Cada vez es más evidente la presencia de grupos criminales en los municipios de Baja California Sur, particularmente en Comondú, la cuna del cobro de piso a pescadores y comerciantes, controlado por células del Cártel de Sinaloa que quedaron evidenciados desde la captura de Juan Manuel Franco Silva el “Alacrán”, detenido el 5 de diciembre del 2022 en Ciudad Constitución.
Las tierras comundeñas están en medio de una batalla campal entre grupos de la delincuencia y las fuerzas de seguridad, quien hasta el momento no han podido detener el control que ejercen en la comunidad, desde mantener cerrados los comercios de venta de alcohol, como máximo las 10 de la noche, y sólo ciertos giros les permiten operar fuera de horario, pero todo decidido por ciertas personas.
Pero, de acuerdo al equipo de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hay renovación de los cabecillas y operadores en la región, y la información ya fue transmitida a efectivos de la Secretaría de Marina.
“Desde la captura de su hermano, el ‘Tiburón’ no puede poner un pie en Baja California Sur, está siendo buscado y ya plenamente identificado por miembros de la Mesa; se ha lanzado una ficha de búsqueda del criminal por miembros de inteligencia federal. La propia Marina tiene la encomienda de desarticular a este grupo criminal, que ha quedado tras la baja de los hermanos Franco Silva”, indicó el miembro de la Mesa de Seguridad Pública en el estado.
A las 2:29 p.m. de este martes 16 de enero, elementos de la Policía Municipal, en compañía de efectivos de la Marina, solicitaron la intervención de diversas autoridades en el cruce de Francisco I. Madero y Agustín Olachea; allí las unidades de respuesta inmediata de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, y elementos de la Municipal Preventiva, tenían aseguradas a dos personas y una camioneta volcada.
“Al llegar vimos una camioneta marca Mazda línea CX-5 con placas metálicas de circulación de California, con número alfanumérico 5MXH626, el cual se encontraba volcado de manera lateral sobre el lado del copiloto”, confirmaron fuerzas de reacción inmediata de la Policía Estatal.
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Según los informes policiales, los oficiales y elementos militares, tuvieron a la vista a la camioneta sospechosa de transportar a personal armado, por lo que le hicieron la parada; pero no atendieron las indicaciones y se dieron a la fuga. Dijeron los elementos que le solicitaron detener su marcha, pero ignoró las instrucciones policiales, emprendiendo veloz huida, en la cual perdieron el control y se volcaron.
Tras quedar inmóviles, los agentes de los tres órdenes de gobierno procedieron a la detención de los ocupantes de la camioneta, resultando detenidos Luis Antonio Guzmán Lizárraga, de 19 años, de ocupación jornalero y originario de Tecuala, Nayarit; y Eleuterio Navidad Ríos, de 36 años y originario de Guasave, Sinaloa, con domicilio en Ciudad Constitución.
Los detenidos fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de la comunidad para su valoración médica; mientras que en el interior del vehículo se localizaron dos radios de comunicación con frecuencia de la marca Motorola, un arma de fuego tipo pistola de marca Glock calibre 9mm, y un cargador de serie CBCR-179 abastecido con 15 cartuchos útiles.
“Se trata de activos que llegaron desde Sinaloa para sustituir tanto al ‘Alacrán’ como al ‘Tiburón’; esta gente es la que fue llamada para apoyar a los nuevos encargados y continuar con el control. La camioneta ya era conocida por los agentes de seguridad, había múltiples denuncias de la presencia de gente armada, hasta ahora que se tuvo de conocimiento a las autoridades”, añadió el representante de la Mesa de Seguridad.
Comondú se encuentra en una crisis de inseguridad, pues el crimen organizado se ha infiltrado hasta las corporaciones de seguridad, de tal suerte que se ha instruido cambiar la estrategia de seguridad para abatir los índices de criminalidad.
“Se analiza la estadística y se van tomando decisiones de manera coordinada con todas las fuerzas del orden que convergen en nuestro municipio, y con base en esas estadísticas se diseñan estrategias que han sido favorables; no al 100 por ciento, por supuesto. Sí es una incidencia que molesta y que daña el patrimonio de las familias”, reconoció Iliana Talamantes Higuera, alcaldesa de Comondú.
“Cuando un gobernante está más preocupado por una campaña política, es imposible que pueda tratar los temas torales de la seguridad; y no hablo nomás de los visibles, como el robo a negocio o el robo a casa habitación, hablo de los que nos está consumiendo, el cáncer del narco, cobros de piso y venta de droga que está destruyendo a nuestra juventud; cuando tu gobierno está dedicado única y exclusivamente a posicionar a sus corcholatas, estamos perdidos los empresarios y ciudadanos. Así nos pasa en Baja California Sur”, concluyó uno de los representantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
CATEAN BAR DENUNCIADO POR VENTA DE DROGA
No es nada extraño para los habitantes de La Paz la presencia de drogas en bares de la zona dorada, incluso algunos jóvenes ya habían denunciado esta clase de movimientos extraños en la vida nocturna, especialmente en los locales ubicados sobre la calle Carlos Manuel Ezquerro.
