El Gobierno del Estado de Baja California Sur dio banderazo de inicio a lo que se interpreta como el programa principal de lo que va de administración del mandatario Víctor Castro Cosío: una cruzada contra “Las Violencias de Género”, que arranca sin datos precisos de cuánto recursos se invertirá para sensibilizar a la sociedad y disminuir el índice de delitos que sufren mujeres sudcalifornianas.
Se trata de una campaña y líneas de acción con el objetivo de disminuir la estadística de delitos de violencia de género en la entidad, según expusieron funcionarias durante la presentación del arranque de la cruzada.
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Irene Serrato, directora del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, señaló que buscan garantizar que las mujeres se desarrollen en un ambiente seguro, para que puedan mantenerse fuera del círculo de la violencia y se logre el empoderamiento económico.
Enfocarán la atención prioritaria, así como llevarla a mujeres de distintos ámbitos. Es por ello que esta cruzada se llevará a cabo mes con mes, con acciones particulares que se distribuirán entre las dependencias.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Yanssen Weichselbaum, presentó la incidencia delictiva de violencias de género, basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Hizo hincapié en que tan solo en 2022 se reportaron 290 denuncias por violación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS): 138 en Los Cabos, 103 en La Paz, 23 en Mulegé, 16 en Comondú y 10 Loreto.
Esto representa un incremento de aproximadamente 15 por ciento en comparación de 2021, año en el que se reportaron 256 denuncias por violación.
En esta estadística resaltó que los principales agresores son familiares de las víctimas, en el siguiente orden: padrastro, primo, esposo, papá, tío, abuelo.
Por otra parte, en el año que acaba de finalizar se documentaron 429 denuncias por abuso sexual; en 405 de estos casos las víctimas fueron mujeres, niñas y adolescentes.
En comparación con 2021, año en el que se reportaron 313 casos de abuso sexual, el 2022 cerró con un incremento del 37 por ciento.
Por último, comentó que se documentaron dos mil 620 denuncias por violencia familiar, 127 casos más que el año anterior; y 6 por feminicidio, uno menos que en 2021.
Por su parte, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, señaló que “un programa que no tiene respaldo económico, es programa que no sirve”; no obstante, desde finales de 2022 se ha cuestionado sobre el monto total que su administración aplicará a esta cruzada que se anunció desde hace meses, sin que hasta el momento se confirme una cifra exacta.
Mencionó que habrá cinco millones de pesos para refugios y “otra inversión importante para juicios orales”.
Para elaborar carteles, difusión y “demás”, cada área lo definirá en sus partidas; no obstante, dejó en claro que pretende que este sea un programa “creativo”, donde no se invierta más de un millón de pesos.
“En redes, que hagan videos los muchachos sin que nos cueste; que en la SEP hagan vídeos, para que no cueste el programa de difusión que es lo más costoso. Las conferencias, programaciones; vamos a esperar que no nos rebase en gastos innecesarios también”, declaró.
Por otra parte, reconoció que la violencia de género es una realidad que ha alcanzado a la sociedad sudcaliforniana y que no se puede ser indiferente ante esta problemática, por lo que a su gobierno le toca la responsabilidad que implica construir una nueva mirada a un tema añejo.
“No podíamos quedarnos cruzados de brazos solamente viendo cifras, regodeándonos con que Baja California Sur sea segundo lugar en delitos de alto impacto y que le demos esa perspectiva que todo está bien en Baja California Sur. Sí, está bien, pero no podemos conformarnos con ser uno de los estados más seguros del país en términos de delitos de alto impacto”, expuso.
Recalcó que no puede haber más violencia en los hogares de Baja California Sur, en un contexto donde la brutalidad ha llegado a grados extremos.
“Lo peor que puede hacer un gobierno es ser un gobierno de autocomplacencias. Hay que repensar qué hacer, hay que reordenar el conjunto de condiciones políticas, jurídicas, sociales, deportivas; hay que replantear la vida en Baja California Sur y no es un asunto político de los gobernantes”, mencionó.
Durante su discurso, coincidió en que sin las mujeres no hay cuarta transformación, pero aclaró que no busca simular que las cosas van bien; recaló que cuando un problema, como la violencia de género, se mantiene sin que disminuya, es una alerta.
