Homicidios y quema de negocios continúan por enfrentamiento de operadores del Cártel de Sinaloa (CDS), quienes pelean por el control de la principal cadena productiva de pescados y mariscos en Baja California, en el puerto de Ensenada.
Después de una serie de ataques entre febrero y marzo, “hubo cambio de mando criminal y establecieron cuotas (cobro de piso) de 20 mil a 60 mil pesos mensuales para los vendedores de mariscos y pescados en la Zona Centro de Ensenada”, expusieron agentes que realizan investigaciones de inteligencia en el puerto.
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Los anteriores criminales, explicaron, cobraban un porcentaje por el producto recolectado, transportado o vendido, mientras los actuales han establecido criminales cuotas de cobro de piso; además, exigen a sus víctimas cautivas, les entreguen listas de amigos, socios o conocidos relacionados con el negocio, para también extorsionarlos.
El informante de ZETA explicó:
“No está claro por qué, pero hicieron lo que los delincuentes llaman una limpia: les pegaron a los extorsionadores identificados y aumentaron las cuotas de cobro a las víctimas, pero la evidencia es que los extorsionadores siguen siendo del Cártel de Sinaloa, al servicio de Alfonso y René Arzate”.
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La noche del 20 de febrero lanzaron una bomba molotov para incendiar la pescadería conocida como La Casita del Camarón, ubicada sobre Avenida Pedro Loyola esquina con Calle Guaymas del fraccionamiento Acapulco en Ensenada. El daño fue mínimo porque los dueños parecían estar preparados, protegieron la fachada con cortinas corredizas y hojas de aluminio.
Desde este lugar, que empezó a funcionar en septiembre de 2022, el CDS extorsionó y controló la venta mariscos y pescados durante 2023 y el inicio de 2024. Era el lugar obligado (bajo amenaza) para comprar y distribuir mercancía. “Los delincuentes siguen operando, pero fuera de ese establecimiento”.
Previo al incendio, la operatividad criminal de la pescadería era conocida por autoridades de los tres órdenes de gobierno; el negocio no estaba el Registro Público de la Propiedad, no tenía permisos de operación comercial, ni municipales ni estatales, desde octubre del año pasado, pero las autoridades permitieron que siguiera operando sin sanción, clausura o llamamiento oficial alguno.
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El gobierno municipal de Ensenada, a cargo de Armando Ayala Robles, afirmó que es un establecimiento que carece de todo tipo de permisos y autorizaciones. Desde uso de suelo, Medio Ambiente, Protección Civil y licencias de construcción. Concluyó que es necesario llevar a cabo una inspección e incluso hablaron de la urgencia de emitir una notificación para clausurar el negocio; sin embargo, esta acción nunca la llevaron a cabo y hasta el momento el presidente municipal no ha informado los motivos por los cuales las dependencias a su cargo han sido omisas a esta instrucción.
Más allá de esa pescadería, investigaciones de inteligencia revelaron que los criminales tienen inmuebles de seguridad y zona de confort en el Mercado Negro del puerto. Del seguimiento a las decenas de números celulares usados por los criminales para extorsionar a sus víctimas, entre los que destacan los siguientes: 646-272-3920; 646-238-6167; y 646-269-4254, detectaron que más de mil llamadas se hicieron desde diversos restaurantes, puestos y puntos de esa área, “incluso de la plaza comercial a un costado” y otras cinco ubicaciones claves e distintas colonias y fraccionamientos de Ensenada fueron detectadas.
Como operadores criminales de rango medio, los primeros rastreos de inteligencia oficial identificaron a sujetos como Arturo Alejandro Hernández Medina alias El Tury, y otros dos solamente identificados como El Primo y El Parra.
Sobre quienes ubican como los principales operadores del CDS en Ensenada, un investigador reveló dos nombres: Adrián Casas el Mercenario y Leopoldo Lizárraga Ochoa el Pantera. Además, como su principal asociado criminal, al responsable de las compraventas de La Casita del Camarón, Bárbaro Javier Martínez.
Informaron de “reclutados obligados” -amenazados- a quienes les “permiten” vender pescado y marisco, con sobreprecios establecidos por los criminales. El agente investigador reveló que en estas condiciones están los propietarios de las pescaderías Faylo´s, Ericks y La Sanguaza, los distribuidores Miguel Ortiz y Sarmiento y la pescadería Joelito, que también fue atacada con una bomba molotov en febrero.
La impunidad de los criminales ha llegado al punto que ellos organizan reuniones con los productores, quienes llegan y son sitiados por hombres armados mientras reciben amenazas e instrucciones. Afectados dieron cuenta, de manera anónima, de una de esas asambleas criminales que se realizó en Maneadero. Sin embargo, esta denuncia no se ha integrado a una carpeta formal de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE).
