Por acopio de armas y cargadores de uso exclusivo del Ejército Mexicano y la Marina, agravado por pandillerismo, fueron vinculados a proceso durante los próximos tres meses los seis mayores de edad detenidos tras la balacera en Rincón Toscano, de la colonia Cumbres de Juárez registrada a las 4:20 de la madrugada del pasado lunes 26 de febrero de 2024 en la ciudad de Tijuana.
La continuación de la audiencia inicial duró dos horas y el primer punto que se desahogó fueron dos testimonios relacionados con Uriel, uno de los implicados por las investigaciones de la FGR. Un testimonio puso en duda el domicilio del indiciado, lo que fue señalado por el fiscal para solicitar la detención preventiva; el otro testigo ratificó que Uriel tendría un compromiso a las 4 de la madrugada debido a que a esa hora fue la que se despidió, supuestamente para comprar autopartes que usualmente vendía.
Lo que se sabe es que de acuerdo a la Mesa de Seguridad de Baja California, el ataque armado se gestó contra Javier Quintanilla Castillo, apodado El Rayo, integrante del Cártel de Sinaloa, en un tiroteo que duró diez minutos en donde se dispararon más de 200 tiros. Los detenidos fueron sorprendidos con al menos ocho armas, cuatro largas y cuatro cortas y diversos cartuchos útiles; independientemente de los seis mil cartuchos asegurados dentro de la vivienda atacada en Rincón Toscano.
Para relacionar a los detenidos, se les hizo una prueba de laboratorio que la defensa alegó y trató de desestimar los resultados de rodizonato de sodio, en el que resultaron positivos los seis indiciados: Uriel, su primo Jorge Luis, Jesús, Dionisio, Fernando y Ángel. Los abogados Juan Manuel Pérez Reyes y Ulises Pérez Silva (Se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial Art. 13 CNPP). Los abogados defensores trataron de desacreditar y minimizar las pruebas, refiriéndose que las muestras se obtuvieron sin orden de ningún juez, luego apelaron a que los resultados de los análisis clínicos no son contundentes sobre la responsabilidad de haber detonado algún arma de fuego. El juez federal Fausto Rolando González Urzaiz escuchó, pero desestimó los alegatos y afirmó que la toma de muestras está dentro de la normatividad.
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La defensa fue reiterativa que Uriel no contaba con antecedentes penales, por lo que pidió un trato diferenciado al resto de los indiciados. Uriel hizo uso de su derecho a expresarse y pidió atención especial para su primo Jorge Luis, oriundo de California, que no habla ni comprende bien el lenguaje español, por lo que justificaría que sus testimonios tengan inconsistencias con la versión que han declarado el resto de los implicados.
Además, la defensa pidió que cada caso sea proceso independiente, cuestionando la agravante de pandillerismo, ya que el Ministerio Público Federal no presentó las pruebas suficientes que relacionen o vinculen a los indiciados. Situación que también fue rechazada por el juez González Urzaiz, señalando que la forma en la que fueron detenidos, de acuerdo al parte policíaco homologado, indicaría que, aunque no sostengan relación, los une participar en el mismo hecho delictivo.
El juez agendó la próxima audiencia para el próximo miércoles 5 de junio de 2024 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) deberá acreditar las pruebas suficientes durante el proceso para que se logre emitir un fallo sobre los delitos que actualmente se les imputan por acopio y portación de armas, agravado por pandillerismo,
