La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, precisó el 13 de julio de 2026 que los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, sin acreditar formalmente dicha representación.
Según la mandataria estatal, durante la conversación esas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que ella indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse mediante las vías legales e institucionales correspondientes.
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Ávila Olmeda señaló que se encuentra tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes, al no existir ningún acto irregular que ocultar. Asimismo, explicó que las referencias realizadas respecto a cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y de EE.UU. en materia de seguridad. Dicha colaboración, subrayó, se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio de coordinación y comunicación, pero no de subordinación.
La gobernadora rechazó las interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación y reiteró que continuará concentrada en trabajar en favor de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.
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El posicionamiento se produjo luego de que, el 13 de julio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón publicara en el diario El Universal una nueva grabación en la que un interlocutor, descrito como asesor externo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), comunicó a la gobernadora que las agencias estadounidenses consideraban poco productivas las reuniones previas. Según trascendió en dicha columna, el interlocutor planteó una última oportunidad para dialogar con una procuradora que evaluaría posibles cargos judiciales, y en la grabación la mandataria expresó su disposición a cooperar y a compartir lo que hubiera escuchado en las mesas de seguridad.
Se trata de la segunda grabación difundida por el mismo columnista: la primera se publicó el 21 de junio de 2026, y la gobernadora reconoció entonces la autenticidad del audio, aunque sostuvo que su contenido correspondía a gestiones legales para solicitar la reconsideración de la revocación de su visa estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Ávila Olmeda el 10 de mayo de 2025, después de haber hecho lo propio con la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien fungía como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal.
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En la primera grabación, la gobernadora mencionó la contratación del abogado estadounidense Michael Nadler para atender los trámites jurídicos del caso, aunque posteriormente aclaró que el litigante ya no forma parte de su equipo legal. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el FBI han confirmado oficialmente investigaciones penales, acusaciones formales o procesos judiciales abiertos contra la mandataria bajacaliforniana.
