En la edición titulada “Sueldazos en Gobierno de BCS”, ZETA verificó los portales institucionales de las dependencias gubernamentales para corroborar los salarios de perfiles de primer nivel del Gobierno del Estado que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío.
Respecto a funcionarios públicos como Bertha Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración Pública; Homero Davis Castro, secretario general de Gobierno; Narciso Agúndez Gómez, de Administración Portuaria Integral (API); o de la propia contralora estatal Rosa Cristina Buendía Soto, no fue posible confirmar su salario con la nómina publicada y su declaración patrimonial o de intereses, al no estar disponibles para el público en general y, al momento de buscar la información, en el portal de Transparencia de Contraloría no estaban visibles los archivos de Google Drive.
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Este Semanario revisó a detalle con los funcionarios públicos, principalmente con la contralora estatal, quien afirmó “sí están públicos en el portal” y compartió la liga de transparencia de la dependencia estatal que incluye la Fracción XII 2022, donde el reportero realizó la búsqueda exhaustiva una semana antes. Ocasión en la que sí se localizaron las declaraciones de los servidores públicos, incluso Rosa Cristina Buendía Soto cuestionó al periodista sobre cuál documento se requería para proporcionarlo.
Antes de indicar el nombre del funcionario, se corroboró que faltaba su declaración y la de otros de sus colaboradores. En cuestión de minutos, la página se actualizó con el contenido completo. De acuerdo con la contralora estatal, “toda la información está de manera pública y disponible”, de manera que “no hay necesidad de ocultar información”.
En la conversación reiteró que no tiene nada que ocultar, siendo esta es su primera vez laborando en el Gobierno del Estado, ya que anteriormente lo hizo en el Poder Judicial de la Federación y mencionó su carrera como abogada.
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Buendía Soto expresó que el compromiso es evitar que haya un uso faccioso de los recursos públicos, solicitando a los servidores públicos cumplir con sus obligaciones de transparentar sus bienes y salarios. “Lo que no coincida tendrá que investigarse a fondo”, aseguró.
A la par, el secretario general de Gobierno, Homero Davis, anotó a los medios que “por primera vez se recurre al uso del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se tendrán las facultades para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, a efecto de conocer la información financiera de los sujetos investigados y su círculo cercano, lo que implicaría el aseguramiento y desbloqueo de cuentas de funcionarios o ex funcionarios sometidos a alguna investigación”.
RESISTENCIA AL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Mientras que el Gobierno de Baja California Sur presume mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas, con un alto porcentaje del 88% en materia de gobierno abierto con información pública, los funcionarios públicos se resisten a los nuevos métodos de transparencia colectiva.
El Sistema Estatal Anticorrupción ideó una plataforma digital de transparencia que busca dar mayor apertura a los ciudadanos para acceder fácilmente a la información de servidores públicos.
“Hay una lista de entes o sujetos obligados que firmaron convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y que presentaron la información, pero todavía no se está interconectado con el sistema de la Contraloría. En mayo vence el periodo para que presenten su declaración patrimonial y de intereses, entonces estarían esos 27 mil servidores en el mismo sistema”, explicó un especialista del Sistema Anticorrupción.
La Plataforma Estatal Digital de Baja California Sur (PEDBCS) pretende poner a la mano las declaraciones patrimoniales y de intereses de más de 27 servidores públicos, funcionarios sancionados, contrataciones e interponer denuncias. Hasta el momento participan los Ayuntamientos de La Paz, Loreto; el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) de Baja California Sur; Comisión Estatal de Derechos Humanos, Auditoría Superior y Tribunal Estatal Electoral.
“Ha habido mucha resistencia, no nada más a nivel de estatal, desde la Federación, desde la Secretaría de la Función Pública, ellos son los que han controlado siempre Declaranet. El objetivo es que los 27 mil servidores públicos estén dentro de esta plataforma”, refirió la fuente Anticorrupción.
A la fecha, de los 27 mil funcionarios públicos, la plataforma sólo contiene información de cinco mil 720 servidores. El 21% presentó su registro en la nueva plataforma. La Contraloría ni siquiera ha firmado el convenio para abrir los datos con que cuenta.
De acuerdo con el especialista, los mecanismos de rendición de cuentas fueron diseñados para que haya transparencia y erradicar la corrupción, pero si los portales no cuentan con la información, no cumplen el objetivo primordial.
“Es un derecho saber, sobre todo en este caso, es una obligación de informar. Es una obligación rendir cuentas que tiene el funcionario público, y viene desde la Constitución esa obligación; en el Artículo 108 de la Constitución está el sustento legal y luego la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos”, detalló el consultado.
