Una joven migrante michoacana que llegó hace un mes a Tijuana, de quien se reservarán sus datos personales por cuestiones de seguridad, narró a ZETA su secuestro, ejecutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 30 de abril de 2023, así como haber sido testigo del reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes.
“Fui llevada el 30 de abril y me rescataron un 4 de mayo; pagaron mi rescate -de 500 mil pesos-, me sacaron en la madrugada. Me compraron un boleto de avión para llegar aquí; llegué sin nada, lo que tengo -una mochila y dos cambios de ropa- lo conseguí aquí. No los pude denunciar por el simple hecho de que están involucrados con las autoridades”, relató la víctima.
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A decir de la migrante, fue gracias a un joven que pudo salir del lugar donde la tenían secuestrada, justo un día antes de ser asesinada. Según ella, el muchacho que la ayudó aseguró trabajar para el CJNG en contra de su voluntad, pues fue reclutado forzadamente junto a otros seis jóvenes varones de su comunidad.
“Él me ayudó a salir porque sufría golpes todos los días; no comía, no me daban agua, todos los días sufría abuso sexual. Él era parte de la organización [CJNG]. Me sacó en la madrugada, yo supe que cuando regresó lo mataron. Donde yo estaba los llevaban para trabajar, los amenazaban y cuando se querían ir los mataban. Él era de donde yo, a él se lo llevaron en un grupo de seis personas y todos estaban ahí en contra de su voluntad; son puros jovencitos de 12 años para arriba”, detalló la joven.
Datos de la organización Reinserta, refieren que del año 2000 al 2019, en México más de 31 mil niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por la delincuencia organizada, algo que de acuerdo a activistas defensores de migrantes se ha agravado con los años, sobre todo en estados como Michoacán y Chiapas.
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“En los últimos años son de Michoacán y en los últimos tres meses de Chiapas; se ha generado un ambiente de mucha violencia y de enfrentamiento de grupos de Guatemala y de Chiapas. Muchos menores están saliendo de sus lugares de origen por el reclutamiento forzado del crimen organizado y hay familias que se resisten y entonces los ejecutan”, comentó José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Mientras que Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, indicó que el 90 por ciento de la población migrante huye por el desplazamiento forzado a causa del crimen organizado; así como que, además de Michoacán y Chiapas, donde hay un conflicto muy severo con la frontera de Guatemala, también hay casos de migrantes desplazados de Zacatecas, Jalisco y Veracruz.
De acuerdo con José María García Lara, director del albergue para migrantes “Movimiento Juventud 2000”, del 10 por ciento de la población desplazada se calcula que al menos el 4 por ciento son menores, llegando hasta cuatro familias cada día que manifiestan huir de la violencia en sus lugares de origen, algo que advirtió desde hace años con la primera oleada de desplazados michoacanos y que sigue sin atenderse.
“Es algo muy complejo que se tiene que atender desde las causas para que esto se vaya terminando. Esto ha venido ocurriendo desde hace varios años; creo que hay una responsabilidad compartida desde los presidentes municipales de esas poblaciones, los gobernadores de esos estados donde hay mucha violencia, y así hasta llegar al gobierno federal. La gente busca la protección y la atención del gobierno estadounidense, por eso llegan a nuestras zonas fronterizas a buscar la ayuda”, mencionó García Lara.
Fue en abril de 2022 cuando el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un convenio de colaboración con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda para atender la problemática de la migración michoacana; incluso en octubre del mismo año se comprometió a instalar en Tijuana una oficina de la Secretaría del Migrante (Semigrante), para dar atención y acompañamiento a más de tres mil michoacanas y michoacanos en situación de movilidad por desplazamiento forzado. Sin embargo, hasta la fecha esto no se ha materializado.
Debido al miedo que tiene de ser localizada por algún miembro del CJNG y a la desesperación por la lentitud de la aplicación CBP One, la víctima aseguró que intentará cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, pues afirmó es la única posibilidad de estar segura, aunque pueda perder la vida en el intento o arriesgarse en vano.
