* 96 homicidios por día en el cuatrienio del Presidente Andrés Manuel López Obrador
* 131% más muertes que en los primeros cuatro años de administración de Felipe Calderón y 59% más que con Enrique Peña
* Gobierno no cuenta todos los asesinatos: en enero de 2023 rasuraron las 29 víctimas del segundo “Culiacanazo”
* Guanajuato, con 15 mil 207 homicidios, es el Estado con más víctimas
*Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos y Sonora, con mayor cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes
Diecisiete municipios conurbados de México aparecieron en el top de las 50 Ciudades más Peligrosas del Mundo a finales de 2022, ranking presentado desde hace 15 años por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC y Misión Rescate México.
Colima, Zamora, Obregón, Zacatecas y Tijuana ocupan los primeros cinco lugares.
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Para mejorar la percepción de inseguridad y sus números, la Presidencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentan otros datos.
Primero, separan las estadísticas de muertes violentas de los feminicidios, como si los de género no fueran homicidios dolosos; hablan de 136 mil muertos, sacando de la cifra mortífera general, más de 4 mil cadáveres de mujeres.
Al final, la presidencia de AMLO acumuló un total de 140 mil 532 homicidios dolosos en cuatro años, son 143 mil 186 asesinatos si se suman los cadáveres de enero de 2023.
Estas muertes violentas, son 131% más fallecimientos que en los primeros cuatro años de la denominada “Guerra contra el Narco” del panista Felipe Calderón; y 59% más víctimas mortales que en el cuatrienio inicial del priista Enrique Peña Nieto. Ambos ex presidentes a quienes después de cuatro años, López Obrador continúa responsabilizando de la violencia.
El progreso que sí es real, en comparación a sus antecesores, es que mientras las estadísticas de Calderón empeoraron año con año, de 10 mil a 20 mil muertos en cuatro años del panista; y las de Peña se mantuvieron de 23 mil 928 en primer año, a 23 mil 194 en el cuarto año, las de López Obrador se contuvieron los primeros dos años y se redujeron, aunque mínimamente, los dos últimos, pasando de 35 mil 687 muertos en 2019, a 31 mil 945 homicidios en 2022.
En cuanto al anuncio de una mejora del 13% en las estadísticas mortales del cuatrienio de AMLO, los números muestran un avance menor, del 11% en relación a su primer año y del 7% en comparación con el año inmediato anterior.
NO SE REPORTAN TODOS LOS ASESINATOS
En este baile de cifras existe un problema adicional, y es que no hay certeza de que esa cantidad de más de 140 mil asesinatos sea confiable, porque las fiscalías no están reportando todos los homicidios y la Federación lo sabe.
El ejemplo más reciente y que se pudo conocer porque se hizo evidente, fue la estadística recién publicada en enero de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las que Sinaloa reportó sólo 46 muertes violentas, de las cuales 29 fueron perpetradas con arma de fuego.
Sin embargo, el 1 de febrero, diversos medios sinaloenses anunciaron que la Fiscalía General de ese Estado había informado que ese mes se habían cometido 48 homicidios, incluidas las muertes de dos integrantes de la banda La Conquista y un hombre asesinado durante la mañana del 31 de enero.
También reportaron que la misma autoridad estatal reconoció que en su cifra no estaban contando el saldo del segundo “Culiacanazo” -ocurrido 5 de enero de 2023-, los 29 fallecidos informados por el secretario de Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, durante la captura del Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante preso en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán, de los cuales 19 fueron delincuentes y 10 elementos de las Fuerzas Armadas, a suponer, porque no se ocultaron mayores datos.
Lo que significa que la cifra real fueron 77 muertes violentas en enero, pero además se ignora si fue la total, porque se desconoce si los otros 35 militares lesionados, se recuperaron o fallecieron, pues no hubo más información pública al respecto.
La excusa de la FGE Sinaloa, fue que esas muertes están siendo investigadas y registradas por la Fiscalía General de la República (FGR), y por eso no las cuentan.
INFORMACIÓN NO CONFIABLE
“Hacen un ejercicio de información que no es apegado a lo que dicen los números, no sólo en el homicidio doloso, sino en otros delitos. El tema no es informarles a los ciudadanos de cómo va, sino más bien de desinformar la ciudadanía, y presentar resultados que no son reales”, destacó Francisco Rivas presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Comparan períodos que no son equivalentes, no puedes decir ‘el homicidio ha bajado desde el inicio de la administración un 20% como han mencionado en algunas ocasiones’, si tomas aleatoriamente el mes más alto de la administración de Peña contra el último mes de esta administración.