De manera impune, el CDS se ha apoderado de la economía local en Ensenada, por lo que los traficantes de droga siguen amenazando y extorsionan a productores, comerciantes, pescadores, transportistas y restauranteros ligados con el consumo de mariscos y pescados del puerto. Esta situación, develaron las víctimas, ha sucedido “durante casi tres años”.
Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), informó que básicamente la irregular situación lleva cinco años, prácticamente lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
DESDE VILLA JESÚS MARÍA EN SAN QUINTÍN, HASTA PUERTO NUEVO EN ROSARITO
Cuando Alfredo abrió su negocio en el corazón de la Zona Centro de Ensenada, era considerado uno de los más prestigiosos establecimientos que surtía productos marinos a restaurantes, comercios y público en general. Años después su capacidad de proveeduría bajó porque está en medio de amenazas por parte del crimen organizado.
Es la primera vez que los industriales, restaurantes y comercios del giro de pescados y mariscos en BC están secuestrados por un grupo criminal que monopoliza la venta de pescados y mariscos desde el extremo sur en Villa Jesús María, municipio de San Quintín, hasta el norte en el famoso Puerto Nuevo, en Playas de Rosarito.
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A partir de 2022 fue un secreto a voces la versión de que los afectados estaban obligados a comprar todos, el pescado y el marisco en un solo establecimiento ubicado en la calle Pedro Loyola, mientras que los más pequeños pescadores ribereños -artesanos- también pagan una cuota por la cantidad de producto que extraen de las cosas de BC.
El año pasado, la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad identificó a dos hombres como encargados de la operatividad: Arturo Alejandro Hernández Medina el Tury, con antecedentes por venta de droga al menudeo; y Bárbaro Javier Martínez, sin antecedentes delictivos y cobrador en La Casa del Camarón, pescadería a la que todos debían comprarle.
El lugar está rodeado de yonkes y algunos restaurantes de mariscos donde aseguran desconocer quiénes operan ese negocio. Los pescadores ribereños, comerciantes de pescado y restaurantes han manifestado que han tenido que reportar sus compras. Se trata de un establecimiento informal que no tiene registro ante el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).
La venta diaria sólo de camarones está calculada en 30 toneladas; de ese total hay un intermediario aún no identificado por la unidad investigadora apodado El Porras, que cobra 5 pesos por cada kilogramo.
Lo que hicieron los criminales fue enviar personas a los negocios establecidos a consumir y preguntar por los proveedores para recabar información que después utilizaron para amenazarlos de muerte y obligarlos a comprar con sobreprecio en un comercio por ellos establecido.
“El modus operandi que se mantiene con las pescaderías reclutadas, aunque el establecimiento de La Casa del Camarón esté cerrado, es que los pescadores, transportistas y pescaderías, le deben vender sus productos a los criminales, los únicos autorizados para vender a restauranteros, dueños de carretas o comederos de sushi con un sobreprecio del 5 al 15 por ciento. Si un cliente les solicita un producto que no tienen, les permiten adquirirlo por otro lado siempre y cuando le paguen una comisión.
De las comisiones, Minerva Pérez Castro, titular de la Canainpesca en BC, informó en sus denuncias públicas que de acuerdo a las versiones anónimas que ha recibido, “el crimen organizado cobra un dólar por kilo de almeja, 10 pesos por kilo de merluza y de 3 mil a 5 mil dólares por un camión de almeja generosa del Pacífico”, pero también hay cuotas diferentes para el camarón, langosta, atún y el pulpo. Las pagan desde los pangueros y lancheros que sacan el producto del mar, hasta los camiones pequeños y grandes que las transportan. La cadena criminal abarca desde los pequeños productores hasta los restauranteros que venden el producto terminado.
Una serie de denuncias anónimas recibidas por ZETA revelan la manera en que los vendedores y restauranteros son contactados. “Amablemente” los “invitan” a que sólo le compren producto a un distribuidor. “En caso de que sean sorprendidos comprando a otros, los amenazan”, revelaron.
La operación que dirige el crimen organizado inicia en el extremo sur y en los últimos meses ha llegado a los restaurantes del Valle de Guadalupe que se caracterizan por tener distintivos como el Miele One to Watch Award, premio FoodieHub, entre otros reconocimientos internacionales.
En el proceso de adueñarse de la cadena productiva en el puerto, criminales trasladan el producto especial como abulón desde el Paralelo 28 en Villa Jesús María, para lo que se topan con por lo menos tres retenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y custodia en carreteras de la Guardia Nacional, sin embargo, no son revisados ni molestados, manteniéndose en total impunidad.
CADENA PRODUCTIVA, BAJO AMENAZA DEL NARCO
Los industriales que se dedican a procesar productos marinos para distintas actividades económicas, están trabajando con el mínimo, pues al oponerse a comprar a los cárteles, han llegado a quedarse sin materia prima, teniendo que subsidiar los sueldos, energía eléctrica, así como pagos bancarios.
