Baja California se encuentra en el décimo lugar de estados expulsores de migrantes, en donde no se han implementado políticas públicas adecuadas para su protección, se informó en el V Foro de Inclusión Educativa, realizado en Cetys Universidad.
En el panel celebrado el pasado el 17 de abril, participaron miembros de distintos órdenes de Gobierno, así como de asociaciones civiles, donde se enfatizó en la vulnerabilidad y falta de apoyo que tiene la población migrante, tanto extranjeros, como locales, o bien, las personas deportadas.
En su turno al micrófono, Aidé Nereida Rosales Márquez, representante del Instituto Nacional de Migración (INM), señaló que de acuerdo a registros de la dependencia federal, esta entidad está en los primeros 10 lugares de donde migran más personas, sólo detrás de Guerrero, Michoacán, y otros estados azotados por la violencia.
Sin embargo, no existe un estudio en cada estado para determinar las causas que orillan a una persona a migrar, y por lo tanto, no se pueden crear políticas públicas adecuadas a la necesidad de cada uno de ellos.
Por otro lado, destacó que aunque se intenta dar seguimiento a cada caso, en muchas ocasiones las personas vuelven a migrar y se les pierde la pista, lo que complica que se les proteja ante algún abuso, ya que para ellos el tiempo es fundamental y cambian de lugar, incluso para dormir, de manera constante.
Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos, comentó que por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, es difícil que conozcan y hagan valer sus derechos humanos, pues cuando llegan a cualquier lado, actúan como si migrar fuera un delito.
“Se requiere de justicia pronta y expedita, es importante prevenir la violencia, fortalecer con políticas públicas, con acciones que protejan su dignidad, su salud mental como niños y niñas y adolescentes migrantes, empoderarlos de que tienen derechos humanos”, mencionó.
Ante esto, Olvera Rodríguez señaló que se está trabajando en un gobierno con enfoque humanista, pero aún no se logra quitar el estigma de que los Derechos Humanos protegen a delincuentes, sobre todo en personas mayores de 50 años, por lo que consideró importante educar a las nuevas generaciones con una nueva perspectiva.
Clausura Portela Crivogusov, Administradora General del Proyecto Salesiano Tijuana, dijo que es necesaria la colaboración entre autoridades y asociaciones civiles, ya que de no hacerlo se vulnera aún más a esta población, sobre todo a mujeres y niños.