“En noviembre de 2022 el Gobierno Federal reportó una reducción del 23.5% en la incidencia de homicidios dolosos en el mes de noviembre de 2022 respecto al máximo histórico registrado en julio de 2018. Cuando hablas de homicidios dolosos, tienen que incluir todos los asesinatos que no son incidentales o accidentales, sino que hay intencionalidad al ejecutarlos; los relacionados con otros delitos del fuero común, como puede ser robo, secuestro, confrontación entre grupos delictivos; y debes incorporar los delitos de género, el feminicidio, desincorporar los feminicidios del número total o de la tasa de homicidios dolosos. Es un error metodológico significativo”, enfatizó Rivas.
SE MUEVE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN LOS ESTADOS
Siete de los 10 estados más violentos son gobernados por Morena.
Colima lleva siete años como la entidad federativa más violenta del país, el gobierno lopezobradorista lo encontró hundido en la inseguridad, con una tasa de 87 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y aumentó hasta llegar a 94 asesinatos por cada 100 mil habitantes durante 2022. En número total de homicidios ocupa el lugar 15 de 32 estados.
Otras seis entidades que se han mantenido en la nada honrosa lista de los 10 estados con mayor violencia homicida, y están en dos listas: por número total de homicidios y por cantidad de muertes por cada 100 mil habitantes.
A dos de ellos, los encontraron violentos y empeoraron:
1. Michoacán suma 9 mil 9 17 muertes violentas en cuatro años. Pasó de 2 mil 095 homicidios en 2019 a 2 mil 467 en 2022, y la tasa aumentó de 36 a 42 muertes por cada 100 mil habitantes.
2. Sonora adicionó 6 mil 843 víctimas. Mil 397 en 2019, llegó a las mil 974 muertes en 2021 y se redujo a mil 774 en 2022. Pero su tasa creció de 36 a 46 muertes por cada 100 mil habitantes en los últimos cuatro años.
En los otros cuatro estados han contenido la incidencia, pero aún no logran una mejora significativa:
3. Baja California llegó a 11 mil 935 asesinatos en cuatro años. Empezó con 2 mil 889 en 2019, subió a 3 mil 051 en 2021 y concluyó con 2 mil 752 en 2022, por lo que su tasa se redujo de 71 a 63 muertes al año por cada 100 mil habitantes.
4. Guanajuato, donde gobierna el PAN, tiene la mayor cantidad de víctimas de este cuatrienio: 15 mil 207 cuerpos. Inició con 3 mil 558 homicidios en 2019 y sumó 3 mil 286 en 2022; la tasa bajó de 47 a 43 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
5. Chihuahua (también gobernado por el PAN) acumuló 9 mil 984 homicidios. Bajó de 2 mil 607 cadáveres en 2019, a 2 mil 013 en 2022, y de 57 a 43 víctimas por cada 100 mil habitantes.
6. Guerrero, con 6 mil 301 muertos. Bajó su tasa de 44 a 31 muertes por cada 100 mil habitantes.
Además, están los otros estados que en este gobierno entraron a las estadísticas de violencia: Zacatecas, que pasó de 645 asesinatos el primer año, a mil 355 muertos el cuarto año; Morelos (gobierna Partido Encuentro Social) aumentó de mil 059 a mil 211 víctimas en el mismo período.
Y los que aún no ingresan al top 10, pero igual acrecentaron sus cifras homicidas del primero al cuarto año del gobierno morenista: Nuevo León (gobierna Movimiento Ciudadano) pasó de 956 a mil 430 victimas; San Luis Potosí (gobierna Partido Verde Ecologista de México) creció de 522 a 662 cuerpos; y Campeche pasó de 82 a 158 muertes en el año.
“Si volteas a ver los estados gobernados por Morena, a excepción de Ciudad de México, todos los demás estados empeoraron.
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“Zacatecas, Sonora, ya venían en un proceso de descomposición, pero ahorita está peor, el tema de Caborca es impresionante como el tema de Fresnillo. También Campeche, era la segunda ciudad sólo por debajo de Yucatán con menos homicidios, y el año pasado tuvo empeoramiento significativo. Los estados que han arrastrado la mejora en esta aparente baja en homicidios, uno es Chihuahua, otros Guanajuato, Querétaro, Estado de México”, comentó Francisco Rivas.