En BC, algunos negocios del ramo ya tuvieron que cerrar, porque desde un principio “se pusieron felones” con los extorsionadores, quienes tomaron medidas drásticas donde nadie les puede proveer de productos marinos.
Por otro lado, los restauranteros están en riesgo, porque hay quienes no alcanzan a pagar las cuotas que les solicitan, “son muy altas y eso se ve reflejado en el menú”.
Arropados por la autoridad, en 2023, un grupo de empresarios en Ensenada interpuso una denuncia, pero en respuesta, una vez que salieron del edificio de la FGE, recibieron llamadas a sus celulares para amenazarlos de muerte. Terminaron por desistir de la denuncia.
Los primeros dos meses de 2024, diversos sectores empresariales han denunciado públicamente las extorsiones y el cobro de piso, incluso se reunieron con la fiscal María Elena Andrade, pero de nada sirvió; la titular de la FGE continuó manifestando que necesita denuncias formales de las personas amenazadas de muerte, lo cual no hacen ante el conocimiento de la infiltración del crimen en la fiscalía.
Para el sector productivo, los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, no están realizando el trabajo de vigilancia y tienen registros donde los elementos navales piden “amablemente” a los delincuentes retirarse de la zona cuando se encuentran extorsionando a los pescadores ribereños.
“Es un asunto que inició en Ensenada en verano de 2022 y ha ido escalando de tal manera que se han registrado dos homicidios derivados de este hecho”, compartieron afectados por este crimen. Advirtieron que hoy, una parte de la economía bajacaliforniana, enfrenta una guerra criminal por el marisco y el pescado.
“Mañana qué pasará si los dejamos continuar: el vino. El gobierno no entiende que si no actúan, nos van a quitar la joya de la corona que es la gastronomía”, recriminaron.
Uno de los acontecimientos más graves, es que hay presidentes de cooperativas de mariscos que se encuentran exiliados en otros países debido a las advertencias de muerte recibidas.
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En una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), se habló de promover la denuncia como la principal herramienta para que la autoridad pueda actuar, el alcalde Armando Ayala se los solicitó “para que -la Policía- pueda concurrir en el lugar y las víctimas puedan describir a las personas y poder intervenir, y en su momento detener en flagrancia o en posesión del delito recién cometido”.
SINALOA, DENTRO DEL NEGOCIO
“Hay cobro de piso para los del Mercado Negro y pescaderías, sólo se le puede comprar marisco al Tury. Ese Tury es el encargado de ajustar a los marisqueros en toda la Baja California”, relató un investigador, para rematar que estas personas se dicen representantes del Cártel de Sinaloa.
Los pescadores ribereños también han sido perjudicados por el crimen organizado. Uno de ellos, quien por motivos de seguridad reservó su identidad, declaró que los tienen vigilados y deben llevar su pesca del día a este grupo delictivo. Refieren a un hombre de apodo El Porras, ya identificado por la FGE y la Secretaría de Seguridad.
La línea de mandos está trazada por los hermanos Alfonso y René Zarate García, alias El Aquiles y La Rana, respectivamente. Ambos, buscados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a Rafael Guadalupe Félix Núñez, a quienes -en agosto de 2023- calificaron como “tres miembros notoriamente violentos del Cártel de Sinaloa, involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas”.
COBRO DE PISO Y HOMICIDIOS, TRAS LA VENTA DE MARISCOS
Con las extorsiones y cobro de piso establecidas, y las primeras denuncias anónimas de las víctimas a partir de 2023, la jornada mortal relacionada con esta actividad criminal empezó en julio, con dos agresiones armadas en el puerto contra comerciantes de productos marinos.
Uno fue el homicidio de un vendedor de un negocio semifijo, así como el asalto y privación ilegal de la libertad de la familia propietaria del restaurante Mariscos Bahía de Ensenada.
El vendedor de pescados y mariscos, identificado como Martín Mauro Rodríguez Ramos el Sinaloa, de 58 años de edad, fue ultimado a balazos el lunes 10 de julio. Sujetos llegaron a la calle Calzada Cortez y Rayón, a dos cuadras de Avenida México, área comercial considerada de alto volumen. A las 13:20 horas un hombre descargó el arma contra Rodríguez. El asesino, quien vestía playera negra, escapó del sitio.
La madrugada del 31 de julio, la familia Mancillas fue sorprendida dentro de su domicilio en la calle Arrecife del fraccionamiento Playa Ensenada, cuando un comando armado ingresó a la residencia del propietario del restaurante Mariscos Bahía de Ensenada, ubicado en la zona turística.
