El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tijuana, Óscar Saúl Cortés Ortiz, que concedió la libertad a dos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, pese a que les aseguraron armas, cartuchos, más de un millón de pesos y 27 mil dólares en efectivo, cuenta con todo un récord de libertades a imputados sin que siquiera se iniciara el proceso penal correspondiente.
El Ministerio Público de la Federación le lleva bien sus cuentas al juzgador, pues de 21 asuntos en los que les ha puesto a personas detenidas a su disposición para que se realice la audiencia de control de detención, en 20 de los casos las capturas fueron calificadas como ilegales, con la correspondiente inmediata libertad de los imputados. Sólo en una de las carpetas administrativas se decretó la detención ilegal, pero al vencer el constitucional, el impartidor de justicia dictó auto de no vinculación.
Ese es parte del historial de Cortés Ortiz en su reciente adscripción -en diciembre de 2023- al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Tijuana, quien saltó a la fama en esta frontera luego de que el 19 de febrero de 2024, durante una audiencia de preparación, sorprendió a las partes del proceso al plantear que cuatro imputados por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, detenidos en marzo de 2023, fuesen excarcelados y enviados a un hotel.
Aunque el sorprendido defensor no se opuso a la resolución del juez (sólo sugirió que fuese un hospedaje en una casa de la plataforma Airbnb) el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, que no daban crédito al acuerdo, se opusieron, siendo apercibidos a la imposición de sanciones en caso de no cumplir con lo ordenado. Finalmente, lo mandado por el juzgador no se materializó y los procesados, de nombres Jaqueline Irasema L., Oswaldo L., Edgar Gelasio L. y Gael L., fueron enviados a los reclusorios correspondientes.
Ese hecho le valió al juzgador el mote de “Juez Gran Turismo”, pues al parecer no es la primera vez que envía a personas imputadas a dormir a departamentos de alquiler con mayores comodidades que las de una celda de un centro carcelario. Sin embargo, en la parte jurisdiccional resulta curiosa la cantidad de libertades otorgadas por calificación de detenciones ilegales, en la mayoría de las ocasiones por presunta demora al momento de que la autoridad ministerial pone a su disposición a los detenidos, y en otras, porque supuestamente no cuadran los tiempos y es inverosímil que se los lleven rápido, dadas las dificultades de distancias y tráfico vehicular en Tijuana.
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En el caso de la liberación de los funcionarios de migración, Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez, detenidos con dinero, armas y droga, el cateo al domicilio donde se encontraron los objetos materia del delito fue mal implementado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) el jueves 29 de febrero de 2024. La diligencia fue ejecutada a las seis de la mañana, culminando terminó a las 12 del mediodía, pero el acta fue terminada a las seis de la tarde. El sábado 2 de marzo, el juez Cortés Ortiz determinó que hubo “demora en la presentación de pruebas” y liberó a los imputados. Resolución que por cierto ya fue apelada y se encuentra en el Tribunal Colegiado de Apelación para que la magistrada Matilde del Carmen González Barbosa la resuelva.
Óscar Saúl Cortés es egresado de la carrera de derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Una vez titulado, obtuvo su cedula profesional federal (2728742) en el año 1998. El jurisconsulto resultó vencedor en el Concurso interno de oposición para la designación de jueces de Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, con sede en Monterrey, Nuevo León, por convocatoria de fecha 6 de marzo de 2015.
Sin embargo, a Cortés Ortiz no le respetó el orden de la lista e interpuso una serie de impugnaciones en la vía judicial hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, a través del recurso de revisión administrativa 162/2015, el Pleno resolvió en ejecutoria dictada el 24 de septiembre de 2018 que se le designara como juez de distrito y se le diera adscripción, lo que ocurrió hasta mayo de 2019, cuando el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) acató el fallo, y a partir del 1 de agosto de 2019 se le colocó como titular administrador del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Durante su estancia en el Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, el juzgador se caracterizó por plantear excusas e impedimentos para conocer de diversos asuntos, donde alguna de las partes interponía queja en su contra o por haber participado en alguna etapa previa como Juez de Control, cuando fungía como Juez de Enjuiciamiento. Su participación más relevante fue conocida durante el proceso a 25 extranjeros implicados como tripulación de un buque noruego que transportaba 225 kilos de cocaína procedente de cocaína. Absolvió al capitán de nacionalidad polaca, tras un año ocho meses de juicio.
Cortés en Tijuana
En su adscripción como Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tijuana, la relación de Óscar Saúl Cortés Ortiz con la FGR se ha tornado difícil, pues los fallos han resultado abrumadoramente adversos a los intereses de la representación social. Por ejemplo, en la causa penal 225/2024, en la que personal de la Fuerza Especial de Seguridad Ciudadana (FESC) puso a su disposición a un detenido con una pistola calibre .45, el juez decretó detención ilegal porque la autoridad ministerial tardó cuatro horas en llevarle al implicado.