En cuanto la estrategia federal de enviar más elementos a los estados para combatir el homicidio, el analista agregó: “No tenemos evidencia que Guardia Nacional esté actuando bien o mal, no sabemos qué está haciendo, nosotros reportamos que, según datos de Transparencia, la Guardia Nacional en 2022 tuvo sólo alrededor de 7 mil personas detenidas, de las cuales más del 90% fueron liberadas porque la detención no era conforme a Derecho. De estas, sólo 13 fueron detenidas por un tema de investigación. Todas las demás fueron detenidas en flagrancia y los delitos fueron menores, nada de narcotráfico, trata de personas, secuestros. De hecho, hay más de 200 mil llamadas que se hicieron al 911 que no fueron atendidas por parte de la Guardia Nacional”.
LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS
El 21 de febrero, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC y Misión Rescate México, presentaron el ranking anual de 50 Ciudades más Peligrosas del Mundo, las primeras 10 son:
*Analizan zonas conurbadas de más de 300 mil habitantes
*Tasa por cada 100 mil habitantes
Las otras ciudades mexicanas y el lugar en que fueron incluidas son:
13. Irapuato
14. Cuernavaca
29. Cancún
30. Chihuahua
33. Morelia
38. León
44. Ensenada
50. San Luis Potosí.
En 9 de 15 ediciones anuales de este ranking, la ciudad más violenta ha sido mexicana: 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
“No existe antecedente en el mundo de un gobierno nacional -como hoy ocurre en México- haya adoptado como política de seguridad pública la de dar manos libres a los criminales para que ejerzan violencia y encima lo proclame abiertamente. Por el contrario, en los países que no han seguido políticas complacientes con los criminales, ha habido progresos notables”, reclamó en conferencia virtual respecto a las cifras y la política de “Abrazos, no balazos”, José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.
“La situación de las urbes de México es el resultado de políticas fallidas que han consistido en tolerar la violencia de los grupos criminales y la existencia misma de sus milicias privadas, que desafían el monopolio del Estado sobre la violencia”, puntualizó en el mismo acto, Leonardo García Camarena, de la organización Misión Rescate México, respecto a la libertad de operación que se ha dado a las células del crimen organizado.
AC Consultores presentó un informe comparativo de los tres últimos sexenios, en el que detalló, Felipe Calderón enfrentó la violencia de ocho cárteles que resultó en once escisiones o células adicionales asociadas o no a la mafia que le dio origen; a Peña Nieto correspondieron once cárteles que terminaron con 13 escisiones; mientras la estrategia de AMLO lo tiene frente a once cárteles y 33 escisiones.
MODIFICAN ESTADÍSTICAS DESPUÉS DE PUBLICADAS
En el Observatorio Nacional Ciudadano, que revisa las estadísticas del Secretariado periódicamente, explicaron que los delitos se reportan mal, a veces con dolo, y otros porque simplemente las fiscalías no tienen la capacidad de hacerlo correctamente.
Como ejemplo de lo primero, Rivas citó a Veracruz, que ha reportado mal desde tiempos del gobernador Javier Duarte (2010-2016).
“Falsean información, bajan los delitos de un año y los suben año y medio después. Por ejemplo, publican 200 homicidios en 2021, y en mayo o junio de 2022 los aumentan, pero como es la estadística de 2021, entonces ya ni te fijas, porque ya se publicaron y se hablaron de esos datos, entonces no los detectas tan fácilmente esos aumentos.
“Sonora, históricamente una fiscalía desastrosa, tiene problemas de registros por falta de capacidades, de entendimiento de la clasificación del delito, y muy pocos estados cuentan con mesas de validación del trabajo de MP, como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo”, afirmó.
En la revisión de los números del Secretariado Ejecutivo, ZETA encontró dos ejemplos más; en las cifras de 2015 se pueden encontrar dos registros, uno reporta 18 mil 763 víctimas de homicidio doloso, y el segundo, cuenta 18 mil 312 cuerpos.
Pero el caso de 2014 es peor: mientras una estadística muestra 17 mil 342 víctimas de homicidio doloso, la segunda contabiliza 15 mil 600.
VÍCTIMAS DE OTROS DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA
Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
Luego existe otro factor, “porque nos han confesado algunas fiscalías que, por ejemplo, donde hay un delito que atenta contra la vida de las personas, los intentos de homicidios, al final en esos hechos delictivos, si la persona no pierde la vida en el momento y muere días después, en la estadística no se reclasifica a homicidio doloso, sino permanece como un delito que atenta contra la vida de las personas”, refirió el presidente del Observatorio.
“Y si vemos el crecimiento de esta estadística, es muy importante, lo que supondría que los delincuentes son cada vez menos capaces de cometer un homicidio doloso, o que su intención no es matarlos, sino dañarlos, lo que también es poco probable”.
