El Gobierno de México no suministrará recursos económicos a los estados y municipios de la frontera norte para atender las deportaciones inmediatas de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos implementadas por el Gobierno de Estados Unidos.
El 16 de enero, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dio mayores detalles de qué medidas se podrían adoptar para apoyar a las personas que el Gobierno Federal reciba en calidad de deportadas bajo el Título 42, quienes por acuerdo con Estados Unidos, podrán ser hasta 30 mil al mes.
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“Se habló del tema, inclusive está en el comunicado conjunto y ya informó la Secretaría de Relaciones Exteriores”, sostuvo López Obrador, para después remarcar que la administración a su cargo le agradeció al Presidente estadounidense Joseph Biden, ser “el único que en muchos años no ha construido muros en la frontera”.
En la Declaración de Norteamérica (DNA), publicada con motivo de la X Cumbre de Líderes de la Región, México, Estados Unidos y Canadá refrendaron su “compromiso conjunto” de procurar “una migración segura, ordenada y humana”, con acciones encaminadas a acoger e integrar a migrantes y refugiados, además de brindar protección los solicitantes de asilo, entre otras.
El plan del gobierno estadounidense entró en vigor el 6 de enero. Para el martes 17, sólo a la Unidad Deportiva Reforma, a cargo del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, habían arribado alrededor de 500 migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses expulsados de Estados Unidos, según reveló a ZETA el titular de la Dirección de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez.
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Ese día había 287 venezolanos y, conforme a registros de la dependencia, en la Unidad Reforma, en el Ejército de Salvación o en el Centro Carmen Serdán también estaban albergados 48 cubanos, 10 haitianos, 13 nicaragüenses, así como personas de otras nacionalidades, en cuyo caso se trataba de 26 connacionales, un estadounidense, un hondureño y un salvadoreño.
Lucero Vázquez mencionó que en la red de albergues del municipio fronterizo, compuesta de 30 unidades, había aproximadamente 6 mil personas alojadas. Afirmó que con todo y que la estancia de los migrantes no es permanente, pues “constantemente entran y salen”, las unidades “se mantienen a su máxima capacidad”.
Sostuvo que por la vía de los permisos humanitarios únicamente ingresan a EU 200 migrantes al día. “Pero te llegan diario hasta 500, entre los que deportan y los que llegan del sur”, observó.
A su vez, la administradora general del Proyecto Salesiano Tijuana, Claudia Portela, afirmó que los albergues en el municipio están “a capacidad llena” y, con corte al 17 de enero, el registro propio de la asociación daba cuenta de 90 personas atendidas.
DEPORTACIÓN EN AUTOMÁTICO
El nuevo esquema de deportación consiste en aplicar el Título 42 a quienes intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Tal restricción consiste negarles un proceso legal para deportarlos y de esa forma dar paso a su expulsión inmediata, “…además de ciudadanos de otras nacionalidades, los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán retornados a México si intentan entrar sin permiso”, informó el gobierno estadounidense.
En aras de que esos ciudadanos puedan franquear esa medida, la administración de Joseph Biden estableció un nuevo proceso consistente en que los migrantes soliciten ingresar a EU desde sus países de origen, de modo que en caso de prosperar la petición, se desplacen por vía aérea.
“No vengan a la frontera. Quédense donde están, protejan su pasaporte y completen el proceso de solicitud en línea. Postularse para este programa es gratis”, dio cuenta el gobierno estadounidense.
En alusión a ese esquema, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, argumentó que utilizando la vía terrestre, los desplazados se arriesgarían a caer en manos de grupos delictivos dedicados al cruce de indocumentados. “Ahora el corredor de los migrantes es muy difícil, de mucho sufrimiento, lleno de criminalidad”, advirtió.
“HAY QUE VER QUÉ MÁS VA A HACER MÉXICO”: PORTELA
En referencia a las disposiciones anunciadas por Estados Unidos, Claudia Portela profirió que resultan sorprendentes y desoladoras. “Son medidas que nos sorprenden y nos duelen, ya que todas las personas tiene derecho a migrar, y cuando migran, sobre todo estamos hablando de cubanos, nicaragüenses, haitianos, venezolanos también, vienen de algunas situaciones muy problemáticas en su tierra, en su lugar de origen; llegar hasta aquí a la frontera y enterarse que no van a poder cruzar, o como ha pasado, que los recibimos porque ya los interceptaron en territorio estadounidense”, semejante situación “nos duele y también nos desconcierta”, profirió.
Sobre la disposición del Presidente López Obrador a recibir un máximo de 30 mil personas deportadas al mes, la también coordinadora del Desayunador Salesiano Padre Chava expuso que en parte la apertura es favorable.
“Por un lado podemos decir que recibirlos puede ser como una medida realmente humanitaria, qué va a pasar con estas personas. Vamos a darnos cuenta que por ejemplo a los venezolanos (para quienes el Título 42 aplicó desde el año pasado), en su momento les daban una semana de estancia en México. Algo totalmente inapropiado, no podían ni pensar y tenían que salir o pedir un refugio cuando uno tiene que ver qué va a hacer realmente y qué posibilidades tiene. En este caso lo que hemos recibido nosotros, dan un margen aproximadamente de un mes a dos meses para que la persona pueda regularizar su estancia en México o regresar a su país de origen”, indicó.
