La diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, y el diputado de Nueva Alianza, Martín Escogido, presentaron una iniciativa ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado, con el objetivo de dar paso una nueva Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que incluye la creación de un consejo estatal especializado.
“La Iniciativa de Ley que presentamos, tiene por objeto generar un marco jurídico que proteja los derechos de todas las personas, mediante dos ejes fundamentales: el reconocimiento de la diferencia para prevenir la discriminación y el diseño de instrumentos de acción afirmativa para promover la igualdad sustantiva”, expusieron en la presentación de su propuesta ante el Pleno.
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Torres y Escogido subrayaron que la intención es generar nuevas denominaciones conceptuales y una armonización del marco jurídico federal en la materia, que permitan maximizar el ámbito de la aplicación, cobertura y contexto de las conductas discriminatorias.
Particularmente pretenden dar herramientas para visibilizar la discriminación interseccional, que ocurre cuando hay dos o más motivos de discriminación, como la raza, género, clase social u orientación sexual.
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Esta iniciativa también prevé la figura de “Grupos de Atención Prioritaria”, que según la exposición de motivos se referirse a personas o colectivos que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencias y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos.
Una de las propuestas que resalta dentro de la iniciativa es la creación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que deberá contar con 14 representantes de instituciones y hasta 10 de organizaciones civiles.
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“Se define su creación como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno del Estado, ampliándose su objeto de estudio y marco de atribuciones, sobre todo aquellas en materia de recopilación de información, evaluación de políticas públicas y elaboración de indicadores de desempeño, con el objetivo de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo y basado en evidencia”, precisaron los diputados.
Entre los indicadores que deberán evaluar está la efectividad de políticas públicas en la materia, transparentar resultados institucionales, diseñar acciones focalizadas e identificar zonas y grupos prioritarios y fortalecer la rendición de cuentas.
Además, contempla la aplicación de medidas administrativas para eliminar la discriminación y se formulan sanciones que van de 20 a mil 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y trabajo comunitario por 30 días de difusión de derechos relacionados en el ámbito de la competencia.