Las cifras del Secretariado indican que efectivamente, esos “otros delitos que atentan contra la vida” van en aumento en los registros: en 2019 eran 10 mil 219; para 2020 crecieron a 12 mil 237; en 2021 aumentaron a 14 mil 997; y en 2022 llegaron a 15 mil 349.
Lo extraño es que estados como Jalisco registran en cero este delito, y entidades como Baja California, que en 2022 clasificó 2 mil 848 delitos en este apartado, pero en total cuenta 9 mil 602 víctimas de “Otros Delitos que Atentan contra la Vida y la Integridad Corporal” en cuatro años, con lo que tiene la cifra más alta del país en este rubro.
Para contextualizar, ZETA preguntó durante tres días al fiscal central de Baja California, Rafael Orozco Vargas, encargado de remitir las estadísticas a la Federación, cuáles delitos incluía en ese rubro, pero optó por no responder.
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Otros estados que también reportan más de mil de estos “otros” delitos, son Ciudad de México y Querétaro. Mientras Guanajuato parece haber encontrado un nicho de oportunidad, porque de 126 en 2019, aumentó a mil 652 sus “otros delitos” en 2022.
MENOS MUERTOS Y MÁS DESAPARECIDOS
Dentro de estas estadísticas, no se está considerando que sólo en cuatro años de administración han desaparecido más de 57 mil personas, cuando al sumar la incidencia de Calderón y Peña fueron poco más 50 mil desapariciones. O sea, en cuatro años de gestión del actual Presidente hay más desaparecidos que en los 12 de los dos ex mandatarios anteriores, destacó en su informe de enero pasado el Observatorio Nacional.
“Y este dato ni siquiera es del todo correcto, porque las cifras de desaparecidos tienen un problema muy importante, son cifras de tipo saldo”, aclaró Francisco Rivas.
Saldo significa que, si en enero de 2023 se reportan 100 personas desaparecidas y se localizan 20, aunque los encontrados sean desaparecidos del año pasado, en el resultado final de enero aparecerá que sólo restan 80 personas desaparecidas. Además, que no existe el detalle de cuántas de esas personas son encontradas con o sin vida.
“Nosotras estamos cerca de los colectivos que reportan constantemente nuevas desapariciones, sabemos que es un fenómeno que está más presente que nunca, que además se está ampliando en cuanto a terreno, a municipios distintos a los que tradicionalmente concentraban esta problemática, peor ya no nos están queriendo dar la información”, detalló Renata Demichelis, coordinadora de la oficina en México de Elementa DDHH.
“Las fiscalías no han enviado información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En el Registro, actualmente Baja California tiene aproximadamente 2 mil 300 registros, y no puede ser considerada una fuente cercana a la realidad, porque son datos que llegan directos de la Comisión Local y la Comisión Nacional”, ejemplificó la activista respecto a esta entidad federativa, cuyo caso Elementa ha seguido de cerca.
“De acuerdo a información que recibimos de la FGE de Baja California, al cierre de 2021 eran poco más de 14 mil desapariciones, eso evidencia el rezago del Registro Nacional, con el agravante de que el año pasado esa misma fiscalía dejó de respondernos, empezó a evadirnos y nosotros a meter recurso, tratando de actualizar las cifras ‘reales’, total que, en su última respuesta, tuvieron la ocurrencia de mandarnos a consultar el Registro Nacional y hasta la liga nos enviaron en el correo. Incluso, la última vez que nos dieron la información actualizada, notamos una diferencia considerable respecto de la primera, y ahí nos dimos cuenta que habían desaparecido registros. O sea, no es que estén encontrando personas o identificando restos, pero están cerrando, eliminando carpetas.
“Por ese tiempo, el fiscal Ricardo Carpio empezó a declarar que estaban revisando las carpetas y reclasificando los delitos, y los colectivos también nos dijeron en reuniones que les empezaron a pasar sus carpetas a otras fiscalías, como antisecuestros”, recordó Demichelis, pero las estadísticas de secuestros no aumentaron.
HALLAZGOS DE RESTOS HUMANOS Y FOSAS
Tampoco las partes de cuerpos humanos que se localizan se están registrando de manera clara, para considerar que hay una víctima de homicidio doloso, tiene que aparecer cuando menos una cabeza o un torso, y uno de los problemas es que las clasificaciones de estos hallazgos en las fiscalías, no están homologadas.
En algunos casos se habla de restos óseos, en otros utilizan el término osamenta, en otros hallazgos, otros desglosan incluso con el nombre del hueso o la parte del cuerpo localizada, entonces no se puede comparar esa información. Además, no son datos disponibles para el público, deben solicitarse vía Transparencia.
