“Yo siempre decía que antes trabajaba dos semanas para mí y dos semanas para el gobierno; ahora trabajo tres para el gobierno y una para mí”.
Así remató un momento de la entrevista de ZETA el dueño de un modesto negocio de comida ubicado en Bulevar Anáhuac, quien pidió el anonimato para evitar cualquier represalia de la autoridad municipal.
Y es que -asegura- que con dos años de pandemia y de ser víctima de los cobros de “derechos de conexión” de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), y ahora con las rehabilitaciones que llevan meses en el Bulevar Anáhuac, la situación se ha vuelto crítica para su economía, al grado que en diciembre estuvo a punto de cerrar, pese a tener ya muchos años en el negocio.
El 30 de diciembre de 2022, la Dirección de Protección al Ambiente dirigida por Manuel Zamora, llevó a cabo un operativo contra taquerías, pollerías y otros giros de la zona, bajo el argumento de que buscaban reducir la emisión de contaminantes que generan dichos negocios.
La intención fue revisar si contaban con todos los permisos y aditamentos necesarios para cumplir con las medidas ambientales; muchos de ellos se encontraban en regla, pero otros no, incluso uno fue clausurado por la autoridad al -presuntamente- incurrir en varias irregularidades.
Según el director de Protección al Ambiente, de los 28 mil negocios instalados en Mexicali, 26 mil son de competencia municipal y todos deben contar con licencia ambiental. De esos, sólo 2 mil tienen dicho permiso, lo cual representa gran incertidumbre sobre las posibles emisiones que expiden al ambiente negocios de diversos giros, pues si bien, algunos como barberías, tiendas de ropa y otros giros que por lo evidente no requieren una revisión severa, hay otros que no cuentan con mayor información pese a lo delicado de sus emisiones.
Para Alberto Mexía, director de Redspira, las acciones del gobierno municipal en contra de este tipo de emisiones son importantes pero insuficientes, toda vez que existe un problema más severo y estructural en torno a todo tipo de emisiones. Y es que no se puede hacer una política pública ni un trabajo serio en el tema, sí ni siquiera se dimensiona la problemática, puesto que no se cuenta con infraestructura para la medición de partículas suspendidas, toda vez que casi todas las estaciones de monitoreo están averiadas y los sensores de medición sólo analizan las partículas PM2.5, pero se desconocen otro tipo de emisiones.
ES RECAUDATORIO: COMERCIANTES
Aproximadamente 26 mil negocios operan en Mexicali y todos están obligados a contar con una licencia ambiental, asegura el director de Protección al Ambiente, Manuel Zamora, irregularidad que están invitando a solucionar.
En 2020 -año de la pandemia-, de esos negocios, sólo 467 contaban con permisos ambientales municipales para su operación, los cuales revisan si se cuenta con filtros para reducir emisiones, si para su funcionamiento la empresa requiere gas natural o LP, carbón, diésel, gasolina, agua; o bien, si emite algún tipo de contaminación lumínica, descarga de aguas residuales, vibraciones o ruido, entre otros. También cuestiona sobre las medidas que se toman para reducir el impacto al ambiente de todos ellos.
Para 2021 la cifra subió a 554 y el año pasado se regularizaron 2 mil 145 negocios, lo que representa un incremento sustancial no sólo en la revisión, sino en la recaudación, pues los negocios deben pagar en su primer año de 800 a 5 mil pesos, dependiendo el giro que manejen.
Zamora comentó que cuando llegó la actual administración, ningún hotel ni motel contaba con licencias ambientales municipales, salvo las grandes cadenas, pese / a que realizan limpieza constante, cuentan con cierto tipo de iluminación, cocinan, realizan descargas y manejan residuos sólidos.
En el mismo sentido se encontraban negocios del giro de la salud, los cuales ya son regulados por autoridades estatales y federales en torno al manejo de material biológico, pero en otro tipo de residuos como medicamento y demás, el manejo de sus desechos era poco apropiado.
Entre las empresas que más se han regularizado se encuentran restaurantes, negocios de la construcción, gimnasios, lavados de auto, clínicas, jardines de eventos y funerarias -las cuales tampoco tenían medición de emisiones-.
En segundo lugar, se ubican los talleres, ya sean mecánicos, refaccionarias, de pintura, carpintería, eléctricos, de soldadura y vidrieras, principalmente.
En tercer lugar, las tiendas de autoservicio, luego los asaderos, reparación de neumáticos, de abasto y almacenaje, transporte y escuelas.
En el último trimestre del año se endurecieron los operativos, emitiendo 152 sanciones y acciones correctivas; 20 sanciones y ocho acciones correctivas por separado.
Entre las principales empresas sancionadas se encuentran:
– El Crepero del Amor, por no contar con licencia ambiental; se clausuró y multó con 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
– Buffalucas, por no contar con licencia ambiental; se clausuró y multó con 150 UMA
– Nueva Petunia, por no contar con licencia ambiental; se clausuró y multó con 110 UMA
– Chente Produce, por no contar con licencia ambiental; se clausuró y multó con 160 UMA
– Dos negocios de neumáticos, los cuales fueron sancionados con 200 UMA por mantener el lugar en condiciones inapropiadas y sucias.
De acuerdo con el funcionario municipal, en diciembre se hizo un operativo en Bulevar Anáhuac porque los sensores del Ayuntamiento detectaron mayores niveles de contaminantes en dicho punto, y como medida de contención derivada de la crisis ambiental que se vivió durante la temporada navideña en Mexicali, se focalizaron en revisar dicha área.
