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martes, enero 31, 2023
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PE de BC: contratos de hasta 55 meses, más deuda y carga para contribuyentes

El 19 de diciembre está previsto que el pleno del Congreso de Baja California apruebe la Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Egresos 2023 por 73 mil 172 millones 428 mil 92 pesos, así como el decreto para que el Ejecutivo adquiera deuda por 3 mil 500 millones de pesos, a pagarse en 30 años, la cual será utilizada para infraestructura.

Entre los distintos rubros a los que se destinarán recursos, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda pretende constituir un contrato multianual (de hasta 55 meses) por hasta 5 mil 833 millones 338 mil 955 pesos para el programa social de desayunos escolares Pancita Llena, Corazón Contento, a repartir 213 millones 750 mil raciones alimenticias a más de 230 mil estudiantes de 918 escuelas públicas en el Estado durante el periodo de 2023 a 2027.


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El mismo esquema de contratos plurianuales se plantea para proyectos de obra pública en infraestructura, edificación y vialidades para mejorar la movilidad urbana de BC, bajo el argumento de que el esquema plurianual “dará cobertura y calidad en la infraestructura, impulsando en gran medida la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social”.

El monto total en el rubro de infraestructura será de mil 680 millones de pesos en contratos plurianuales (de 52 meses). El puente en Río Nuevo y Eje Central en Mexicali, el Hospital La Morita de Tijuana, así como la construcción de un edificio para la Auditoría Superior del Estado, son algunos de los proyectos contemplados.

En el rubro de infraestructura y sistemas tecnológicos, se darán contratos plurianuales (de 52 meses) por 435.1 millones de pesos para que la Secretaría de Hacienda y el gobierno estatal avancen en la digitalización gubernamental.


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Aunque un objetivo del proyecto del Presupuesto de Egresos es la contención del gasto, en la comparación por capítulos se observa que Servicios Generales ascenderá a 3 mil 283.9 millones de pesos, un incremento del 85%. Bienes Muebles e Inmuebles tendrá un incremento de 312%, al pasar de 38.5 a 158.8 millones de pesos. Mientras que Servicios Personales incrementará 5%, para alcanzar los 15 mil 599.9 millones de pesos.

Por otro lado, el proyecto de Presupuesto contempla crear alrededor de 550 plazas en 13 instituciones estatales. La mayor cantidad está concentrada en la Secretaría de Seguridad Pública, donde se crearán 107 plazas de confianza que “principalmente atenderán el rezago en los Centros de Control y se solicitan 150 plazas de relación administrativa, con una contratación diferenciada para las generaciones que egresarán de la Academia en los meses de julio y diciembre”.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) se crearán 95 plazas (20 de agentes del Ministerio Público, 40 auxiliares del Ministerio Público y 35 peritos). En tanto, 80 plazas serán creadas en la Consejería Jurídica para Defensoría Pública el próximo año.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas tendrá 19 nuevos puestos, y la Secretaría de Bienestar, 14, estas últimas para instaurar los programas Tarjetas Violeta e Ilumina tu Día en zonas de alto rezago social.

Mientras que el incremento en el número de personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (20 plazas) y la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (10 plazas), será para atender a la población de San Felipe y San Quintín.

MAYOR PRESUPUESTO A EDUCACIÓN Y BIENESTAR

El 52% del presupuesto del Estado se proyecta destinar al rubro de bienestar e inclusión social. Ahí destaca un incremento de mil 301 millones 978 mil 608 pesos a la Secretaría de Bienestar, para “fortalecer los apoyos a personas vulnerables”. Con ello, la dependencia encabezada por Netzahualcóyotl Jáuregui tendrá 3 mil 882 millones 124 mil 906 pesos.

Por dependencias, la Secretaría de Educación (21.0%), Bienestar (12.6%), Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (10.1%), Seguridad Ciudadana (5%) y de Hacienda (4.3%), tendrán un mayor incremento presupuestal para 2023.

La FGE contará con 2 mil 440 millones 854 mil 246 pesos, un incremento anual de 3.9%. Y el Poder Judicial, mil 619 millones 174 mil 751 pesos, monto que si bien representa 2.2% más que lo aprobado en 2022, es menor a los mil 785 millones de pesos solicitados.

En contraste, la Oficialía Mayor (-1.3%) y la Secretaría del Agua (-0.80%) tendrán una reducción presupuestal.

GOBIERNO DE BC CAPTARÁ 10 MIL MDP MÁS QUE 2022

La iniciativa de Ley de Ingresos contempla que el año que viene, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda tendrá 10 mil 294 millones 355 mil 771 pesos más que lo aprobado en 2022. Con ello, la cantidad total de ingresos del gobierno sumará 73 mil 172 millones 428 mil 092 pesos.

