Desde principios de mayo -cuando Tijuana ya acumulaba casi 600 homicidios dolosos- expresidentes municipales, exsecretarios de Gobierno, así como exsecretarios y directores de Seguridad tienen el “derecho” a contar con protección a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.
La protección a los exfuncionarios se “otorgará hasta por un año, periodo prorrogable por un año más por única vez”, en tanto se acredite que subsiste la situación de riesgo, señala el artículo 85 del nuevo Reglamento Interno de la SSPC, aprobado por unanimidad por el Cabildo, durante la sesión extraordinaria del 31 de marzo de 2023.
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El número de personal y equipo destinados a la protección de los exservidores públicos no será mayor de tres escoltas certificados por la dependencia, salvo en el caso de los expresidentes municipales y exsecretarios de Seguridad, quienes “tendrán derecho hasta seis miembros incluido un chofer”.
Para obtener la protección de la Secretaría de Seguridad se requiere que el jefe de la Sección de Escoltas elabore un estudio de riesgo donde se determine la protección y seguridad personal; documento que será supervisado y validado por el subdirector Operativo, autorizado por el Director general, con visto bueno del secretario.
Cabe señalar que la protección a exfuncionarios es similar a la proporcionada por quienes actualmente tienen el encargo de la presidencia municipal, Montserrat Caballero; el titular de la SSPC Fernando Sánchez González y el director de Seguridad Rafael Vázquez, según el nuevo Reglamento, publicado en el Periódico Oficial el 28 de abril pasado.
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El regidor del PT, José Cañada García, aseveró que en el nuevo Reglamento no se modificó el artículo 85. “Se dejó tal y como está porque está apegado a como lo marca (la normatividad) estatal y federal”; sin embargo, en el Reglamento anterior -que data de 2013 reformado en diversas ocasiones-, no se encuentra dicho numeral.
En entrevista con ZETA, Cañada García refirió que, al dejar el encargo como presidente municipal, Arturo González Cruz tuvo cuatro elementos de protección, incluido un chofer, por alrededor de mes y medio; pero actualmente ningún exfuncionario cuenta con protección a cargo de la SSPC.
Respecto a que la alcaldesa tiene que vivir en el Campo Militar ante amenazas del crimen, Cañada García señaló que “es conveniente que por un tiempo esté viviendo ahí” y se analice cuál es el problema real.
El regidor, quien también ha sido objeto de amenazas, hizo un llamado porque exista colaboración entre las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, ya que la competencia de la policía municipal es preventiva.
Al acercarse las elecciones de 2024 surgen actores políticos “que quieren desestabilizar los gobiernos” y “politizar el tema de seguridad y no se vale”, manifestó el regidor, quien pugnó porque “se haga una investigación minuciosa y se dé con los responsables” de hechos violentos como la persecución y captura de dos hombres que transportaban en una camioneta siete cadáveres el lunes pasado.