En este punto entre la 16 de septiembre y Ezquerro ya se han registrado incluso ejecuciones al estilo del crimen organizado, también han denunciado la presencia de personas armadas y distribuyendo narcóticos; justo después de constantes señalamientos se ejecutó este cateo, encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Ya eran demasiadas denuncias de ciudadanos que aseguraban la presencia de venta de droga en los bares ubicados a lo largo de la avenida Ezquerro en la zona dorada de La Paz, jóvenes que incluso dijeron haber sido amenazados con pistola, y que no había sido detectado mediante el operativo ‘bitácora’, porque éste únicamente se especializa en entrevistas con los comerciantes y no con el público que asiste. Ahora ya se detectó y se va a tranquilizar un tiempo, pero no hay duda que van a regresar”, lamentó uno de los agentes de la Policías Municipal dedicado a la vigilancia de la zona del Centro de La Paz.
La noche del viernes 12 de enero, oficiales de la PGJE efectuaron un cateo a uno de los bares ubicados en 16 de septiembre y Ezquerro “como resultado de investigaciones que señalaban su utilización para conductas ilícitas”, explicó la autoridad. Ante la creciente queja por narcomenudeo y el aumento de carpetas de investigación, es que se pretende atender cada incidente que justifique la presencia judicial.
Una vez que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Comercio de Narcóticos, solicitó al Juez una orden de cateo al establecimiento, acreditando debidamente las denuncias interpuestas por la presencia de drogas, éste liberó la orden para que se hiciera efectiva por los elementos.
“Durante la diligencia, se encontraron 17 envoltorios de plástico que contenían 8 gramos de clorhidrato de metanfetamina, equivalente a 200 dosis. El lugar fue asegurado y la sustancia fue trasladada a los laboratorios de Servicios Periciales para su análisis”, aseguró la Procuraduría Estatal.
Hay por lo menos cuatro establecimientos en esa avenida que se han emitido quejas y denuncias por la presencia de narcomenudeo, y es constante la presencia de riñas y personas armadas; sin embargo, también es una denuncia latente en los bares ubicados sobre el paseo Álvaro Obregón en pleno malecón de La Paz.
De acuerdo a los informes brindados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el “operativo bitácora” tuvo como resultado la detección de 39 casos de extorsión en su modalidad de amenazas en la zona de bares; además de que 362 locatarios de cinco mil 333 visitados dijo sentirse inseguro.
AUMENTÓ 36% EL NARCOMENUDEO EN BCS
Cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que el narcomenudeo subió 36.4 por ciento del 2022 al 2023, con el reciente cierre oficial de información, revelaron que en 2022 se registraron 519 denuncias por narco; mientras que en este 2023 se abrieron 708 carpetas de investigación por venta de droga al menudeo.
En el caso de Comondú, la reducción de casos de narcomenudeo fue del 20 por ciento, pasando de 19 denuncias en 2022 a 15 en el 2023. Mulegé en 2022 tuvo 56 carpetas de investigación, para el año pasado fueron 44, lo que representa una reducción del 21.5 por ciento. La Paz pasó de 186 a 206 denuncias, subiendo 10.7 por ciento. Los Cabos en 2022 concentró 243 carpetas y en 2023 429, siendo un incremento de 76.5 por ciento. Y finalmente Loreto, pasó de 15 en 2022 a 14 en 2023.
“Debemos hacer una lucha de raíz, en la que el Gobierno no sólo aplique programas estériles, estrategias que simplemente van por números de atención y no de resultados; a ellos sólo les interesa dar a conocer que ‘tantas personas recibieron algún tipo de trato’. No hay una estrategia que pueda verdaderamente revelar una cifra de personas atendidas exitosamente, no hay seguimiento; piensan que con una plática se resuelve este gran cáncer que invadió a sudcalifornia”, lanzó el representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Los emblemas del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío “Tu Bienestar Nos Une” y “Párale a la violencia”, no han tenido los resultados esperados: la violencia familiar sigue creciendo y los ciudadanos cada vez están más conscientes de la presencia de grupos criminales, que se disputan el cobro de piso y la venta de droga al menudeo.
Según el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alfredo Cancino Vicente, el “operativo bitácora” fue instalado en la zona centro de La Paz y Los Cabos una vez que fue detectado el delito de cobro de piso a los comerciantes; pero no sólo vigila el cobro de piso, también va contra conductas delictivas como el narcomenudeo, detener a personas sospechosas y el aseguramiento de vehículos.
Apenas hace unos días, reconoció que hace falta mayor presencia de cuerpos de seguridad para inhibir el delito, es por eso que se graduaron 40 elementos de seguridad, que se suman a las fuerzas operativas de la Policía Estatal Preventiva, Agentes Penitenciarios y Agentes de la Policía Municipal de La Paz; con ello se pretende reforzar la estrategia marcada por la Mesa de Seguridad.
