Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH o ONU-DH), hizo un llamado, el 19 de abril de 2023, a las autoridades mexicanas, para que actúen “con celeridad”, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, detalló Türk, en un comunicado difundido por la ONU-DH.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con celeridad en relación con la sentencia de la Suprema Corte, que declara inconstitucional la transferencia legislativa de la Guardia Nacional al control militar del año pasado”, indicó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que “resulta fundamental” asegurar que la Guardia Nacional sea de carácter civil, “en consonancia” con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de DD. HH.
“A lo largo de los años, mi Oficina y otros organismos internacionales de derechos humanos, han pedido reiteradamente que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad civiles en México. Resulta fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos”, insistió.
El abogado austriaco señaló que lo anterior era todavía más importante, debido a la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, en particular desde 2006, que, según la ONU-DH, había provocado las violaciones de derechos humanos por parte de las FF. AA.
“Las Fuerzas Armadas sólo deben ser desplegadas en tareas de seguridad temporalmente, en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, enfatizó Türk.
Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que la decisión del Pleno de la SCJN, subrayó la importancia de la independencia y separación de poderes, así como la existencia de contrapesos institucionales.
Por otra parte, un total de 22 mandatarios estatales -militantes o afines al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador-, integrantes del grupo autodenominado ‘Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, acusaron, el 19 de abril de 2023, que ocho ministros de la SCJN, actuaron políticamente, al quitar el control de la Guardia Nacional a la SEDENA.
“Rechazamos el fallo. De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente sino políticamente”, afirmaron en un pronunciamiento, a través del cual, los mandatarios estatales coincidieron con los tres ministros que defendieron la transferencia de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“La naturaleza civil o militar de una corporación se define con sus objetivos y entrenamiento, en el caso de la Guardia Nacional se trata de una tarea civil: mantener la seguridad pública. La intervención de la Sedena se limita actividades de control y operación como una Secretaría de Estado civil cuyo jefe es el Presidente de la República”, argumentaron los 22 gobernadores.
Asimismo, los mandatarios estatales respaldaron el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de enviar en septiembre de 2024, una iniciativa al Congreso de la Unión, para que la SEDENA controle a la GN. Además, calificaron como sospechoso, que justo cuando los delitos de alto impacto iban a la baja, la mayoría de los ministros de la SCJN aprobaron su desincorporación.
“La presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en nuestras entidades ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva y para contribuir en la pacificación del país, por eso respaldamos la propuesta del Presidente de enviar una reforma constitucional que blinde a la Guardia Nacional y evite repetir las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto del pasado”, justificaron los gobernadores.
“En sintonía con el conservadurismo quieren regresar al pasado en contra de la voluntad del pueblo de México. […] Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno de México y la Guardia Nacional por la seguridad y la paz de las familias mexicanas como una prioridad de nuestros gobiernos”, afirmaron los mandatarios estatales.
Los gobernadores de la “4T” que firmaron el desplegado fueron: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); e, Indira Vizcaíno Silva (Colima).
Además de Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Puebla); y, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo).
Así como José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).