En la causa 227/2024, el juzgador calificó como ilegal la captura de un sujeto que portaba un arma nueve milímetros a manos de la Policía Municipal de Rosarito, al estimar que el Informe Policial Homologado (IPH) era inverosímil e ilógico. Después, en la causa penal 228/2024, el argumento para decretar detención ilegal de un aprehendido con una escopeta calibre 12 por policías de Tijuana, fue que tardaron muy poco, dos horas, en realizar la puesta a disposición.
En otra captura de policías tijuanenses de un sujeto con un revólver .38 especial, la demora fue de cinco horas; detenidos por la FESC con armas nueve milímetros y .223, tardaron cinco horas en ser enviados ante el juez; otro tipo que portaba un arma .38 especial y 17.8 gramos de droga fue puesto a disposición tres horas 20 minutos después del arresto; un detenido más por uniformados con una escuadra nueve milímetros tuvo una demora de tres horas 21 minutos. En cambio, un portador de una escopeta calibre 12, fue puesto a disposición una hora 37 minutos tras la captura, lo que el juez calificó como un lapso muy corto, no razonable, para que se lo hayan llevado. Todas, detenciones ilegales. En este último caso, el juez concedió una orden de aprehensión, y el imputado fue recapturado cuando salía del penal.
Los demás casos han sido similares. Detenidos por municipales sujetos con dos armas nueve milímetros u 26.8 gramos de metanfetamina, el juez Cortés Ortiz decretó la libertad de los imputados porque en el IPH no se narra “momento a momento” las actividades de los aprehensores policías y tampoco se estableció la medida de las armas para conocer si cabían en una cangurera en la que presuntamente eran transportadas. Otro portador de una pistola nueve milímetros quedó libre por una demora de dos horas 30 minutos; otros con dos armas calibre 45 tardaron en ser puestos a disposición en más de cinco horas.
En otro asunto, tras la captura de un sujeto con una pistola calibre .25, no se asentó la hora en que fue anotado en el Registro Nacional de Detenidos (RND). El colmo se presenta en la detención de un sujeto con dos armas calibre .40, en que el juzgador cuestiona por qué los policías se bajaron de la patrulla pudiendo darle alcance en la unidad. Destaca el caso del cateo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en la que el juez realiza interpretaciones de los horarios usados por la autoridad ministerial y establece que hubo demora en la entrega del acta de cateo.
Un detenido con una pistola 380 tardó cuatro horas 50 minutos en ser puesto a disposición; luego, otro apresado en Playas de Rosarito, con una nueve milímetros, tuvo un tiempo de una hora 10 minutos (demasiado rápido para la distancia de la captura); un sujeto en poder de un arma de fuego con antecedentes penales y sentencia por homicidio y robo, fue liberado por una demora de más de dos horas; elementos de la Guardia Nacional (GN) tardaron cuatro horas 40 minutos en llevar ante el juez a un poseedor de metanfetamina; otro detenido por la FESC con un arma y en posesión de hidrocarburos fue puesto a disposición siete horas más tarde; otro con arma calibre 5.56 tuvo dos horas 17 minutos de retraso; y finalmente, otro tipo con arma fue demorado tres horas 50 minutos. Todos libres por detención ilegal.
El periodista y escritor J. Jesús Lemus Barajas, autor del libro El Cártel Judicial (publicado en enero de 2024 por editorial Grijalbo), destaca que “si tuviéramos que cualificar la fiabilidad del Estado mexicano en función de sus sentencias emitidas y apegadas a lo que los jueces llaman el principio de legalidad y certeza, respetando el Estado de derecho, tendríamos que comenzar por reconocer, sin apasionamientos de ningún tipo, que el principal problema de la impartición de justicia es la subjetividad con la que los juzgadores entienden la ley para su aplicación”.
Lemus estima que esa subjetividad con la que la mayoría de los jueces, magistrados y ministros emite sentencias sólo en función de sus propios intereses, filias y convicciones, también es corrupción, “lo que termina alejándolos de la quimérica e idílica ‘aplicación de la justicia sin distingos’”. El autor agrega que los presuntos yerros judiciales no son fortuitos, sino que el Poder Judicial en México opera “al más puro estilo de las organizaciones criminales, como si se tratara de un cártel”.
“Pareciera que el Poder Judicial ha sido secuestrado y ello lo ha convertido en una cofradía de letrados, hombres y mujeres, que se olvidaron de la más alta encomienda, la de impartir justicia, sólo para entregarse a la defensa de intereses particulares; a veces propios, a veces ajenos, siempre alejados de lo constitucional”, señala el periodista de investigación.
