“La Fiscalía no está haciendo su trabajo, la carpeta no observamos que se mueva para nada”, reprochó el grupo de afectados
Un grupo de afectados de un fraude inmobiliario en el que está acusado el matrimonio, Sadreme Omar Benjamín Oyarzabal Fernández e Isamara López Martínez, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California no avanza en el caso, y pese a que ellos han dado información sobre el paradero de Sadreme no ha sido detenido, con todo y que cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra. (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial Art. 13, CNPP)
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La pareja está acusada de fraude en 19 carpetas de investigación. Siete de ellas ya fueron judicializadas, según datos de la FGE. No obstante, el imputado sigue prófugo.
El grupo de afectados que solicitó a ZETA resguardar su identidad relató que, como parte de uno de los casos judicializados, Omar se presentaba a los juzgados de Tijuana con cierta periodicidad, pero “de última hora ya no se presentó a las citas” y se fue a Zacatecas.
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Estado del que ya tenía conocimiento la FGE que tenía familiares, “incluso su padre cerró el restaurante El camarón loco que tenía” y conforme algunas versiones el propio Sadreme tenía un predio donde pretendía construir un fraccionamiento.
“Nosotros recibimos información anónima del paradero de Omar. Nos dijeron ´yo trabajo en inmobiliaria y a este señor lo veo que llega a tal fraccionamiento en una (camioneta) Land Rover´; entonces acudimos a la Fiscalía, dimos la información, pero duraron como cuatro meses en ir, y cuando fueron los agentes casualmente ya se había ido de ahí”, relataron.
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Los denunciantes consideraron que puede haber algún funcionario de la FGE “coludido” con la pareja acusada de extorsión. A sus ojos están en el ojo del huracán los agentes ministeriales que llevan sus casos: Antonio Martínez Fonseca, Jovanna Alexa Sousa Rivera, Noemí Ornelas Apodaca y Luis Enrique Gutiérrez López.
“La Fiscalía no está haciendo su trabajo, la carpeta no observamos que se mueva para nada”. El trabajo ha sido “lento”, ya que en una reunión que sostuvo el grupo con Lidia Palafox de la FGE se les dijo que no tenían presupuesto y tardaban mucho en aprobarlo.
El grupo de denunciantes señaló que a la FGE también se le proporcionaron datos del vehículo que utilizaba Omar e información diversa, para ver si podían localizarlos considerando la escuela a la que asistían sus hijos, pero “hasta ahorita no saben, no han investigado dónde está”.
Recientemente -indicaron- fue ubicada publicidad de una empresa inmobiliaria con el mismo apellido de Omar (Oyarzabal) en Guadalajara, que podría estar relacionada con él y estar haciendo los mismos fraudes, advirtieron.
En Baja California con denuncia y sin ella “era aproximadamente 21 millones de pesos lo defraudado”, pero han seguido “saliendo” afectados.
ZETA solicitó un posicionamiento al área de Delitos Patrimoniales de la FGE sobre el caso y particularmente, sobre la información de que los agentes no pudieron ir a Zacatecas donde presuntamente estaba el imputado por falta de recursos.
En respuesta, la FGE proporcionó información sobre 19 casos en los que está acusado Omar. Todos por fraude. A finales de marzo, el imputado contaba con seis órdenes de aprehensión en su contra. En cinco casos, recibió el perdón.
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DENUNCIAS DESDE 2018
Las denuncias por fraude contra Omar e Isamara comenzaron a presentarse en 2018. Según los afectados el fraude se cometía mediante operaciones de compra-venta de casas, a través de la Inmobiliaria Roniz S.A. de C.V., que dejó de operar en la Plaza Infiniti Tijuana, en 2024.
Ese año, cuando los afectados hicieron pública la denuncia señalaron que el número celular de Omar ya no funcionaba, ni el portal de la Inmobiliaria Roniz, sin embargo, dos de sus empleados seguían ofertando casas en redes sociales bajo una empresa denominada Kaza Inmobiliaria, sin que ninguno tuviera licencia de agente inmobiliario.
Descrito como alguien que tenía varios años vendiendo casas y con una personalidad persuasiva y tranquila -incluso inalterable ante los gritos de clientes que demandaban su dinero-, Omar ofrecía a la venta viviendas en diferentes puntos de Tijuana, como en los fraccionamientos Buganvillas, Natura, Magisterial Otay, Villa del Campo, Valle del Pedregal y Villa Fontana, bajo la modalidad de cesión de derechos.
Mostraba fotografías de las casas y en algunos casos se quedaba de ver con los posibles compradores para enseñarlas por fuera, en el entendido de que los inmuebles estaban ocupados. Incluso proporcionaba avalúos y documentos relativos a juicios hipotecarios.
Luego -según lo relatado por los denunciantes- Omar acordaba la fecha para que le depositaran y/o transfirieran bancariamente el precio acordado (que iba de los 400 mil hasta 950 mil pesos por vivienda).
Establecía en tres meses aproximadamente la entrega física del inmueble, y luego se suscribían contratos de compraventa con el logotipo y razón social de Inmobiliaria Roniz. Pero a la postre no entregaba el inmueble, ni devolvía el dinero.
