El comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Nabor Sánchez Camacho, con más de 30 años de servicio, fue asesinado violentamente al interior de la unidad del Ministerio Público en el poblado de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé el pasado sábado 30 de agosto.
De acuerdo con los datos proporcionados, un comando armado conformado por al menos tres camionetas con un aproximado de 15 civiles fuertemente armados, llegaron hasta las instalaciones de la institución en esa comunidad pesquera y abrió fuego contra las oficinas de Gobierno, además de que ejecutaron al jefe de grupo cuando este se encontraba de servicio.
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Alrededor de las 9 de la mañana, habrían arribado los sicarios, y utilizando armas largas, lanzaron ráfagas contra las instalaciones, acribillando al mando policiaco.
“El comandante Nabor tenía unas horas de haber regresado de vacaciones con su familia, y sus días en la institución ya estaban contados, ya que en próximos meses se jubilaría y cumpliría con el periodo laboral e irse a descansar. Era un muy buen compañero, por el tiempo en la corporación era querido y respetado; muy buen elemento cuando me tocó trabajar hombro con hombro junto a él”, expresó uno de los agentes de investigación de la Procuraduría.
Esto representa un golpe más a la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo el cuarto ataque armado a elementos de la institución al mando de Antonio López Rodríguez, el tercero que pierde la vida en el cumplimiento del deber y el quinto agente en ser baleado por miembros del crimen organizado en cuatro meses.
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El cuerpo del jefe de grupo fue trasladado a la ciudad de La Paz y sepultado en el panteón de Los Sanjuanes este 1 de septiembre, donde amigos, compañeros y familiares dieron el último adiós.
“Quienes laboramos en la PGJE lamentamos el sensible fallecimiento del comandante Nabor Sánchez Camacho, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amistades, reconociendo la invaluable labor realizada en favor de la procuración de justicia en Baja California Sur”, lamentó Antonio López, a nombre de la Procuraduría.
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Fuerzas de inteligencia militar confirmaron que estiman que el atentado en contra del comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal estaría a cargo de células delictivas aliadas al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de La Mayiza.
“El primer factor que se atendió es la posible presencia de células de Los Venados, principales generadores de violencia y los contrincantes de la gente del Chama y/o el Barbas, encargado de plaza desde Mulegé Pueblo, Santa Rosalía, Laguna San Ignacio, Punta Abreojos, Bahía Asunción, Bahía Tortugas, Vizcaíno y Guerrero Negro para La Chapiza. La versión extraoficial es que dentro de esa unidad había infiltrados para esta última facción, pero no era el caso de Nabor”, aseguró la fuente de la Mesa de Seguridad Estatal.
El ataque armado fue directo, obedeciendo a las múltiples amenazas que los mismos agentes de investigación de la PGJE han recibido en los últimos meses, incluso a sus celulares vía mensajes y llamadas, además de las narcomantas colocadas en Mulegé y Loreto.
CUARTO ATENTADO CONTRA LA PGJE
Uno de los ataques más sentidos contra las corporaciones de seguridad, fue el asesinato del Comandante del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría, Ulises Omar Cota Montaño, asesinado el 22 de abril en el fraccionamiento Camino en el municipio de La Paz.
Elemento muy querido en la institución, pero que también significó la cristalización de las amenazas del crimen organizado en contra de efectivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“La muerte de Ulises no sólo fue una amenaza cumplida, fue el parteaguas del miedo, el terror que generaron células de la delincuencia en contra de los funcionarios públicos. Fue un ataque planeado, visto desde el cielo y cumplió su cometido, infundir miedo en las fuerzas de seguridad; los mandos y la misma Mesa Estatal, no veían venir la escalada de violencia de esa manera”, indicó a ZETA un miembro de la Procuraduría.
Todos los casos, es decir, los atentados contra elementos de la PGJE, ocurrieron en la era de Antonio López Rodríguez, primero como encargado de despacho y ahora como Procurador General de Justicia.
El segundo ataque fue contra Mario Quezada, comandante de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), también de la PGJE el pasado 21 de junio. El comandante se encontraba comiendo pasadas las dos de la tarde en Carnitas Aguilar ubicada sobre Avenida Forjadores y calle 2, en el municipio de La Paz, junto a dos elementos, cuando un comando armado ingresó supuestamente por otras dos personas y se enfrentaron a tiros. Quezada perdió la vida en el lugar, mientras que otro elemento resultó lesionado por disparos de arma de fuego.
Un tercer atentado ocurrió el miércoles 20 de agosto, siendo el elemento del COE, Humberto Gadiel Yee Avilés, el blanco; también había sido amenazado junto a Ulises Cota. El elemento fue atacado en su domicilio ubicado en las calles Japón y Mar Amarillo de la colonia Residencial del Mar igualmente en La Paz, y el atentado fue frustrado al responder a los sicarios, pero resultó con heridas en brazo y pierna.
El último ataque fue el perpetrado contra Nabor Sánchez Camacho cuando se encontraba al interior de las oficinas de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común; los sicarios dispararon en múltiples ocasiones por ventanas, puertas y muros del lugar, el elemento recibió múltiples lesiones producidas por arma larga.
La Procuraduría investiga ya cada uno de los atentados, sin embargo, existe temor al interior de la institución.
“De verdad es un miedo al interior, están bien apagados los compañeros. Sabemos de lo que puede haber dentro de todas las instituciones, no sólo Procuraduría, pero le están pegando a elementos muy buenos, queridos y que se han entregado por todos, y los que andan metidos ahí siguen. Esto va a estallar”.
