La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró como “falta grave” al Estado de Derecho que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) modifique de forma “unilateral” las tarifas aeroportuarias a empresas privadas que tienen la concesión de 41 terminales aéreas en México.
La decisión de la AFAC se tomó sin medir la afectación futura a millones de pasajeros y las consecuencias económicas para miles de inversionistas, acusó el organismo empresarial en referencia a la caída que sufrieron las acciones bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) la semana pasada, cuando las empresas fueron notificadas de la modificación a las tarifas.
En opinión de la Coparmex, la decisión de la AFAC refleja un manejo administrativo “irresponsable” que produciría un deterioro en la calidad de los servicios a los pasajeros y desincentiva las nuevas inversiones en el sector aeroportuario.
El 10 de octubre, la AFAC informó que tuvo una reunión con representantes de los grupos aeroportuarios (ASUR, GAP y OMA) para analizar los términos de las nuevas Bases de Regulación Tarifaria (BRT), pero no precisó si se logró un acuerdo para reducir la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), costo que llega a impactar el precio de boleto de avión hasta en 60%.
La TUA es cobrada por los aeropuertos a los pasajeros por el uso de sus instalaciones y es utilizada para el mantenimiento y operación de los aeródromos. Según un análisis de Intercam, en México los aeropuertos cobran una TUA de 30 dólares en promedio.
No obstante, la TUA cobrada en varios aeropuertos mexicanos, como el de Guadalajara y Puerto Vallarta, es de las más elevadas en Latinoamérica, afirmó en marzo pasado la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA). Especialistas consideraron que bajar las tarifas aeroportuarias como determinó la AFAC (organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) no garantiza que la reducción se refleje en el bolsillo del consumidor e iría en detrimento de la inversión que hacen los concesionarios en las terminales aéreas.