UNA CARGA MÁS, ASEGURAN PEQUEÑOS COMERCIANTES
En un recorrido realizado por ZETA en diversos puntos de la ciudad, se tomaron testimonios de varios negocios pequeños como pollerías, asaderos, restaurantes que no pertenecen a cámaras de comercio u otras agrupaciones. Ninguno deseó emitir algún comentario oficial por miedo a ser revisado y sancionado por la Dirección de Protección al Ambiente. Reclaman que hace mucho que no se cobraba, pero representa una carga más del gobierno a los negocios que menos tienen.
Uno de ellos tiene 30 años ubicado en una céntrica comunidad de Mexicali y nunca había pensado en cerrar hasta que el año pasado se vio afectado por los cobros de derechos de conexión de la CESPM, los impuestos al SAT, la energía eléctrica, la tarifa de agua y los salarios de sus pocos trabajadores que ante la crisis sortean entre la formalidad y la informalidad.
Se trata de un pequeño negocio que no cuenta con área de mesas para comer, pues todo su servicio es para llevar; tiene a dos trabajadores y a familiares apoyando en el negocio, y aunque no genera residuos sólidos como para llenar un contenedor, el Ayuntamiento de Mexicali le ha exigido contratar una empresa que haga el manejo correspondiente.
Otro negocio de burritos ubicado en los alrededores de Bulevar Anáhuac se vio afectado porque le exigieron instalar filtros y una serie de aditamentos para trabajar sus productos, para así reducir las emisiones a la atmósfera.
El pequeño negocio familiar requiere de 36 mil pesos para cubrir con los compromisos, además de tramitar una licencia ambiental.
“Fui tres veces para tramitar y no me pudieron ayudar; les pedía que me explicaran algunas cosas (en la solicitud y los requisitos), me dijeron que no le explicaban a un niño de primaria”, refirió molesto otro comerciante que fue sancionado por no contar con dicha licencia.
Manuel Zamora reconoció que el trámite ha sido criticado por lo engorroso que era, por lo que actualmente se redujo la solicitud y se simplificaron los términos, además de pedir menos requisitos para regularizar la situación.
Otro de los comerciantes del Bulevar Anáhuac -donde actualmente llevan a cabo reparaciones mayores- dijo que su pequeño negocio de tacos genera menos emisiones que los trabajos de rehabilitación que lleva a cabo la empresa constructora, pero a ellos nadie les dice nada.
Alberto Mexía, de Redspira, consideró que el Ayuntamiento de Mexicali hace bien en revisar el tema, pero la política no debe ser exclusivamente sancionatoria -como ocurrió durante el último trimestre de 2022-, sino preventiva. Es decir, revisar los negocios y capacitar a sus dueños y operadores para que puedan tener un manejo eficiente de sus desechos y emisiones, y la capacidad de tramitar sus permisos.
Varios comerciantes se quejan que resulta muy complicado llenar el formato y cumplir con todos los requisitos, además de que -según uno de ellos- esa documentación terminan dándosela al SAT y al IMSS, lo que representa un severo problema para ellos, que no son comerciantes formales, debido a sus limitados ingresos.
EXISTEN PROBLEMÁTICAS MÁS SEVERAS: REDSPIRA
Alberto Mexía, coordinador de Redspira, agrupación que desde hace cinco años ha mantenido una posición muy crítica pero propositiva para mejorar las condiciones medioambientales de la Capital bajacaliforniana, aseveró los gobiernos no cuentan con medidores aptos para establecer un diagnóstico de la problemática.
En entrevista desde sus oficinas, el empresario indicó a ZETA que la escasa infraestructura de medición de calidad del aire no se ubica en las zonas reconocidas como “puntos rojos”, como el Suroeste de la ciudad, donde se ubican empresas como Zahori, pero aún más destacado, el trabajo de empresas que extraen materiales pétreos de diversos cerros ubicados en los alrededores del Ejido Heriberto Jara.
Las empresas se ubican en ese punto y extraen todo el material posible para su posterior venta, pero nadie los regula.
Una de las pocas estaciones de monitoreo que funciona de forma óptima es la que tiene el Ayuntamiento de Mexicali, pero sólo toma muestras del Centro Cívico, zona de gran movilidad vehicular y peatonal.
Los otros tres medidores se ubican en zonas céntricas, no así en puntos críticos como la Zona Industrial o el propio Suroeste, por lo que las mediciones promedio durante el año, arrojan una calidad en alerta “Amarilla”, considerada “aceptable”.
Mexía agregó que este año se modificará a nivel nacional una serie de normas oficiales mexicanas que volverán más rígidos los intervalos de calidad del aire, lo que quiere decir que este color “amarillo” promedio, empeoraría ante las nuevas restricciones federales.
El coordinador de Redspira fue muy enfático al declarar que desde que llegó la nueva Secretaría de Protección al Ambiente, a cargo de Mónica Vega, la interlocución se ha vuelto imposible y no ha tenido la capacidad de resolver los problemas inmediatos que se tienen, uno de ellos, el análisis histórico de calidad del aire.
Es decir, las plataformas digitales sólo arrojan las condiciones del día, pero no de momentos previos; tampoco se puede revisar el avance en tiempo real, lo que representa un problema en torno a las alertas.
