Al resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2022, por omitir la consulta previa a su aprobación y publicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Derechos de la Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.
La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, interpuso la acción de inconstitucionalidad con el argumento de que la XVI Legislatura del Congreso del Estado no llevó a cabo la consulta que se debe realizar conforme a los marcos constitucionales.
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En su ponencia, el ministro Jorge Mario Prado Rebolledo, se basó en el artículo segundo de la Constitución, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Concluyó que no existen elementos que permitan validar el ejercicio participativo de consulta, según los estándares, declaró la invalidez del decreto 2620 con el que se expidió y publicó la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 17 de agosto de 2022.
Con esta determinación, la SCJN ordenó al Poder Legislativo realizar una consulta apegada a la Constitución y a los convenios internacionales en un plazo de 12 meses.
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Por su parte, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), Alejandro Palacios Espinosa, detalló que esta decisión de la Máxima Corte no afecta al proceso de registro de candidatos y candidatas en la entidad.
Precisó que el acuerdo para registro que emitió el Consejo General del IEEBCS se basó en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus lineamientos.
Por ello, sigue en pie que los partidos deberán postular obligatoriamente una fórmula de personas que se autoadscriban como indígenas en el distrito 14 (Mulegé) y otra fórmula en el distrito 6 (La Paz) o el 11 (Los Cabos), así como una fórmula de personas afromexicanas en el distrito 8 (Los Cabos).