— ¿Las inconformidades?
Sí, no es posible que los mandos sepan lo que ocurre y no desarticulen antes de ejecutar las amenazas. Es cansado tener que lidiar a diario con esto”, así lo dijo uno de los Agentes de Investigación adscrito a La Paz.
ASESINAN A FAMILIAR DE ACTIVISTA
Pasadas las tres de la tarde de este lunes 1 de septiembre, fue ejecutado a quien identificaron extraoficialmente como Ismael Hernández Avalos, hermano de Gemima Hernández Avalos, activista de la agrupación Sólo Por Ayudar, A.C.; el ataque ocurrió sobre las calles Pablo L Martínez y Leopoldo Ramos, en colonia Solidaridad en la comunidad de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé.
Los sicarios llegaron a bordo de un automóvil Sentra de color dorado, esperaron a las afueras hasta que salió la víctima, y dispararon desde el interior de la unidad a través de los cristales; una vez en el suelo herido y tratando de ocultarse de los disparos, el sicario salió del auto para rematarlo al interior del domicilio.
En una entrevista reciente, realizada a la señora Gemima Hernández Avalos, ya había mencionado que contaba con un oficio que las mismas autoridades la habían brindado medidas de protección como defensora de los derechos humanos, sin embargo, las fuerzas de seguridad presuntamente habían retirado el apoyo en vigilancia.
La activista incluso acudió hasta la Ciudad de México para exponerle a la misma Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, sobre lo que ocurre en Baja California Sur en referente a las desapariciones y el desplazamiento que sufrió por miembros del crimen organizado que la amenazaron a ella y su familia.
“Ya habían sido tres atentados y una privación de la libertad a mi hermano, amenazándolo que si yo no paraba con toda este activismo social que hago, en diversos beneficios para la localidad y entre ellos la desaparición forzada, denuncias que yo había impuesto contra estos delincuentes que habían privado de la libertad a mi hijo, también el 24 de mayo del 2024, que lo me iban a privar a mí de la vida o a sus hijos”, comentó Gemima Hernández en el mes de junio de este año.
La señora Gemina confirmó que sus familiares no estaban recibiendo las medidas de protección, tal y como fue ordenado por la autoridad de justicia, y que el día del atentado no su familiar estaba desprotegido, información que pudo haber sido filtrada por fuerzas de seguridad al grupo de sicarios.
Los datos revelados, es que contaba con una medida de protección de recorridos, otra estacionaria para resguardo que había vencido tres días antes del atentado y que fue reactivada la mañana del ataque, en el que no había unidades de seguridad.
“Las autoridades que hacen los recorridos, sólo hacen recorridos, no acatan la instrucción del oficio de la seguridad estacionaria; cuando mi hermano les muestra el oficio a todas estas autoridades que pasan a hacer recorridos rutinarios, le dicen que ellos tienen instrucción que así lo tienen que hacer. Que no se está respetando esa vigilancia estacionaria a mi hermano por las premuras de la amenaza que es latente, porque esos individuos, El 90 y sus integrantes, después del evento del domingo, están rodeando la casa, el domicilio de mi hermano y el de otros de mis familiares, que es como para intimidar”, acusó en su momento la activista.
El 90, a quien señala Hernández, se trata de Olegario Guzmán, presunto operador de La Chapiza en la comunidad salinera de Guerrero Negro.
LA PAZ Y COMONDÚ BAJO FUEGO
El municipio de La Paz ya fue alcanzado por la violencia estacionaria, de nuevo se registraron hechos de alto impacto a plena luz del día. Los vecinos reportaron que en las calles Sierra de la Trinidad y San Javier en la colonia 8 de Octubre segunda sección, se escucharon detonaciones de arma de fuego.
“Ahí en la colonia (8 de Octubre) se escucharon varios balazos, ahí donde está una narcotiendita, y al ratito llegaron policías estatales y ministeriales y pusieron cintas amarillas, luego se metieron como a catear; no sabíamos bien qué pasaba, hasta al rato vimos las noticias que habían matado a una persona ahí. De toda la vida se ha sabido que venden droga ahí, sólo las autoridades no saben lo que pasa”, informó uno de los vecinos del lugar.
Mientras que el 1 de septiembre a las 2:00 p.m., vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en las calles Luis Echeverría Álvarez y Antonio Álvarez Rico en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú.
Fuerzas de seguridad llegaron al lugar y confirmaron el atentado, señalando la muerte de una persona del sexo masculino, a quien identificaron con el apodo del Moroyoqui; el fallecido quedó tendido sobre el pavimento afuera de un domicilio.
Ese mismo lunes, pasadas las 7 de la tarde, se confirmó un nuevo atentado con armas de fuego en Ciudad Constitución, en las calles Rosaura Zapata y Benito Juárez de la colonia Centro, donde un hombre fue lesionado con un arma de fuego en la cabeza, mismo que fue llevado al hospital general para su valoración médica.
“La persona lesionada, un hombre, fue trasladado por servicios de emergencia a un hospital para su atención médica. Fue identificada, cuenta con 29 años”, dio a conocer la Procuraduría General de Justicia.
La guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa sigue en la entidad, y cada vez se extiende más al sur del estado. Las fuerzas de seguridad han desplegado elementos en los cinco municipios, con el fin de desarticular todos los frentes criminales, pero la violencia se mantiene.
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