Luego de diversos intentos, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción confirmó a la ciudadanía que se logró la vinculación a proceso en contra del extesorero del Ayuntamiento de Los Cabos, Martín Talamantes Geraldo, señalado por las autoridades judiciales por el delito de abuso de autoridad por simulación.
En dos ocasiones, Talamantes Geraldo evadió la audiencia inicial ante el Juez de Control, argumentando problemas de salud; sin embargo, esta semana se informó que ya está sujeto al proceso y se la han impuesto medidas cautelares.
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Sobre el delito que se persigue, tal y como ZETA lo dio a conocer anteriormente, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) sobre un presunto hecho que podría constituir un delito, el cual se registró en octubre de 2022 en el Ayuntamiento de Los Cabos.
Se señala que Martín Talamantes, en su calidad de tesorero, habría erogado un pago por 14 millones 170 mil 560 pesos a favor de una empresa que fue contratada como intermediaria financiera para que el Gobierno Municipal adquiriera un préstamo a corto plazo.
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Sin embargo, la ASEBCS detectó que esta empresa dedicada a la gestión de servicios de trámites financieros nunca realizó ningún trámite con instituciones bancarias a favor del Ayuntamiento de Los Cabos.
“Aún con esa omisión, el hoy vinculado José Martín, en su carácter de tesorero municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, pagó la cantidad 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa que fungió como intermediaria financiera, sin que esta haya realizado ningún trámite para la celebración del contrato de apertura de crédito simple con alguna institución bancaria”, reiteró la Fiscalía.
En este caso también se señala al exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, quien ha evadido la audiencia inicial en tres ocasiones alegando problemas de salud e, incluso, haber sido internado en un hospital.
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Se suma el hecho de que la Fiscalía también investiga por este hecho a la exsíndica municipal, Alondra Torres, ahora diputada del Partido del Trabajo (PT), y al exsecretario general, Ariel Castro, ahora subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado.
El juez de Control fijó tres medidas cautelares para Martín Talamantes: firma periódica de manera quincenal en Servicios Previos a Juicio en La Paz, así como la prohibición de acercarse al Ayuntamiento de Los Cabos y la prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes.
De acuerdo con el artículo 276 del Código Penal de Baja California Sur, se puede imponer una condena de hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, recordó que Alondra Torres y Ariel Castro tienen fuero según el artículo 158 de la Constitución del Estado, por lo que en su caso particular se advierte una posible solicitud de juicio de procedencia para que sean llevados ante el juez.
En este escenario, explicó que la primera denuncia fue presentada por la ASEBCS, y posteriormente, la Contraloría Municipal interpuso una segunda poco antes de finalizar la administración de Óscar Leggs en septiembre de 2024.
“Este es un ejemplo de que no es un asunto político porque la primera denuncia la presenta la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano autónomo, y la segunda la presenta la misma administración”, recalcó Lenin Ortiz.
“No se trata de ninguna investigación sesgada. Al final de cuenta las denuncias se hacen por los hechos, pero la investigación es la que determina qué servidor público es responsable”, añadió.
Leggs se ampara
El 5 y 12 de diciembre de 2024, así como el 9 de enero de 2025, el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, evadió la audiencia inicial con la que se pretende vincularlo a proceso por este caso. Ahora trasciende que el expresidente tramitó una demanda de amparo a principios de año, recurso legal que le fue concedido.
Esta última estrategia de Leggs creó la duda sobre su futuro jurídico; sin embargo, el fiscal Anticorrupción aclaró que este instrumento no lo protegerá de ser vinculado a proceso y tampoco lo libera de la responsabilidad de presentarse en la audiencia inicial.
El 18 de enero es la nueva fecha determinada para que el exalcalde se presente ante el juez de Control, esto en la ciudad de San José del Cabo.
Lenin Ortiz explicó que el recurso legal del que ahora goza Leggs Castro sólo lo protege de una posible o futura detención ordenada por algún juez, por lo que, salvo que tenga otra jugada, deberá atender el llamado el Partido Judicial.
Será en los próximos días cuando se determine su situación jurídica, sin embargo, se advierte que, ante la vinculación a proceso del extesorero, el escenario no es el más óptimo para el exalcalde de Los Cabos.
