Parlamento
Cerrando el año en el mar de contradicciones, yerros y atentados del gobierno de la Presidente Sheinbaum contra el bien común, me parece que uno de los desaciertos más graves tiene que ver con la postura de nuestra Presidente frente a la de Donald Trump en materia de migración, narcotráfico y su correlación con el T-MEC.
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La amenaza de deportaciones masivas hacia México incluye, desde luego, a miles de personas de nacionalidad distinta a la nuestra. Con base en la experiencia previa de 2019, las deportaciones anunciadas se volverán a traducir en crisis humanitaria, particularmente en ciudades como Tijuana. En la versión pasada de Trump, se designó a México como “tercer país seguro”, y López Obrador, ni tardo ni perezoso, aceptó el designio sin atender apropiadamente los efectos de las deportaciones y rechazos de ingreso en frontera con EUA: el sufrimiento de nuestros propios connacionales, y el de miles de extranjeros que fueron varados en nuestra franja fronteriza norte.
Las bravuconadas de AMLO al principio de su gobierno, que incluyó su apología de migración hacia el norte otorgando permisos de ingreso a extranjeros por Chiapas a lo loco, en cosa de semanas se revirtió en su asunción como policía migratorio en nuestra frontera sur, mientras que nuestros gobiernos locales, particularmente norteños, tuvieron que apechugar el efecto de ser “tercer país seguro”.
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Hoy, la Presidente mexicana declara que seremos “solidarios”, pero que repatriará a deportados a sus países de origen. Pareciera que, sin aparente margen de maniobra, el otrora Canciller, hoy Secretario de Economía, recomienda que México no sea “tercer país seguro”, sino una simple escala para hacer “forward” a los extranjeros que nos envíe Trump. Es decir la ambigüedad, el juego de palabras, la perniciosa negligencia.
En el tema del envío de extranjeros a México no existen más que dos posturas válidas: o los recibimos a pesar de no tener infraestructura, ni programas, ni recursos; o se le exige al gobierno de Estados Unidos aplicar en lo conducente el principio de que el extranjero deportado a un tercer país, debe dársele la oportunidad de “gestionar” ante ese país su ingreso.
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Si México exigiera ese principio derivado del artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto para Refugiados (que no es otro que el mismo estatuto en el que se basa Trump para tenernos como “tercer país seguro”), la cosa terminaría en que los EUA deberían deportar de manera directa hacia los países de que se trate, según la nacionalidad de origen de las personas. Con ello, México dejaría el ridículo de no aceptar ser tercer país seguro, pero sí una agencia de “extensión de viaje”.
Lo cierto es que entre la repentina reacción de “autoridad” en Sinaloa o el operativo “enjambre” (después de años de brazos cruzados a la voz de “abrazos y no balazos”), y ahora con el mensaje de “échenmelos que acá continuarán su viaje”, pareciera que el gobierno del segundo piso de la choza nacional está enviando mensajes de mero comedimiento, de cara al T-MEC 2.0
Todo tratado internacional suele implicar cambios a regímenes, mejoras y francas estandarizaciones de leyes o programas. Que nadie se asuste. Pero duele que la estrategia de enfrentar con un poco más de fuerza al crimen en México, ocurra por exigencias de las condiciones de negociación con un gobierno extranjero y no por un instinto de apego al Estado de Derecho. No se actúa por otorgar seguridad y sosiego a una sociedad agraviada por las desapariciones, secuestros, extorsiones, el cobro de piso, el tráfico de drogas y su consumo interno en México. Sólo se actúa hipócritamente para generar “buen ambiente”, de cara a una negociación ciertamente vital.
Pero ya entrados en presiones exógenas respecto de temas internos, espero que, si se trata de exigencias, la negociación del T-MEC incluya la de devolver los órganos autónomos desaparecidos, así como un Poder Judicial profesional y verdaderamente independiente. Que nadie se envuelva en los telones de la soberanía. Si por ese tratado vamos a fungir “deportadores in extenso”, ojalá que los acuerdos paralelos impliquen la contra reforma judicial, regulatoria, de la guardia nacional y adláteres recientes.
Juan Marcos Gutiérrez González-Irigoyen es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Correo: juanmarcos@jmgutierrezyasociados