De cualquier forma, “hay que ver qué más va a hacer México, qué realmente hospitalario y solidario va a ser con estos hermanos de otros países de Latinoamérica que la están pasando fea”. De ahí que subrayara: “Hay que esperar creo que un poquito más, abrir nuestros ojos, también los oídos para escuchar a ver qué más dicen, si es solamente llamarada de petate, te recibo y te trato supuestamente bien y, cuando se baje toda esta ebullición del momento, me olvidé de ti”.
GOBIERNO FEDERAL NO ENTREGARÁ “DINERO POR PERSONA”: DELEGADO
El delegado único federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, reveló que la delegación a su cargo ha concentrado reclamos emitidos por estancias para migrantes en razón de no recibir recurso del gobierno para atender a los desplazados. Aseveró que de cualquier manera, la administración de López Obrador no las apoyará por esa vía.
“Hemos sí, recibido quejas de los albergues, porque quieren más apoyo, te digo sinceramente, les hemos ofrecido el apoyo necesario y no lo han tomado, porque en realidad lo que han pedido a manera de reclamo, argumentando otras cosas, es que se devuelva el programa donde se les entregaba dinero por persona que tenían ahí, y eso no va a suceder”, estableció en conversación telefónica.
Aclaró que para la atención de migrantes en las estancias el gobierno, en cambio puede contribuir con bienes en especie, “y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa que realmente ocupen”, manifestó.
De entrada, dijo, los deportados “que vienen más amolados” pueden albergarse en los centros del migrante, en los cuales “nosotros les ofrecemos, les podemos resolver sus necesidades de avituallamiento, comida, colchonetas, artículos de limpieza, todo eso”.
Igualmente aludió al Centro Carmen Serdán: “Tenemos capacidad para recibir nosotros 850, estamos por ahí en los 500, 850, estamos por ahí en los 500. Pero haciendo unas pequeñas modificaciones, como se hizo en el de Ciudad Juárez, nos podemos ir a mil 500, mil 600”, estimó el funcionario federal.
“ESTADOS UNIDOS HA SIDO UN POCO MÁS SENSIBLE”
Ruiz Uribe negó que con las deportaciones inmediatas se vaya a presentar una situación que salga de control en Baja California. Desde 2017, año en que ciudadanos de Honduras arribaron de manera masiva a la entidad, “no hemos vuelto a tener otra crisis”, resaltó.
Observó que a la par de la aplicación del Título 42, EU actualmente muestra cierto grado de sensibilidad: “Al tiempo que abren esta puerta, o abrimos esta puerta, en común acuerdo con Estados Unidos; Estados Unidos ha sido un poco más sensible y ha abierto la puerta de las visas humanitarias para ciudadanos de estas regiones”.
De modo que “si no se desbordó en el pasado, con cifras pactadas más o menos de forma igual, tampoco va a ocurrir nada extraordinario en esto”, asumió.
El miércoles 18 de enero, el Ayuntamiento de Tijuana informó que por conducto de la Dirección de Atención al Migrante brindó orientación a las primeras personas interesadas en efectuar un trámite de excepción al Título 42 con la aplicación CBP One. Se trata de una modalidad en línea habilitada el 12 de enero por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, “como una medida migratoria para agilizar la entrada”, indicó el gobierno municipal.
Ruiz Uribe dijo que por otro lado, el Gobierno de México apoya con visas de trabajo en el ánimo de que los migrantes se integren al mercado laboral en territorio nacional. Para ello, a los desplazados se les entrega la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Tal como indicó el delegado, los migrantes expulsados tienen la opción de regresar a sus lugares de origen. Ruiz Uribe, mencionó que para ello, el gobierno establece “acuerdos con diferentes organismos internacionales”.
En ese sentido aclaró: “No se patrocina nada, pues cómo vamos a patrocinar el viaje, hay diferentes organismos, nosotros no somos responsables de su expulsión”.
DOBLE DISCURSO
El director de Atención al Migrante admitió que las instancias competentes enfrentan carencias para atender a las personas deportadas y se dijo en descuerdo con la anuencia del Presidente para aceptar máximo 30 mil desplazados al mes por la vía de la expulsión de EU. “Tanto que habla de la soberanía y que no sé qué, y aquí prácticamente se entregó, sabe que no tenemos las condiciones para darles una buena atención”.
Opinó que la política migratoria desde un primer momento “ha estado muy mal manejada”, para luego expresar: “Tanto los migrantes que están aquí y que vienen de Centroamérica, los desplazados, como los que están en Estados Unidos, que les quitaron muchos programas, les quitaron presupuesto de protección, pero pues ni modo, hay un doble discurso; por un lado dicen ‘aquí los vamos a recibir bien, con los brazos abiertos’, pero no, en el submundo está muy difícil”.
Finalmente, criticó que no haya recurso federal para atender la situación: “No hay nada para los albergues, ahí de vez en cuando las ONG los apoyan con insumos, insumos que te duran dos o tres meses, pero del Gobierno Federal no hay nada, ni un centavo, de verdad”.
