasto social, que alcanzará casi un billón de pesos. Los programas sociales con más fondos son: pensión de adultos mayores (526 mil 508 mdp), Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica (129 mil 386 mdp), Pensión para Mujeres Bienestar (56 mil 969 mdp) Beca nivel medio superior (42 mil 559 mdp), Sembrando Vida (40 mil 664 mdp) y Pensión para Personas con discapacidad (36 mil 266 mdp).
Por otro lado, se plantea que el Poder Judicial tenga un presupuesto de 85 mil 960 mdp, 17 por ciento más que lo aprobado en 2025. La mayor parte del recurso (74 mil 224 mdp) sería ejecutado por el Órgano de Administración Judicial. Mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá mil 856 mdp.
Al Poder Legislativo se le asignaron 17 mil 529 mdp (Cámara de Diputados 9 mil 602 mdp y Cámara de Senadores, 5 mil 103 mdp).
Las secretarías federales con mayores incrementos respecto al presupuesto aprobado en 2025 son: Energía (+86.8 por ciento), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (+23.7 por ciento), Bienestar (+12.4 por ciento) y Educación (+6.4 por ciento).
Por el contrario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (-17.5 por ciento), Cultura (-16.1 por ciento), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-7.8 por ciento) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (-4 por ciento) tendrían los mayores recortes. La Secretaría de Salud tendrá un recorte de -3.2 por ciento. La Fiscalía General de la República (FGR) tendría 21 mil 059 mdp, un aumento de 1.1 por ciento. Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le asignarían 22 mil 837 mdp (-18.3 por ciento).
MÁS RECURSOS PARA ESTADOS
El próximo año está previsto que se distribuyan 2.8 billones de pesos a las entidades federativas y municipios mediante participaciones y aportaciones; cifra superior a lo aprobado para 2025, de 2.6 billones.
Esto sería así, debido a que el aumento en la recaudación tributaria participable generaría más recursos para las entidades federativas, explicó la directora del CIEP.
Al cierre de esta edición se desconocía cuánto recurso federal llegará a Baja California, sin embargo, la Secretaría de Hacienda del estado estimó que por participaciones y aportaciones habrá un incremento del 5 por ciento en términos reales respecto a 2025.
Dentro de los proyectos de infraestructura del Paquete Económico 2026 se encuentran la desaladora de Rosarito, la tecnificación del Distrito de Riego 14, la construcción del Hospital General del IMSS y la ampliación de la Clínica del ISSSTE en Ensenada, así como obras en la red eléctrica por parte de la CFE, pero no tienen una cantidad asignada.
A propósito, la diputada blanquiazul Vásquez Hernández dijo que está solicitando información para conocer si verdaderamente tendrán recursos y se realizarán los proyectos. En Tecate la clínica del ISSSTE se manejó algo similar para este año, pero “estamos a mediados de septiembre y no le ha caído un peso de recurso, de lo que se supone era un proyecto casi realidad”.
MÁS VIGILANCIA
En el Paquete Económico también se propone modificaciones al Código Fiscal de la Federación para que a accionistas relacionados con empresas factureras o fantasmas el SAT les niegue el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otras disposiciones tendientes a evadir la elusión fiscal.
Además, se plantean cambios a la Ley Aduanera con la que las aduanas utilizarían biometría e inteligencia artificial, así como comprobantes fiscales para documentar las exportaciones e importaciones y contemplaría candados para las patentes de los agentes aduanales.