Por último, mencionó que en lo que va de su administración más de 15 hombres han sido separados de sus cargos o cambiados de área por denuncias de acoso u hostigamiento, esto mientras se resuelven investigaciones, sentenciando en que no permitirá que haya agresores en su mandato.
EXIGEN PUBLICACIÓN DE LA LEY 3 DE 3
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Ojeda González, intervino durante el arranque de la campaña. Enfatizó que no puede haber erradicación de la violencia de género sin que haya sanciones contra los agresores.
Reconoció el compromiso del gobernador, que al inicio de su mandato publicó decretos que benefician a las mujeres sudcalifornianas, sin embargo, existe un tema pendiente: la publicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Dicha ley contempla que ningún hombre con antecedentes de violencia de género, ya sea sexual, familiar o que sea deudor alimentario, pueda acceder a cargos de elección popular o de servicio público en general en cualquier nivel de gobierno.
“Hoy le pido con esa sensibilidad que tiene usted señor gobernador, que nos apoye para que, de darse la dictaminación (sic) de la 3 de 3, sea pronta su publicación; porque no podemos estar hablando que se está haciendo una cruzada para erradicar la violencia cuando no hay una sanción para que los servidores públicos que están siendo acosadores sean sancionados”, exhortó la legisladora en el evento.
No obstante, durante su intervención el gobernador reviró la solicitud de Ojeda González, contestando que el tema de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género está en la cancha del Poder Legislativo.
Argumentó que el exgobernador, Carlos Mendoza Davis, vetó esta ley aprobada durante la XV Legislatura; sin embargo, activistas han aclarado que este rechazo por parte del exmandatario no entró en tiempo y forma.
“El de 3 de 3 lo vetó el gobernador que se fue. No me sorprende, no dijeron nada. Yo estoy de acuerdo que el veto se revise y lo va a revisar el Congreso, y el Congreso tiene la alta responsabilidad de determinarlo. Allá está el que se fue, vetó esa ley”.
“Entonces dije yo: ‘Bueno, que la revise el Congreso; por algo la veto ¿no?’. No sé si le pidieron cuentas a él, creo que no”, respondió Castro.
FALTA VOLUNTAD DEL EJECUTIVO
Activistas feministas se presentaron al arranque de la cruzada, con una lona para protestar ante la no publicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
“En BCS la cruzada no va, sin la 3 de 3 en el proceso electoral 2024”, irrumpieron entre funcionarios con una protesta pacífica.
Alma Oceguera, activista, explicó la situación con esta ley y el veto que Castro Cosío atribuyó a su antecesor.
En 2021, Carlos Mendoza intentó aplicar un veto a la 3 de 3; sin embargo, entró de forma extemporánea y posteriormente hubo desistimiento de su parte, por lo que en estos momentos no hay ningún obstáculo para que Víctor Castro la publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
“La preocupación es que, si hubo un veto extemporáneo o hubo un desistimiento por parte del actual gobernador, entonces es posible y fácil que esto siga su curso porque en los procedimientos electorales hay un término específico que si no se cumple con la publicación, van a querer detenerla”, explicó.
“La iniciativa ya está, no tiene problema. El problema está en la publicación: el veto fue extemporáneo, lo que sigue es la publicación por parte del Ejecutivo”, agregó.
En este contexto, enfatizó que se trata de un tema de voluntad por parte del titular del Poder Ejecutivo.
Las activistas que encabezaron la protesta pacífica cuestionaron a quién de la administración actual beneficia que no se promulgue esta ley.
“Que los partidos políticos garanticen que sus candidatos no tienen ninguna de estas características, porque es seguir promoviendo una línea en la que se hace un círculo vicioso; porque se convierten en aliados y muchas veces no se sanciona una serie de delitos cuando están este tipo de personas o hay un abuso de poder”, dijo.
Mientras se asumen responsabilidades, algunos municipios analizan la viabilidad para garantizar lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) como un asunto constitucional: ningún agresor en, ni para el poder.
“La gran preocupación que tenemos como parte del grupo de parlamentarias que participaron en el Congreso es exigir que se garantice. Hay un compromiso discursivo, nos interesa que se cumpla y apoyar en todo lo posible; pero sí es necesario garantizar que no haya agresores en y para el poder, aquí y ahora, ni tampoco en las próximas elecciones”, finalizó.
