Académicos, intelectuales, políticos se pronunciaron en respaldo a la presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, señalada por el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, de obtener pagos indebidos de Pemex por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien fuera coordinador de asesores en la empresa estatal.
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A la par de las acusaciones de Romero, quien señaló a Casar de solicitar a la Procuraduría de la Ciudad de México modificar el dictamen del fallecimiento para poder cobrar seguro de vida, apoyo para gastos funerarios, pensión post mórtem, la Oficina de la Presidencia de la República publicó en su portal de internet el expediente del caso “Márquez Padilla”, documentación que incluyó acta de defunción, cheques, recibos de pago y demás acreditaciones.
Por la publicación del expediente, efectuada el 3 de mayo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales abrió una investigación de oficio y sostuvo que Presidencia de la República incumplió la Ley General en la materia, toda vez que la documentación incluyó “datos personales de personas relacionadas por vínculo de parentesco que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas”.
El INAI estableció que conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Presidencia de la República tiene la responsabilidad de “proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstos en la normatividad”.
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El mismo viernes académicos como el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, y el ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, emitieron un pronunciamiento “en solidaridad” con la investigadora.
“Los documentos ilegalmente exhibidos esta tarde por la Presidencia de la República no aclararan en absoluto la supuesta irregularidad en el pago de un seguro de vida hace dos décadas. Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza, con un abuso de poder inusitado, por parte del Presidente de la República”, asentaron.
El 4 de mayo, figuras como a la exsecretaria de Medio Ambiente Julia Carabias, los periodistas Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay, el fiscal general de Campeche Renato Sales y el abogado y ex procurador general de la república Diego Valadés se sumaron a ese posicionamiento, en el que se consignó que “en su afán de tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes”.
Este domingo, 5 de mayo, en un pronunciamiento más, decenas de mujeres, como Carmen López Portillo, Alejandra Latapí, Bárbara Anderson, sostuvieron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “viola la ley al ensañarse contra quienes trabajan para subsanar las deficiencias de su gestión” y se manifestaron en apoyo a María Amparo Casar y a la madre buscadora Ceci Patricia Flores, de quien el primer mandatario afirmó la semana pasada que detrás de sus búsquedas de personas desaparecidas operaba el bloque conservador. El tabasqueño incluso calificó de montaje el hallazgo de restos humanos en la Ciudad de México del que la activista sonorense dio cuenta.
Este domingo, rotativos informaron de un nuevo pronunciamiento en apoyo a María Amparo Casar, al que se habían adherido figuras de la esfera política como Diego Fernández de Cevallos y Cecilia Soto.
“Repudiamos los ataques que ha recibido en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, donde se ha usado una tragedia familiar ocurrida hace veinte años, para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con María Amparo Casar”, manifestaron los firmantes.
En sus señalamientos del viernes 3, vertidos en la conferencia matutina de López Obrador, Octavio Romero Oropeza refirió que los directivos de la empresa estatal, en funciones en la época en que falleció Márquez Padilla (durante el sexenio panista de Vicente Fox), “le dieron tratamiento de accidente (al deceso), omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio”.
Márquez Padilla murió producto de una caída del piso 12 de la Torre A de Pemex.
Romero Oropeza sostuvo que estaba en trámite el intento de “recuperar los montos pagados indebidamente, estimado en 31 millones de pesos”.
Desde el 3 de mayo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad igualmente fijo postura: “deseamos expresar públicamente nuestro respaldo ante el ataque frontal e ilegal del que está siendo víctima nuestra presidenta, la Dra. María Amparo Casar, por parte del gobierno”.
