El próximo 25 de junio se prevé que el Tribunal de Arbitraje del Estado le quitará la toma de nota a José Guillermo Aldrete Casarín como dirigente del Sindicato de los Burócratas sección Tijuana; adelantó Alfonso Vargas Silva, abogado de Humberto “Capi” Murillo González.
Explicó que, el martes vence el plazo de tres días hábiles concedidos por la jueza federal Ana Cecilia Morales Ahumada para que el Tribunal Administrativo del Estado emita un acuerdo en el que se respete la medida cautelar otorgada a Murillo González, consistente en no otorgar la toma de nota a la Planilla Verde encabezada por Aldrete Casarín hasta en tanto no se resuelva el juicio laboral 123/2023, presentado por Murillo González al no permitírsele participar en la elección de 2023.
La medida contra la toma de nota es inédita en el Sindicato de los Burócratas y dejaría inoperante la sección de Tijuana, ya que ningún integrante del Consejo Directivo podría tener funciones durante aproximadamente año y medio, que se prevé sea resuelto el juicio laboral 123/2023. El cual apenas está en el desahogo de pruebas, comentó el litigante.
En entrevista con ZETA, Vargas Silva mostró un documento presentado por Gustavo Rodríguez Fernández presidente del Tribunal de Arbitraje (fechado el 17 de junio pasado) en el que solicita a la jueza federal que precise los efectos de su determinación del 6 de junio, ya que “dejar sin efectos” el auto del 13 de marzo de 2023 “implica la inexistencia de la mesa directiva a dicha colectividad seccional”, lo que pudiera deparar prejuicios considerables en la vida colectiva de la persona moral y culminar con mayores violaciones a los derechos fundamentales de sus agremiados.
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Ayer, jueves, el Tribunal de Arbitraje notificó la resolución de la jueza negándole una prórroga para que acate la sentencia. En el documento al que tuvo acceso ZETA se lee que se ordena al Tribunal emitir otro acuerdo en el que subsista la medida cautelar otorgada a Murillo González el 9 de febrero de 2023.
Incluso la jueza refiere la resolución del Tribunal que revisó el amparo para señalar que es jurídica y materialmente viable que se retrotraigan las cosas al estado que tenían el 9 de marzo de 2023 en el juicio laboral burocrático 123/2023, “aun cuando ello conlleve el dejar sin efectos la toma de nota emitida en el acuerdo del 13 de marzo de 2023”.
Más temprano, en declaraciones a este Semanario, Aldrete Casarín dijo desconocer la medida que dejaría sin efectos su toma de nota, y consideró como como un “error de interpretación” los señalamientos de la defensa legal de Murillo González, ya que -dijo- en el recurso que ellos presentaron solicitaron que no le fuera entregada la constancia de la elección, pero “no solicitan que no tomen nota del nacimiento de mi Comité, sino simplemente que no me otorguen el documento”.
El Tribunal de Arbitraje les admitió su recurso señalando que se iba a abstener de entregarme el documento que acredita la conformación del Comité 2023-2026, “más no dice que no lo va a registrar”. Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje se contradice con un segundo acuerdo en el que señala que sí va a admitir el recurso de Murillo pero que sí me va a entregar la constancia y mi registro. Ante este segundo acuerdo Murillo presentó el amparo, explicó Aldrete Casarín.
El dirigente sindical aseguró que a él “no se le ha notificado” de la resolución de la jueza que estableció el incumplimiento de la medida cautelar por parte del Tribunal de Arbitraje. Esto porque, aclaró, el procedimiento no es contra su persona, sino contra el Tribunal de Arbitraje. “Si el juez ya le informó algo al tribunal yo desconozco por no ser parte directa del procedimiento, entonces no estoy enterado de esa parte”, añadió.
CRONOLOGÍA DE LA BATALLA LEGAL
La batalla legal por la dirigencia del Sindicato de los Burócratas en Tijuana inició cuando a Murillo González, que encabezaba la planilla negra, se le negó el registro como candidato para competir en las elecciones del 2 de febrero de 2023, en las que resultó electo Aldrete Casarín con 2 mil 630 votos.
Después de las elecciones, Murillo González presentó una demanda de nulidad de la elección en el Tribunal de Arbitraje, bajo el expediente 123/2023-5. Ese Tribunal le concedió el 9 de febrero de 2023 una medida cautelar que consiste en que el Tribunal de Arbitraje suspenda la toma de nota a la planilla verde de Aldrete Casarín hasta en tanto se resolviera en definitiva ese juicio de nulidad.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2024, el Tribunal de Arbitraje de muto propio revocó la medida cautelar que había concedido a Murillo González, y días después, el 13, otorgó la toma de nota de Aldrete Casarín.
Entonces Murillo presentó un juicio de amparo indirecto 414/2023. En agosto de 2023, un juez auxiliar radicado en Culiacán falló a su favor sentenciando al Tribunal de Arbitraje a volver a otorgar la medida cautelar que ya había otorgado a Murillo González y que suspendía la toma de nota de Aldrete.
Posteriormente, Aldrete Casarín en su calidad de secretario general del Sindicato de los Burócratas seccional y estatal apeló ese fallo bajo el expediente 482/2023 (para que se revisara el amparo) y más recientemente, 11 de abril de 2024, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito confirmaron la sentencia de amparo a favor de Murillo González.
Con ello, el Tribunal de Arbitraje tendrá que emitir una nueva resolución en el juicio de nulidad en la que subsista “incólume” la medida cautelar que había otorgado el 9 de febrero de 2023.
