Normatividad de escoltas a funcionarios es insuficiente, permite abusos del erario e inclusión de guardias con antecedentes
En Baja California no existe Ley vigente que defina quiénes son los funcionarios públicos que tienen derecho a protección y por cuánto tiempo. Tampoco, cómo se deben justificar los escoltas a sus familias u otros empleados gubernamentales. Menos las características y requisitos que deben reunir estos guardias personales.
En ese contexto resulta que las escoltas de la gobernadora, los alcaldes, el fiscal y los secretarios de Seguridad, personas que por las características de su encargo podrían estar bajo riesgo, se definen bajo una enorme discrecionalidad.
Cuestionados los funcionarios, hablan de una normatividad federal, estatal y municipal, pero en la práctica, tal regulación resulta insuficiente, le faltan controles, se puede violentar… y todos hacen lo que les viene en gana.
Por ejemplo, en el Gobierno del Estado, las cosas se hacen de acuerdo al criterio del secretario de Seguridad en turno; en la fiscalía decide el fiscal, y en los ayuntamientos, extrañamente parecen estar sujeto a la voluntad y discernimiento no capacitado en la materia de los alcaldes, como lo explicaron en Tijuana, donde refieren, la Policía y la escolta de la alcaldesa se manejan por separado, y ninguno -secretario o director de Seguridad- tiene voz ni voto tratándose de la guardia de la presidenta municipal.
De entrada, la guardia de los funcionarios ni siquiera se menciona en la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. En el organigrama desaparecieron la Coordinación Estatal de Protección a Funcionarios y Ejecutivos que se había creado en 2014. “Está en la normatividad de las policías”, manifestó un ex jefe de escoltas.
En medio de esta vaguedad, los aprovechados -diputados, regidores, oficiales mayores y decenas de secretarios que nada tienen que ver con el asunto de la seguridad y que no están en riesgo- reciben protección.
Como primer secretario de Seguridad del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el General Gilberto Landeros compareció en dos ocasiones ante el Congreso. En junio informó que, al llegar, de los 781 policías cerca de 400 estaban destinados a 94 servicios de escoltas, y en noviembre habían reducido el número a 105 en 23 servicios, incluidas la guardia de la gobernadora y la del propio secretario.
“Hemos hecho un análisis de riesgo y hemos retirado servicios”, dijo el funcionario en aquel momento. Este mencionado análisis es lo que durante años ha definido la asignación de seguridad, pero ha sido evidente a través del tiempo que, en algunos casos, o no lo están haciendo, o están ignorando los resultados intencionalmente.
Entonces de nuevo, hacen falta protocolos claros, una Ley con prohibiciones específicas ante los abusadores, para evitar también que estos análisis y sus resultados estén sujetos al contentillo del secretario de Seguridad en turno o de las órdenes de gobernadores y alcaldes.
En febrero de 2023, a partir de las declaraciones del General Landeros, la diputada panista Alejandrina Corral propuso una reforma a la Ley de Seguridad, agregar un Capítulo X denominado Del Servicio Público de Asignación de Escoltas y un Capítulo IV-Protección Personal a Particulares-, pero a la fecha ha sido ignorada por la mayoría morenista.
Catorce años antes, porque podía, el ex procurador del Estado de Baja California (2001-2007), Antonio Martínez Luna, se llevó la camioneta blindada que usó durante su gestión y batallaron para que la devolviera. Pero no se reguló.
El ex mandatario Jaime Bonilla y su ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, también decidieron autoasignarse escoltas y carros blindados, además de beneficiar a un tercer ex funcionario acusado de corrupción a través de un acuerdo firmado el último día de su administración.
Algo similar se le ocurrió a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero y a su equipo, quienes en sesión extraordinaria del 31 de marzo de 2023, aprobaron en Cabildo el nuevo Reglamento de la Secretaría de Seguridad del municipio, en el que “con base en normatividades”, se instruye a otorgar “hasta por un año, periodo prorrogable por un año más por única vez”, el servicio de escoltas para ex alcalde, ex secretario de Gobierno, ex secretario de Seguridad y ex director general.
La reforma también menciona que la prestación de este servicio sólo la podrán ejercer “miembros certificados por la Secretaría”, pero habrá que analizar si lo plasmado en este reglamento puede impedir acciones como la de Caballero, quien decidió contratar para su guardia a Rosalva González la Puma, detenida y liberada por presuntos nexos con miembros del Cártel Arellano Félix, de quien debió prescindir tras un ataque a su escolta.
Sin embargo, este reglamento municipal no podría evitar lo que hizo el ex gobernador Bonilla, quien contrató como coordinador de Logística y Ayudantía -administrador de la escolta- a su amigo Amado Cruz Anguiano, ex comandante en Dirección Federal de Seguridad en Baja California, detenido en marzo de 1998, quien purgó una pena por lavado de dinero asociado con los hermanos Arellano.
La normatividad y los reglamentos existentes son laxos, y esa vaguedad permite los abusos al erario y la inclusión de personas que ponen en riesgo evidente a Baja California. Así que los diputados están obligados a actuar si el planteamiento de Corral tiene deficiencias o no les gusta. Es evidente que los legisladores morenistas pueden -si quieren- hacer cambios, empezar por someter la propuesta al análisis ciudadano o generar su propio documento. Pero deben actuar ya.
