Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Ángel Trinidad Zaldívar, Jorge Alejandro Saavedra López y Georgina Diédhiou Bello, seis de los 11 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificaron al Senado de la República, el 23 de octubre de 2023, de su renuncia “unánime” a dicho cargo honorario.
El Consejo Consultivo de la CNDH tiene entre sus principales facultades, establecer los lineamientos generales de actuación de dicha Comisión, la aprobación del Reglamento Interno y demás normatividades, así como de sus modificaciones o adiciones.
Además, cuenta con facultades para emitir opiniones sobre el proyecto del informe anual que el presidente de la CNDH presenta a los Poderes de la Unión, para solicitarle a éste información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o se hayan resuelto y para opinar sobre el ejercicio presupuestal, entre otros.
Dicho Consejo debe de estar conformado por 10 personas consejeras y el presidente de la CNDH, que en la actualidad, y desde el 16 de noviembre de 2019, es María del Rosario Piedra Ibarra. Sus integrantes son electos por el Senado de la República o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“Después de un ejercicio de diálogo y análisis, hemos decidido, unánimemente, renunciar al actual y honroso encargo que nos ha conferido el Senado de la República”, indicaron los seis ex integrantes del Consejo Consultivo del órgano constitucional autónomo, en un comunicado.
Los ahora ex consejeros recordaron que, a pesar de que la “Ley dice textualmente que ‘la Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo, a lo largo de estos dos años nuestra labor dentro del Consejo, como organismo asesor de la Comisión, ha sido desdeñada de forma reiterada por su presidenta, aduciendo que la ley no la obliga a aceptar ninguno de nuestros consejos, aún y cuando algunos de éstos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos”.
“Asimismo, y de forma sistemática, ha obstaculizado nuestro trabajo llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunas personas integrantes del Consejo, no sólo en los espacios de este órgano ciudadano, sino utilizando para ello los recursos, personales y los medios de la CNDH, incluyendo sus redes sociales”, insistieron los ex consejeros, nombrados por el Senado, el 7 de diciembre de 2021.
Los ex integrantes del Consejo Consultivo del órgano constitucional autónomo alegaron que, desde el comienzo de su encargo, habían tratado de aplicar lo que dice la ley en la materia. “Sin embargo, no hemos podido mediar, ni razonar con la presidenta de la CNDH, prácticamente en ninguna de las actuaciones que ha llevado a cabo”, dijeron.
“Hemos diferido con la presidenta desde simples interpretaciones a procedimientos internos, tales como el significado del quórum, la mayoría de votos, el conflicto de intereses en la contratación de personal, hasta negarnos facultades para hacer una simple modificación al orden del día de las sesiones del propio Consejo”, agregaron los ex consejeros.
“Casos extremos añadieron han sido la no emisión de recomendaciones generales, que pareciera haber sido para no incorporar nuestras observaciones, así como la publicación de posicionamientos públicos sobre los derechos humanos donde la presidenta decide manifestarse exactamente en sentido contrario a lo unánimemente aconsejado, o incluso, desatender resoluciones adoptadas por la mayoría del Consejo, en asuntos de su competencia exclusiva”, enfatizaron los ex consejeros, quienes también recordaron que no recibieron salario, ni remuneración económica alguna.
“Pagamos nuestra propia transportación local, nacional o internacional, para asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo. Lo hemos hecho por el honor, la responsabilidad y el compromiso personal de servir a la causa de los derechos humanos de las víctimas en México. Hemos tratado de ser un cuerpo colegiado que sirva de apoyo y otorgue ‘consejos’ para el mejor desempeño de la propia CNDH, pues así lo mandata la ley al establecer que ‘la Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo’”, recordaron los ex consejeros.
“Sin embargo, un órgano que debiera ser autónomo -la CNDH- pareciera estar atendiendo a intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos, razón por la cual es que, ante los múltiples obstáculos que nos han hecho prácticamente imposible cumplir con la noble función que nos fue encomendada, y considerando que nuestra presencia parece solamente legitimar algunas arbitrariedades, interpretaciones sesgadas y decisiones unilaterales de la presidenta de la CNDH, decidimos de manera unánime renunciar”, insistieron los ex consejeros.
ROSARIO PIEDRA ENTREGA A DIPUTADOS INICIATIVA PARA CONVERTIR LA CNDH EN “DEFENSORÍA DEL PUEBLO”
María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el 12 de noviembre de 2019, entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para convertir al órgano constitucional autónomo a su cargo, en la Defensoría del Pueblo, para supuestamente fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ombudsperson pidió, el 25 de enero de 2023, a los legisladores, revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa, para, según ella, activar los mecanismos de exigibilidad a través de la facultad del Senado de la República para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación.
“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados, y mañana lo hare al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, indicó Piedra Ibarra, en su exposición de motivos.
Además, la presidenta de la CNDH afirmó que, durante su gestión, se han logrado cifras históricas respecto a la emisión de recomendaciones contra el actuar de órganos e instituciones del Estado mexicano.
“Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, dirigidas a 115 autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como 2 recomendaciones generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la Historia de este organismo”, dijo.
Según datos de la ombudsperson, las autoridades federales con mayor número de recomendaciones fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