Dicho incremento está impulsado por una mayor captación de recursos por parte de las Comisiones del Agua (+2 mil 835.6 millones de pesos) por el alza en las tarifas y el costo de algunos de sus servicios, así como por la creación de la segunda sobretasa al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo -vigente desde noviembre pasado-, con la que se estima obtener 2 mil 807 millones de pesos adicionales a 2022.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo incorpora nuevos conceptos de cobro, sobre todo en lo concerniente a derechos. En la FGE se agregó el costo de 50 pesos por la constancia de extravío, y de 150 pesos por la expedición de la constancia de no robo vehicular.

Destacan también las cuotas valuadas en Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el arrastre de vehículos, incluyendo el de bicicleta por 1.75 UMA (alrededor de 168 pesos). El arrastre de automóviles y pick-ups será de 11.40 UMA, equivalentes a más de mil 090 pesos; y el de un auto tractor solo o con remolque, costará 35.10 UMA (más de 3 mil 370 pesos).

Tarifas que aumentarán de 3.51 a 7.02 UMA (aproximadamente entre 337.7 y 675 pesos) si el arrastre requiere maniobras especiales, como el que el automóvil no cuente con llantas, tenga una defensa adaptada a la original –volcadura-, entre otras. De no concretarse el remolque por causas no imputables al servicio de grúa, el costo será de 506 a 837 pesos.

En los servicios que prestan las Oficinas de Recaudación Vehicular se agrega un costo de 200 pesos por la verificación física y validación de documentos del vehículo que amparan la propiedad y su legal estancia en el país al dar de alta la unidad, y hacer el cambio de propietario. Igualmente, 200 pesos costará la validación del registro de vehículos provenientes de otras entidades federativas.

Otro nuevo concepto es el cobro a usuarios que usen la aplicación digital aprobada por el Instituto de Movilidad Sustentable para acceder a los servicios de taxi libre, taxi ejecutivo y taxi, con tarifas desde 5 pesos por un viaje de 0 a 5 kilómetros, a 60 pesos cuando el trayecto exceda los 362 kilómetros. Cancelar el servicio ya sea por parte del usuario o el chofer después de 5 minutos de haber sido aceptado por el conductor, tendría un costo de 25 pesos.

Además, la iniciativa de Ley de Ingresos contempla una “actualización” del 7.70% en el costo de los derechos vehiculares y otros servicios que ya prestan diversas dependencias, en línea con la inflación general anual en México de 7.80% al cierre de noviembre. Ejemplo de ello es la revalidación de la expedición de calcomanía y tarjeta de circulación, que pasaría de 947.99 a mil 20.98 pesos en 2023, tratándose de vehículos particulares y motocicletas. La expedición de placas para automóviles y camiones particulares, costará mil 666.72 pesos; es decir, 119.16 pesos más que en 2022.

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BONO VERDE, DEUDA A 30 AÑOS

Como había anticipado en noviembre el titular de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, el Ejecutivo envió una solicitud al Congreso para emitir bonos bursátiles y/o bancarios por 3 mil 500 millones de pesos.

El financiamiento, a pagar en 30 años, tendrá como fuente de pago el Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal. Se estima que en 2053, cuando se hayan liquidado los 3 mil 500 millones de pesos, el Estado pagaría 6 mil 135 millones de pesos de intereses. El límite para ejercer el financiamiento será al 31 de diciembre de 2023, y éstos podrán estipular un periodo de gracia de 36 meses.

Del total de la deuda, 3 mil millones de pesos se destinarán a 48 proyectos de infraestructura hidráulica y equipamiento, y 500 millones de pesos a inversión pública productiva en seguridad pública, salud, educación, social, y movilidad, con perspectiva de género.

Entre los proyectos a ejecutar por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos -CESPT, CESPTE, CESPM y CESPE- está la reposición y rehabilitación de sistemas de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito (453 millones de pesos, mdp); rehabilitación del Acueducto Río Colorado Tijuana (140.5 mdp); rehabilitación de la planta potabilizadora La Nopalera (24.3 mdp); estudio geohidrológico de perforación exploratoria de nuevas fuentes de abastecimiento subterránea (30 mdp); ampliación para la planta de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas fase 1 (400 mdp) y la reposición del Acueducto Morelos (185 mdp).

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto habían sido convocados a una sesión virtual el miércoles 14 de diciembre para votar el Paquete Económico 2023 enviado por el Ejecutivo, sin embargo, se decretó un receso por prácticamente 24 horas.

Al cierre de edición, el órgano legislativo se aprestaba a votar las opiniones técnicas de la Auditoría Superior del Estado, relativas a la Ley de Ingresos del Estado, Presupuesto de Egresos y el decreto de autorización del llamado Bono Verde.

Cabe recordar que, al 30 de noviembre de 2022, no se había ejercido toda la deuda de largo plazo contratada por la administración de Jaime Bonilla, también para infraestructura, pues se habían ejercido mil 729 millones de los 3 mil millones de pesos solicitados.

El monto total de deuda pública directa del gobierno de BC fue de 15 mil 167 millones 278 mil 509 pesos a noviembre pasado. Para 2023, el gobierno prevé destinar más de 2 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda; un aumento anual del 35%.

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Autor(a)

Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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