El miércoles 17 de abril, con la mayoría de Morena y sus partidos aliados, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo, mediante la cual se busca que los efectos sobre temas de inconstitucionalidad no sean generales.
Sumaron 69 votos a favor por parte de legisladores morenistas y del Partido del Trabajo (PT), por 42 sufragios en contra de senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), así como del Grupo Plural.
De esa forma quedó aprobada la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca impedir que jueces concedan suspensiones contra Leyes Generales, incluso si son inconstitucionales o representan un riesgo para los derechos.
Los senadores opositores votaron en contra, pues consideran que se trata de una regresión. El panista Damián Zepeda aseguró que al juzgador “le dio la obligación de siempre interpretar a favor de los ciudadanos, proteger sus derechos, a la autoridad la obliga a siempre actuar a favor de ampliar derechos, por lo tanto, no se le puede quitar un derecho, en este caso procesal, un derecho que tiene, a nadie; por lo tanto, es inconstitucional lo que quieren hacer”.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, impulsor de la iniciativa, afirmó desde la tribuna que la reforma fue presentada para “evitar el abuso de la dictadura de la toga, que genera con una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad”.
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El dictamen pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. La oposición anunció que en caso de que la minuta avance en la cámara baja presentarán acciones de inconstitucionalidad para echar abajo la reforma que impediría a los jueces otorgar suspensiones frenar obras y acciones gubernamentales.
Ayer jueves 18 de abril, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, celebró la aprobación de los senadores, por lo que representa para la Cuarta Transformación.
“Está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados, donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, no proceda la suspensión con efectos generales. Conocemos varios casos, está el caso de la Ley Eléctrica, el de los libros de texto, pero también de las obras, si no, no habría Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura”, expresaría la funcionaria.
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