La resistencia de cumplir con sus obligaciones de transparencia por parte de los servidores públicos ha ido mejorando, al grado que cerca del 90% cumplió con su declaración patrimonial, sin embargo, en conflicto de intereses la cifra es mínima.
URGEN CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA
Para dar cumplimiento a un mandato constitucional, desde Contraloría Estatal se ha dispuesto iniciar con el trámite desde inicios de año, esperan cumplir con el 100% de la presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Este año “no queremos sorpresas, que la gente se vaya preparando”, dijo Rosa Cristina Buendía Soto, de Contraloría.
“Sí estuvimos checando el tema y por primera vez solicitamos desde el día que entramos ahora en enero, ya les pedimos sus declaraciones patrimoniales a los servidores públicos, porque luego lo dejan todo para mayo y se nos junta, y luego vienen los procedimientos por omisiones o, por consiguiente, extemporaneidad; este año les pedimos que ya las estuvieran integrando y ya en mayo sólo fuera la firma”, afirmó la funcionaria.
Aunque dijo no contar con los datos de avance en materia de rendición de cuentas de los servidores públicos de BCS, expresó que es una batalla difícil, pero están en disposición de dar cumplimiento lo más antes posible.
“Sí son alrededor de 27 mil declaraciones”, reiteró Buendía Soto, aunque esperan una nutrida participación “muy superior a otros años, hicimos la gestión a través de los órganos de control que tenemos en once dependencias y a través de ellos estuvimos buscando la declaración, se hizo la declaración patrimonial y de intereses”, agregó.
Aunque no quiso brindar mayores datos para no entorpecer el sigilo procesal, sería la primera ocasión que se dé una devolución patrimonial, la cual se imputa a un ex servidor público.
Están en busca de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abra los archivos para emprender una búsqueda exhaustiva en documentos contables del denunciado.
“Tenemos ahorita un procedimiento de devolución patrimonial, es el primero que se lleva aquí en Baja California Sur, por medio de una denuncia anónima de una devolución patrimonial por un ex servidor público, se inicia la Dirección de Anticorrupción, ahí reside la denuncia y se ahí se va al área jurídica para que llevar a cabo un dictamen, pero acorde a la relación patrimonial de esa persona y de ahí pudiéramos pedir la información al SAT, justo porque estamos en un proceso de devolución patrimonial”, puntualizó Rosa Cristina Buendía.
En este caso, solicitarán a la CNBV informes de cuentas bancarias, ahorros e inversiones, para de esa manera armar el caso y exigir se cumpla con la reparación del daño.
Además, confirmó que Miguel Alejandro Maldonado Verdugo fue inhabilitado a mitad de 2022, era coordinador regional Zona Norte de Asesores de la Víctima del Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur. La sanción derivó de la falta de presentación de la conclusión de su declaración de situación patrimonial y de intereses.
“(Maldonado) Fue inhabilitado por tres meses. La investigación más reciente es la del ex secretario de Finanzas, esa se nos difirió, se dio nueva fecha para la vinculación a proceso. Se nos fue hasta el 21 de febrero, a solicitud de los abogados del imputado, por el cúmulo de fojas de la carpeta para estudio y de los anexos, se la pidieron a la juez y se las otorgó”, indicó la contralora.
INVESTIGA ITAI INCUMPLIMIENTO
Los señalamientos por los ciudadanos y la falta de respuestas de solicitudes de transparencia a los sujetos obligados en BCS ha orillado a que el propio Instituto de Transparencia ponga bajo lupa a cada institución pública y verifique de fondo cada portal.
Como ha ocurrido con las declaraciones patrimoniales, se sabe que el Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que hasta 2021, Baja California Sur contaba con el registro de apenas el 49% de las compras públicas. Por ello el ITAI analizará cada uno de los portales, para obligar al cumplimiento de transparencia.
“Se hizo una verificación a sujetos obligados que se determinaron por parte del pleno, es un proceso que tiene varias etapas, una de ellas es la revisión a los portales institucionales y la PNT respecto a la carga de información que obliga a cada sujeto obligado de los términos del Artículo 75 y su tabla de aplicabilidad, de esa revisión se hacen observaciones de lo que cumplen o de lo que no están cumpliendo, para que puedan subsanar”, afirmó Rebeca Buenrostro Gutiérrez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) de Baja California Sur.
Una vez observados, los entes públicos cuentan con un límite de tiempo para ponerse al corriente, de otra forma serán sancionados.
“Se les dan 15 días hábiles, derivado de ahí se vuelve a hacer otra revisión para determinar si hay cumplimiento o incumplimiento, se le dan, tres días más para solventar y posteriormente los resultados finales, para saber el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Esto fue del primer trimestre del ejercicio 2022”, puntualizó la comisionada del ITAI sudcaliforniano.
