La oposición del Congreso del Estado evidenció que las fracciones de Morena y Partido del Trabajo (PT) intentaron aplicar una “chicanada legislativa” para evitar la reelección del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur (TSJEBCS), Rodrigo Serrano Castro, violando el proceso que marcan los estatutos del Poder Legislativo de la entidad.
Para tomar una decisión mediante votación, la Comisión de Asuntos Políticos -presidida por la diputada de Fuerza por México (FXM), Marbella González Díaz- presentó un dictamen en el que no se aprobaba la reelección de Serrano para el periodo 2023-2029.
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“No se aprueba la reelección como Magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, al ciudadano Doctor Rodrigo Serrano Castro. Derivado de lo dispuesto en el anterior artículo, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 93 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el Magistrado Doctor Rodrigo Serrano Castro cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado”, se leyó en el dictamen que se presentó en sesión pública ordinaria.
Las fracciones de PT y Morena buscaban impedir otro periodo para el magistrado, sin embargo, para lograrlo necesitaban 12 votos (es decir, la mayoría calificada).
Pese al bloque que conforma la mayoría, la votación arrojó 11 votos a favor del dictamen, 7 en contra y 2 abstenciones.
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Al no alcanzar la mayoría calificada, Rodrigo Serrano fue favorecido, y prácticamente debía quedar electo como magistrado para otro periodo de seis años en ese momento; sin embargo, la diputada presidenta, Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena), regresó el dictamen a la Comisión de Asuntos Políticos y ordenó una sesión extraordinaria para votar una vez más el mismo asunto.
La oposición, conformada por Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), se pronunciaron al instante y denunciaron públicamente que esto constituía una violación a los procesos legislativos.
“Cuando acaba la votación pasan al siguiente punto del Orden Día; cuando debía ser reelecto en ese mismo momento, ya que no pasó el dictamen con el que buscaban negarle la reelección”, explicaron asesores del Congreso del Estado.
“Al no obtener la votación que quería, sometieron el dictamen a consideración del Pleno una vez más”, añadieron.
Diputados de la oposición acusaron que la acción podía convertirse en un antecedente grave para el Poder Legislativo de Baja California Sur, ya que el trabajo del Congreso puede verse condicionado por “berrinches políticos” de la mayoría.
A pesar del intento de frenar la reelección de Rodrigo Serrano, la votación de la sesión extraordinaria dio el mismo resultado: 11 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Con ello, el Congreso aprobó otro periodo de seis años para que sirva a la sociedad sudcaliforniana como magistrado del TSJEBCS.
El diputado del PAN, Armando Martínez Vega, mostró su preocupación por las acciones y el poder que ejercen las fracciones de PT y Morena en la XVI Legislatura; expresó que teme que comiencen a tomar “las cosas a la ligera o con manejo político”.
“Me preocupa que con esto la credibilidad de nosotros se pudiera ir perdiendo”, compartió el legislador.
Señaló su preocupación ante la posibilidad de que se genere un antecedente, en el que si la mayoría no logra una votación a modo, se convocará a sesiones extraordinarias hasta que obtengan la aprobación de los dictámenes.
Asimismo, recordó que se pudo haber generado un hueco legal para que Serrano presentara un amparo por violaciones a sus derechos ante la negligencia cometida en el proceso de reelección.
Por su parte, las fracciones de Morena y PT justificaron la decisión de no reelegir al magistrado ya que, como lo expusieron en el dictamen, advierten que Serrano Castro no cumple con los requisitos cuando fue electo.
“Recibió la sala con 163 asuntos pendientes; y como lo hemos referido y con la información proporcionada, encontramos un alto porcentaje de rezago. Situación que afecta a la ciudadanía sudcaliforniana en su derecho de una justicia pronta y expedita”, argumentaron en el dictamen.
“El citado magistrado no posee a la fecha algunos de los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, tales como que su trabajo cotidiano no lo desempeñó de manera pronta y completa, como expresión de diligencia y de excelencia profesional”, acusaron.
