En Baja California Sur hay instituciones como el Centro de Control y Confianza (C3), que está siendo utilizado al 60% de su capacidad y no está cumpliendo su función de evaluar a servidores públicos a cargo de las corporaciones de seguridad.
En 2021 se aplicaron 882 evaluaciones de Control y Confianza a igual número de elementos; hasta julio iban 643 evaluaciones.
Publicidad
Precisamente por los resultados de seguimiento a la evaluación en control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública hasta el 30 de septiembre de 2022, de 3 mil 038 agentes en todo BCS, sólo el 84% cuenta con una evaluación vigente.
Hay 486 agentes en las calles, atendiendo las denuncias de ciudadanos y “combatiendo la delincuencia” sin ser evaluados.
En marzo de 2020 detuvieron a Luis Fernando, agente de la Policía Municipal de La Paz, en posesión de más de 4 mil dosis de droga en la colonia Paraíso del Sol.
Publicidad
En junio de este año, un elemento de la Marina acribilló a dos de sus compañeros y a una civil en las instalaciones de la Secretaría de Marina en Guerrero Negro, municipio de Mulegé.
El lunes 5 de diciembre, un uniformado de la Municipal de Comondú murió asesinado por Agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otro más resultó lesionado de gravedad, cuando elementos de la Agencia detenían a Juan Manuel Franco Silva “El Alacrán”, imputado por golpear a policías el 25 de septiembre en Bar Michelatos y llegaron los escoltas de Julio Eladio Clavel Nicolás, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Comondú, presuntamente a liberar al sicario.
“Llegaron a respaldarlo y a quererlo quitar a las autoridades, armados con armas largas y cortas, y pues se generó un intercambio, un tiroteo. Estamos investigando porque murió también un Policía Municipal en Ciudad Constitución y otro está muy grave”, reconoció Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur.
Otro ejemplo es el atentado que sufrió una joven en estado de ebriedad que chocó en La Paz el 27 de julio en Abasolo y Navarro, colonia El Manglito. Fue agredida sexualmente mientras era transportada a las oficinas de Tránsito Municipal de La Paz.
Según el informe brindado por la PGJE, los agentes de la Policía paceña Felipe de Jesús “N”, de 47 años, y Alejandro Cuauhtémoc “N”, de 34, abusaron de la joven esa madrugada. Fueron vinculados a proceso a inicios de diciembre.
Son sólo algunos casos graves de policías que pudieran o no haber pasado los exámenes de Control y Confianza, que consisten en evaluación psicológica, médica, examen toxicológico, investigación socioeconómica y polígrafo. Un factor a considerar es que el presupuesto para el C3 ha sido disminuido de 2016 a la fecha, al pasar de un millón 300 mil a 840 mil pesos en 2021; hasta julio apenas iban ejecutados 432 mil pesos.
A la par, se han dejado de aplicar exámenes de Control a los policías, por ejemplo, hay estatales con 10 y hasta 17 años de servicio y solamente han sido evaluados en dos ocasiones; así como agentes municipales con más de 14 años de servicio y una sola evaluación.
POLICÍAS EN LA MIRA
La confianza en el sistema estatal de justicia no es la mejor, por ello se han desarrollado investigaciones por posible corrupción de escoltas de Julio Eladio Clavel Nicolás, director de Seguridad y Tránsito de Comondú. La Fiscalía General de la República (FGR) quedará totalmente a cargo, reconoció el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.
“Decidimos en la Mesa de Seguridad para bien de la investigación, y para que no haya (dudas) si fue un fuego cruzado o hubo confusiones, va a investigar la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, ya lo atrajo la PGR (sic) para evitar que la investigación quede en manos de la procuraduría estatal y/o de la Policía Estatal”, dijo el mandatario.
Este problema no es nuevo. Basta recordar el caso de Comondú, cuando el 31 de enero de 2011, los ex agentes municipales Moctezuma Bareño Arce, el ex comandante Felipe Rodríguez Higuera y Guillermo Aripez Geraldo, montaron un falso retén a bordo de dos patrullas para detener al joven Azael Valtierra Loya, a quien luego entregaron a miembros de la delincuencia organizada que finalmente lo privaron de la vida.
Así también, “El Alacrán” contaba con protección de las fuerzas del orden en ese municipio, tan es así, que el día de su detención llegaron los escoltas del director a tratar de rescatarlo, y una vez ocurrido el enfrentamiento y muerte de un municipal, Clavel Nicolás acudió al sitio para llevarse armas, casquillos y demás evidencia del atentado.