Criminales amarraron a seis miembros de la familia del empresario, entre ellos dos menores de edad; posteriormente, se dirigieron al negocio de la víctima y robaron 400 mil pesos, 210 mil dólares y vehículos de motor.
La FGE localizó a los fugitivos en un domicilio en Tijuana; el 21 de agosto les fueron cumplimentados los mandamientos judiciales. Los detenidos fueron Felipe Israel N, Adriana N, Israel N y Mario Iván N, por los delitos de robo calificado a casa habitación, robo de vehículo de motor, robo a comercio ejecutado con violencia, robo con violencia cuando se cometa por dos o más personas y lesiones calificadas.
Después de estos hechos, en agosto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, informó en Ensenada sobre un problema de delincuencia dentro del Mercado Negro, que es el mercado público para la venta de pescados y mariscos, ubicado en la calle de La Marina junto al malecón. Lamentó que el delito de cobro de piso afecte al sector empresarial del puerto, sobre todo a los dedicados al sector pesquero.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a la Secretaría de Marina (Semar), respondieron a un llamado de los empresarios del giro de los mariscos en el Mercado Negro, y Aguilar Durán aseguró que los recorridos efectuados han inhibido esa actividad.
Una vez más, llamó a los comerciantes y productores del ramo a denunciar: “Que participen y nos apoyen -las víctimas- para que de manera conjunta podamos atacar ese delito que está afectando demasiado al puerto de Ensenada”.
El 7 de febrero de 2024, a media noche, tres sujetos desde un carro lanzaron bombas molotov contra La Pescadería, en Calle Octava y Gastélum de la Zona Centro, propiedad de Jaime Daniel Gutiérrez García el Cachis. Aunque en este caso, el local, además de vender mariscos, está identificado por la Mesa de Seguridad como un activo del Cártel Arellano Félix.
Los casquillos del ataque coincidieron con el homicidio de un abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, de nombre Gabriel Agustín Fuentes Huesca, donde el abogado y ex comandante de la Policía Federal, Miguel Ángel Cortés Muro, objetivo del ataque, sobrevivió.
Días antes, en las inmediaciones de la caseta en Lomas de San Miguel, hombres lanzaron bombas molotov y dispararon contra instalaciones en el rancho de Gutiérrez García.
Investigaciones de inteligencia indican que el asesinato del elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE, Adonaí Inarunel Peña Solórzano la mañana del 29 de febrero, también está relacionado con la pugna por el control del sector pesquero.
Al igual que el homicidio de David Soto, acribillado en vía pública la tarde del martes 13 de febrero en el fraccionamiento Nueva Ensenada, en el cual su escolta resultó lesionado. En la casa de la víctima encontraron dos armas de fuego, una bolsa con droga tipo cristal y otra con fentanilo, además de insignias de la FGR.
CÉLULA DIVERSIFICA ACTIVIDAD CRIMINAL
Autoridades federales tienen identificada a la misma banda criminal, dirigida por El Tury, como los principales traficantes de personas en Baja California. El centro de operación de embarque y desembarque se encuentra en una zona conocida como Los Arbolitos, y otros sitios clandestinos cercanos al Ejido Coronel Esteban Cantú, perteneciente a la delegación de Maneadero.
Los indocumentados, nacionales o centroamericanos, hacen recorridos desde la costa del sur del país hasta ese punto para llegar a BC y embarcarse hacia Estados Unidos.
El 22 de septiembre de 2023, la FGR identificó una operación de este grupo delictivo cuando localizaron a 17 personas a bordo de un navío a la deriva en las costas de Ensenada.
La versión oficial de la Segunda Región Naval, informó la Semar, fue que habían rescatado a las personas en una embarcación a 25 millas náuticas al noroeste del puerto, es decir, a 46.3 kilómetros de distancia, luego de que fallara el sistema de propulsión.
La acción se dio luego de recibir la alerta por parte del C4 de Ensenada, por lo que las autoridades activaron en forma inmediata el Plan Regional de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima, en el que enviaron una embarcación tipo MLB, especial para estos casos.
“Una vez que el personal naval localizó la embarcación, se procedió a realizar el rescate de los 17 tripulantes trasladándose a puerto seguro”, estableció un comunicado.
Al arribar a las instalaciones del mando naval, las y los tripulantes fueron recibidos por trabajadores de sanidad naval; en su caso, el Instituto Nacional de Migración llevó a cabo el procedimiento para determinar la nacionalidad de las 17 personas, quienes resultaron ser mexicanas y se retiraron por sus propios medios.
La Semar detalló que en la tripulación abarcaban tres mujeres, 13 hombres y un menor de edad; este último fue entregado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para ser presentado ante la autoridad competente.
Por último, ante el peligro de dicha embarcación a la deriva, la Capitanía Regional del Puerto de Ensenada se encargó de realizar el boletín de precaución a la navegación.
