La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 128 millones 347 miles de pesos a la Cuenta Pública 2022 de Baja California. Así, los dos primeros años del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda acumulan 480.9 millones de pesos.
El 90 por ciento de esa cantidad está pendiente de aclarar por parte de dependencias estatales, organismos autónomos y ayuntamientos señalados de cometer irregularidades en el ejercicio de recursos federales destinados a atender necesidades en salud, educación e infraestructura.
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El monto observado al Estado durante los dos primeros años de la administración de Ávila Olmeda es inferior al gobierno de antecesor Jaime Bonilla Valdez (mil 504 millones de pesos, mdp), pero mayor al observado en los dos primeros años de gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid (436.6 mdp).
El 20 de febrero de 2023, la ASF dio a conocer la tercera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2022, en la que destacan las observaciones hechas al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California (Isesalud) por un monto total de 31 millones 338.6 miles de pesos, relativas a la ejecución de tres programas federales en materia de salud.
En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) resalta que Isesalud recibió en su almacén general de Mexicali 140 piezas del medicamento Clorhidrato de Nilotinib (usado para tratar leucemia) sin cumplir el periodo de caducidad de 18 meses descrito en el contrato ISESALUD-ADQ-MATCUR-LAB-1040-2022.
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Las fechas en que caducaron los fármacos oscilaban entre marzo y diciembre de 2023; la institución no presentó evidencia de que aceptara que la caducidad fuera menor a la definida en el contrato.
La ASF señaló que un envase, con 120 cápsulas de 200 miligramos, fue dado de baja por caducar sin que se realizara el canje del bien, y sólo 29 piezas del medicamento fueron entregadas al beneficiario final de Isesalud.
La dependencia encabezada por Adrián Medina Amarillas entregó el resto (110 piezas) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contraviniendo así el propósito del FASSA: prestar servicios de salud a población sin seguridad social.
Debido a que Issstecali no proporcionó documentación comprobatoria que acredite el destino final del medicamento, se presumió un daño al erario por 6 millones 583 mil 949 pesos.
Como ha ocurrido en auditorías anteriores, la ASF observó una diferencia monetaria de 26.3 millones de pesos entre los insumos médicos entregados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y recibidos por Isesalud en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social.
La ASF también señaló un posible daño por 23 millones 249 mil 320 pesos por el pago de ocho prestaciones “no autorizadas” para financiarse con ese programa federal y por el pago a 219 trabajadores eventuales sin contar con la autorización correspondiente y/o con licencia sin goce de sueldo.
Al Isesalud también se le observó el pago de 458 mil 603 pesos a un trabajador con categoría de psicólogo clínico sin cumplir con los requisitos académicos del perfil, así como el pago de 257 mil 815 pesos a 60 trabajadores eventuales por nóminas devengadas de septiembre a noviembre, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, sin contar con la autorización correspondiente ni remitir los contratos o instrumentos jurídicos formalizados.
En el contrato ISESALUD-SERVICIO-LIMPIEZA-2017/2022, para el servicio de limpieza de las unidades del Isesalud -suscrito con AG Operaciones y Servicios Constructivos de BC, S de RL de CV por 65 millones 694 mil 712 pesos-, no se acreditaron “los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”, según la ASF.
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PAGOS INDEBIDOS EN EDUCACIÓN
En la revisión del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el máximo organismo fiscalizador presumió un daño al erario por 32 millones 320.8 miles de pesos, debido a diversas irregularidades cometidas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), como el pago a trabajadores con licencia sin goce de sueldo después de la fecha de baja, y a trabajadores no identificados en sus centros de trabajo.
Con motivo de la intervención de la ASF se lograron recuperar 2.4 millones, pero quedaron pendientes de aclarar 29.8 millones relativos a pagos efectuados a 304 trabajadores que no correspondieron al nivel de educación básica.
Respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se observó un monto de 4 millones 514 mil 779 pesos, de los cuales un millón 993.8 miles de pesos fue relativo a 733 pagos a 40 trabajadores que murieron durante 2022. El ISEP acreditó la procedencia de 506 pagos a cuatro trabajadores, pero del resto (277 pagos a 36 trabajadores por 792 mil 265 pesos) se sabe que fue solventado con el reintegro del recurso.
TIJUANA DA CONTRATO DE COMBUSTIBLE POR 108 MDP
En 2022, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana otorgó por adjudicación directa el contrato ADQ-2022-AD-009-01 a un proveedor para el suministro de combustible por 108 millones 423 mil pesos, cuyo pago se dio con las participaciones federales a entidades federativas y municipios.