“Una persona generadora de violencia en esa región, originó una respuesta muy dura de parte de quienes lo respaldan, sus cómplices, sus amigos; esta persona ya está detenida, eran los que ocasionaron aquel desorden, recordarán ustedes, donde golpearon a policías, tenía mandamiento judicial”, recordó el gobernador.
En agosto de 2021 fue detenido por agentes de la policía municipal de Los Cabos el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Germán Wong López, servidor público y miembro activo de la Secretaría de Marina; se encontraba bajo los efectos del alcohol y realizando disparos al aire en vía pública. Se le remitió a los separos, donde confrontó a los policías, retándolos “Dele, ándele, péguele”, acompañado de civiles. Inmediatamente fue destituido.
EMITE CEDH RECOMENDACIÓN CONTRA AGENTES
Por si fuera poco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que corporaciones de seguridad son las más denunciadas por atropellar los derechos de las personas.
Las principales quejas van encaminadas por el derecho a la protección contra toda forma de violencia, debida fundamentación y motivación, uso desproporcionado de la fuerza pública, tortura, adecuada administración y procuración de justicia, debida diligencia y detención arbitraria.
En contra de instancias como Procuraduría General de Justicia del Estado, Cereso La Paz, Policía Ministerial, Policía Municipal de La Paz, de Los Cabos, Defensoría Pública, Ayuntamiento de La Paz y Policía Estatal.
“Recibimos 228 quejas, a las cuales se dio trámite, se llevó a cabo una investigación donde también 949 expedientes de asesoría u orientación se aperturaron, ocho recomendaciones fueron emitidas por un servidor a servidores públicos, a instituciones públicas del orden local, del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de los municipios que integran Baja California Sur”, confirmó Elías Camargo, presidente de CEDH.
El 28 de febrero, la Comisión emitió la Recomendación 01/2022, acreditando la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de derecho de acceso a la justicia, derechos a la debida diligencia y a una adecuada administración y procuración de justicia, dirigida a la PGJE.
También, emitió la Recomendación 03/2022, donde se acredita la violación por uso desproporcionado de la fuerza pública al derecho a la protección contra toda forma de violencia, al derecho a la debida diligencia, al derecho a la fundamentación y motivación, al derecho a una adecuada procuración de justicia, y al derecho a la inviolabilidad del domicilio por parte de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz y la PGJE.
“Tenemos que poner el piso más parejo para que las personas que han sido vulneradas, cada vez tengamos más oportunidades en igualdad de condiciones para salir adelante y obtener oportunidades reales para nuestro desarrollo personal”, exhortó Elías Camargo.
En 2021 se hicieron ocho recomendaciones en contra de Policía Estatal, Policía Municipal de La Paz y su unidad de Asuntos Internos; así como la de Mulegé, Los Cabos, y contra el procurador Daniel de la Rosa Anaya; PGJE, la ex alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro; Contraloría de La Paz, de Los Cabos y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
LOS NUEVOS ELEMENTOS
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de fuerza de BCS está conformado por 3 mil 037 elementos de diferentes corporaciones, Seguridad Pública estatal, Prevención y Reinserción Social, Procuración de Justicia y las policías municipales.
Este año se sumaron 151 elementos más que cumplieron con su preparación a través del C3, con una nueva visión humana, honestidad y actitud de servicio, todos contaron con una preparación para salir a las calles a defender a la gente de la delincuencia.
“La Secretaría de Seguridad Pública entrega al Estado de Baja California Sur 151 nuevos elementos, 70 mujeres y 81 hombres que estarán integrando a las filas de la Policía Estatal Preventiva, Policía Penitenciaria y a las policías municipales de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, quienes durante cinco meses fueron adiestrados y capacitados para desempeñar su misión de salvaguarda”, afirmaría Luis Alfredo Cancino Vicente, titular de la Secretaría Seguridad Pública en el Estado.
“Durante el desempeño de sus funciones, se enfrentarán diariamente a un sinfín de dificultades y peligros que estoy seguro, sabrán resolver de manera satisfactoria por la preparación y valores con que cuentan. Es importante que el compromiso que adquieren, venga reforzado con una profesionalización de forma continua, así como del equipamiento y recursos materiales disponibles para el cumplimiento de sus funciones”, agregó el funcionario.
El compromiso de los nuevos oficiales es no caer en la simulación y operar en favor de los ciudadanos:
“Mujeres y hombres que portamos uniformes y tripulamos vehículos oficiales con una renovada investidura de respeto, desde hoy seremos parte de una visión que involucra a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil, donde la voluntad y la actitud de servicio no tiene cabida a la simulación”, exhortó el oficial a cargo del discurso.
