El Presidente López Obrador presumió en Mexicali la atención de los tres órdenes de gobierno para combatir la inseguridad… pero ignoró la realidad de la trata de personas
Las desalentadoras cifras que vino a dar el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la incidencia delictiva distaban mucho de su ánimo, pues mientras presumía los resultados y aseguraba que la incidencia delictiva iba en decremento, la realidad es que Baja California se ubica en el primer lugar en robo de vehículos (principalmente por Tijuana), segundo en delitos de alto impacto y homicidios, además de mantener una tendencia al alza en torno al tema de secuestros.
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Pero entre toda la incidencia que coloca a este Estado como uno de los más violentos del país, y fácilmente se puede colocar a Tijuana en una de las más violentas del mundo, el tema que poco importó al primer mandatario y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, es la trata de personas, donde las víctimas tienden a ser mujeres y niñas en su mayoría.
Este delito, directamente relacionado con otros y uno de los más denigrantes para la sociedad, parece ser un hecho invisibilizado por las autoridades, pese a ser uno de los más sensibles para atender en torno a la Alerta de Género en la que se encuentra BC desde 2021.
Resulta interesante ver el comportamiento del delito de trata de personas, toda vez que antes de 2020, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la federal, sólo documentaban menos de 20 casos al año, pero de forma sorpresiva, durante el periodo de pandemia, el comportamiento incrementó de manera sustancial hasta los 54 casos; en 2021 subió un poco más con 58, llegando a 2022 con 70 denuncias relacionadas con trata de personas.
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En 2023, la Fiscalía General del Estado realizó cambios en la Fiscalía Especializada en el tema de trata, al sustituir a Adriana Lizárraga por Hortencia Noriega como uno de los movimientos importantes realizados por María Elena Andrade Ramírez, actual titular de la FGE.
En ese año, la incidencia del delito de trata bajó hasta los 57 casos y en el primer mes del año se documentaron dos casos, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la tendencia sigue al alza en ese delito.
Identificando este problema, ni FGE o FGR han brindado información importante relacionada con la investigación y sanción en casos de trata de personas, pero tampoco en la atención de menores y mujeres víctimas para la recuperación de sus vidas.
La única política pública, sí es que se le puede llamar así, ha sido el signar un convenio de intención para el combate a la trata con el actor Eduardo Verástegui, quien realmente es neófito en la temática y el único impulso que tuvo fue la promoción de una película, lo que demuestra el prosaico interés del Poder Ejecutivo para combatir una problemática que sigue modernizando sus formas y practica el gatopardismo para continuar en la normalidad de las postales de Tijuana y Mexicali.
El Presidente López Obrador y la gobernadora Marina del Pilar presumen resultados marginales en materia de homicidios, consolando a los bajacalifornianos al referir que mataron a 20 o 30 personas menos que el año anterior, cuando los crímenes se cuentan por miles.
La trata está en todos lados, desde las escuelas hasta en el traslado de mujeres y niñas de otras entidades del país hacia esta frontera, mimetizándose con diversos tipos de trabajos en los que se dibuja un libre albedrío, pero no analiza los contextos.
Ni la Secretaría de Salud ni las áreas de investigación ni preventivas, atienden el tema de trata de personas de una manera integral, salvo cuando se trata de discursos.