En un principio la administración de Montserrat Caballero Ramírez no proporcionó la documentación comprobatoria del gasto. A la postre, solventó parcialmente la irregularidad, ya que siguen sin presentarse las cotizaciones y el acta constitutiva de la empresa adjudicada.
En ese rubro, la ASF observó 6.3 millones al Ayuntamiento de Playas de Rosarito por pagos excedentes a una persona física que rehabilitó el domo de la casa municipal, y a una persona moral (Servicios y Obras Civiles Estrella, SA de CV) que colocó señalética en la colonia Magisterial. No obstante, en el transcurso de la auditoría la observación fue solventada.
Según la auditoría 456, el gobierno de Araceli Brown gastó parte de las participaciones federales en los festejos patrios de septiembre de 2022. Dos contratos por un monto total de 659 mil pesos para servicios de artistas. Con uno de esos documentos, por 91 mil pesos, fueron contratadas las agrupaciones Los Primos del Norte, Socios de Rosarito, Grupo Descendencia, Grupo Reacción y Los del Avión.
Para la fabricación del templete se erogaron recursos federales por 517.4 mil pesos, renta de sistema de audio (423 mil pesos), así como para arrendar equipos de audio y proyección (328 mil pesos). En todos los casos no se presentó Constancia de Situación Fiscal de los proveedores, ni documentación sobre suficiencia presupuestal. Observaciones que fueron solventadas durante la auditoría, señaló la ASF.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ensenada proporcionó registros contables de servicios personales por 624 millones 775.5 miles de pesos, sin que en ellos se identifique el importe pagado con las participaciones federales, “debido a que no son específicos, ni se presentaron de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento”.
En la revisión de las participaciones al gobierno estatal destaca que el ISEP, ITAIPBC y DIF “no proporcionaron los registros contables y presupuestales específicos”.
IRREGULARIDADES EN COMPROBANTES FISCALES
Luego de analizar el gasto hecho por los ayuntamientos de Ensenada, Rosarito y Tijuana del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la ASF observó al Gobierno de Ensenada 44 comprobantes fiscales por 12 millones 738 mil 747 pesos, debido al incumplimiento de requisitos fiscales en materia de deducciones. Aunque la administración de Armando Ayala Robles logró acreditar 19 comprobantes, quedaron pendientes por solventar 25 comprobantes por 7.4 millones.
Al gobierno de Playas de Rosarito se le observaron 15 comprobantes por 9.8 millones, que finalmente fueron solventados.
En el caso del Ayuntamiento de Tijuana no se utilizó la cuenta bancaria de los recursos del FISMDF de forma específica, ya que “recibió un depósito en efectivo” no identificado con algún proyecto ejecutado. Irregularidad por la que, acorde con la ASF, se dio vista a Sindicatura.
MUESTRA AUDITADA, MENOR A LA DE 2021
En la Cuenta Pública 2022, la ASF auditó poco más de 58 mil millones de pesos a BC, monto que representó 88.6% del total de recursos federales asignados a la entidad. La representatividad de la muestra es inferior al 93.9% reportada en la Cuenta Pública 2021 y al 93.1% de la Cuenta Pública de 2018.
El académico Martín Vera Martínez, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), consideró que las observaciones del máximo organismo fiscalizador sorprenden al reportar un “desempeño satisfactorio” ante el nivel de recursos federales que llegan al Estado, el desempeño de los gobiernos estatal y municipales donde más del 70% son adjudicaciones directas, y la falta de operación del sistema anticorrupción.
Los resultados podrían deberse a una selección de la muestra auditable “poco agresiva” o “bastante conservadora” para no incidir en un cuestionamiento social, ni incomodar a algunos gobiernos.
Los resultados “tan light” se pretenden justificar con un mayor trabajo técnico, ya que la ASF ha señalado que ha incrementado el número de auditorías practicadas; sin embargo, a raíz del golpeteo que han sufrido organismos autónomos y particularmente algunas controversias entre la ASF y el Gobierno Federal, el organismo dirigido por David Colmenares Páramo ha ido saliendo de la escena del país.
Por otro lado, el coordinador de la Licenciatura en Administración de la UABC dijo que los gobiernos auditados aún están en etapa de solventación. Puntualizó que en el caso de los medicamentos entregados al ISSSTE, se debe revisar el convenio entre Estado y Federación.
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