Autoridades de la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur confirmaron que han iniciado un proceso judicial ante las instancias correspondientes contra exfuncionarios por daño patrimonial cometido en contra del Poder Legislativo.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción recibió la querella, esto ante investigaciones que emprendió previamente el Congreso del Estado por un desfalco que rebasa los 20 millones de pesos en la legislatura pasada.
El fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, precisó que son dos exservidores públicos los que son investigados por peculado.
Debido al sigilo del proceso, el funcionario no reveló los nombres de los dos implicados; sólo mencionó que se trata del exdirector de Finanzas y el expresidente de la comisión encargada del gasto público.
Anteriormente el diputado del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, detalló que a través de auditorías externas detectaron irregularidades en el manejo de las finanzas del Congreso del Estado en la legislatura pasada.
Esta investigación se reforzó con revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que en septiembre de 2023 advirtió que las irregularidades llegarían ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).
La denuncia fue interpuesta por la contralora y el oficial mayor de la XVI Legislatura, Karla Mendoza Higuera y Adrián Chávez Ruiz, acompañados de la diputada presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Blanca Belia Márquez (PAN).
También respaldaron con su presencia el inicio de investigaciones ante instancias judiciales, el diputado presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, Luis Armando Díaz (PT); la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Gabriela Cisneros Ruiz (sin partido); y el diputado coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, José María Avilés Castro.
Cabe mencionar que en la legislatura anterior se presentó un conflicto en el que las bancadas de izquierda y derecha se enfrentaron por el control del Congreso, duplicando cargos como la presidencia de la Mesa Directiva, la Dirección de Finanzas, entre otros.
Esta situación desembocó en una controversia constitucional interpuesta por el entonces gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, la Máxima Corte no resolvió de fondo este asunto, ya que, una vez que Víctor Castro Cosío tomó protesta como gobernador del Estado en septiembre de 2021, desistió y detuvo este recurso.
Nadie ha visto las auditorías: oposición
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Noé de la Rosa Escalante, señaló que no hay transparencia con respecto a este ejercicio de revisión de las cuentas públicas de la legislatura anterior.
El líder expuso que, aunque esta auditoría se realizó hace más de un año, hasta la fecha no han tenido acceso al documento.
Precisó que, a pesar de que han solicitado los resultados de este ejercicio en reiteradas ocasiones a través de la diputada del PRD, María Luisa Ojeda González, nunca se les ha entregado por parte de las autoridades de la XVI Legislatura.
“Nuestra diputada se ha cansado de pedirla, y es hora que no tiene un documento formal completo con todos los detalles, para que lo puedan analizar con su equipo de asesores y emitir una opinión”, reiteró.
En este escenario, enfatizó que la vigilancia es clave para evitar que haya un uso político de estas denuncias, principalmente porque se interponen en pleno proceso electoral, previo al inicio de campañas.
“La sociedad pide transparencia. No pide corrupción. Pide que realmente los políticos, en este caso los diputados, puedan ser congruentes con lo que está pasando, no usar artimañas para el proceso electoral y hacerlo de esta manera”, agregó.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, se unió a este llamado en una breve declaración, haciendo hincapié en la importancia de vigilar este proceso judicial.