El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Lenin Ortiz Amao, informó que esperan la resolución de la apelación que interpusieron en contra de la decisión de un juez de control, para vincular a proceso a los seis exfuncionarios de Mulegé involucrados en el caso de la venta ilegal de terrenos en 2018.
Como ZETA lo informó en su momento, en diciembre de 2025 la Fiscalía Anticorrupción recibió la no vinculación a proceso en contra de los siguientes exservidores públicos del Ayuntamiento de Mulegé en 2018: la alcaldesa, Cecilia López; síndico municipal, Gibran Francisco Lucero Álvarez; secretario general, Luis Alberto Hernández González; tesorera, Iliana Enriqueta Montaño Méndez y el director de Catastro, Olegario Lizardi Araiza.
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Estos exfuncionarios son acusados de vender de forma ilegal 80 predios que eran propiedad del Ayuntamiento de Mulegé, de los cuales 44 terminaron en manos de ellos y de sus familiares.
Este hecho se registró en 2018, unas semanas antes de que entregaran la administración municipal al entonces alcalde electo, Felipe Prado Bautista. No obstante, el juez de control argumentó que no se justificó la calidad de “servidor público” de los acusados debido a que algunos se encontraban con licencia para las campañas electorales de ese año.
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Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una apelación en la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur (TSJEBCS), la cual se resolverá en las próximas semanas, según informó Lenin Ortiz.
El Fiscal insistió en que no había ninguna justificación para la venta de estos terrenos, ya que es un proceso que debe pasar ante Cabildo y que debe argumentarse una alta necesidad para el gobierno municipal para aprobar el procedimiento.
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Además, los predios fueron vendidos entre los 18 mil y los 24 mil pesos, sin una evaluación inmobiliaria y a un precio que estaba muy por debajo de los valores que el mercado establecía en ese año.
“En su momento la sala podría determinar confirmar la no vinculación a proceso, asumir jurisdicción y dictar la vinculación a proceso o en su caso reponer la audiencia por alguna circunstancia, serían los tres escenarios”, detalló el funcionario sobre las situaciones posibles con la resolución que esperan.
Cabe recordar que las y los exservidores públicos fueron integrantes de la administración de 2015 a 2018 que encabezó la alcaldesa, Cecilia López, con las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
La expresidenta municipal y sus exfuncionarios han permanecido fuera del ojo público desde 2020, sin embargo, Cecilia López reconoció el hecho, pero argumentó que se trató de una compra totalmente legal.
“Referente a la venta de terrenos, decirles que efectivamente en lo personal yo y parte de mi familia hicimos la compra de cuatro terrenos en Guerrero Negro de 20×40 m2 cada uno. Una compra legal de la cual se hizo el pago correspondiente de cada terrero, mismos que no cuentan con servicios de agua, drenaje, ni banquetas ni pavimento”, fueron sus últimas declaraciones sobre el tema.
