La titular de la Contraloría del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Cristina Buendía Soto, confirmó en entrevista que al momento suman más de 30 denuncias presentadas contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis (2015-2021).
Asimismo, la contralora precisó que ya hay tres ex servidores públicos vinculados a proceso; al último se le imputa el delito de desvío de fondos.
Cabe recordar que el primer caso de vinculación a proceso fue el de la ex directora del Instituto de Vivienda (INVI), Rosalva Cuadras, por “autoliquidarse” con casi dos millones de pesos al finalizar el mandato de Mendoza Davis, según expuso en su momento el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
El segundo caso de un ex funcionario vinculado a proceso fue el de Jesús Manuel “N”, quien laboró en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en Santa Rosalía. Se le acusa de cancelar de manera ilegal dos embargos que favorecían a ex trabajadoras de la empresa surcoreana Hanjin, mujeres que llevan dos décadas luchando por justicia laboral tras haber sido despedidas de forma injustificada.
La contralora expuso que presentaron estas 30 denuncias tanto en el fuero común ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), así como en la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos del tema federal.
Previamente, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, detalló que estas querellas se han presentado como resultado de la auditoría que realizaron a la administración de su antecesor.
Informó que se investigan delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, malversación de recursos, uso indebido de funciones, entre otros.
Buendía Soto anticipó que durante enero se llevarían a cabo nuevas audiencias de otros casos, donde se solicitó por parte de la PGJEBCS la vinculación a proceso de otros exfuncionarios, sin embargo, aún no se dan a conocer los resultados de estos procedimientos.
“Los demás están en investigación; yo espero que al final de este mes se puedan solicitar algunos otros tres o cuatro denuncias de las casi 30 que llevábamos presentadas para vinculación, donde se le va solicitar al Poder Judicial (al juez, en este caso) la vinculación a proceso de ex servidores públicos que tenemos denuncias”, declaró.
Por último, argumentó que no puede dar a conocer los nombres de las personas imputadas para respetar la garantía de audiencia del debido proceso y no entorpecer el sigilo de las investigaciones.
No obstante, aseguró que una vez que la ley lo permita, darán a conocer cada caso ante la opinión pública.
