En un informe presentado en conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Cristina Buendía Soto, destacó que en esta administración ha logrado 12 vinculaciones a procesos por diversos delitos, así como tres sentencias condenatorias.
Según precisó en la conferencia de prensa que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ofrece cada semana, en estos cinco años han interpuesto un total de 47 denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur.
Publicidad
Con estos procedimientos penales, alcanzaron la vinculación a proceso de 12 personas por diversos delitos, como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Buendía Soto dijo que en algunos casos no pueden dar el nombre de los involucrados por el sigilo de las investigaciones y los procesos, ya que hay antecedentes de imputados que se han amparado y les otorgan la suspensión provisional del acto, lo que detiene acciones penales y entorpece indagatorias.
Publicidad
No obstante, hay casos que son del conocimiento público, como el desfalco millonario del Instituto de Vivienda (INVI), así como acciones emprendidas en contra de exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos.
En el caso del INVI, se detectó una red de corrupción que culminó con el desfalco de más de 55 millones de pesos, en los que se ha señalado la participación del exjefe de contabilidad, Javier Ramírez, quien está vinculado a proceso desde febrero de 2024; asimismo, este año se imputó formalmente a la exdirectora general, Fernanda Villarreal, y al exdirector de administración, Juan Manuel Reyes.
Publicidad
El exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, el extesorero, Martin Talamantes y el exoficial mayor, Alan Sotelo Burgoin, fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad por simulación.
Esto por la contratación de una empresa que debía funcionar como gestora de un crédito bancario para el Ayuntamiento de Los Cabos en 2022; sin embargo, no realizó ningún servicio a favor del gobierno municipal y, aun así, se le autorizó el pago de más de 14 millones de pesos.
La exsíndica, Alondra Torras –hoy diputada local por el Partido del Trabajo (PT)– y el exsecretario general, Ariel Castro, también están señalados como responsables en este caso que ya llegó ante el juez; sin embargo, debido a que cuentan con fuero no se ha procedido en contra de ellos.
El caso más reciente en investigación es el de Ignacio Rivas, exdirector de Informática de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por enriquecimiento ilícito por más de 100 millones de pesos; no obstante, esta carpeta está aún en desarrollo.
En este sentido, la Contralora recalcó que más del 80 por ciento de los casos que actualmente radican ante la Fiscalía Anticorrupción, derivan de denuncias, procedimientos y trabajos de investigación iniciados como resultado de los mecanismos de control y fiscalización.
“Cabe hacer mención que de las denuncias presentadas que se están investigando cuatro casos por el delito y fiscalización, tenemos cuatro casos por el delito de enriquecimiento ilícito por posibles sanciones e inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales relacionadas con cuentas bancarias, inversiones, vehículos y otros bienes”, declaró Cristina Buendía.
Las sentencias
Con respecto a las sentencias condenatorias por hechos de corrupción que han logrado en este año, son dos en contra de exfuncionarios de la administración del exgobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Mendoza Davis (2015-2021) y una vinculada al caso del desfalco millonario en el INVI.
La primera sentencia se logró en contra de la exdirectora del INVI, Rosalba Cuadras López, quien fungió en este encargo durante el mandato de Mendoza Davis. Se le acusó por uso ilícito de facultades y atribuciones por haberse autoliquidado con más de un millón 800 mil pesos cuando finalizó la administración estatal.
La Contralora recordó que fue sentenciada a tres años de prisión y quedó inhabilitada por 10 años para ejercer en el servicio público, además deberá reponer la cantidad con la que se “autoliquidó”, para ello embargaron un inmueble.
El segundo caso fue una sentencia de cinco años y seis meses de prisión en contra de Ulises Lomelí Mayoral, titular de la Caja Recaudadora de Rentas en Santa Rosalía, adscrito a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Fue acusado por el delito de peculado por no haber depositado 463 mil pesos en agravio de la institución para la que laboró durante el mandato de Carlos Mendoza. También se impuso la reparación del daño por la misma cantidad.
La tercera sentencia se logró en contra de Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de Javier Ramírez, exjefe de Contabilidad del INVI, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Relacionado con la red de corrupción que cometió un desfalco millonario en contra del INVI durante la administración del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño por 10 millones 212 mil pesos.
Cristina Buendía informó que ya se embargó un inmueble que se entregó a través de notario en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO) para cubrir el monto de la reparación, este edificio quedó bajo el control del INVI que lo usará para recuperar recurso que se destinará en acciones de vivienda para la población vulnerable.
