La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó que el XXIV Ayuntamiento le revocará la concesión a dos empresas dedicadas al arrastre y almacenamiento de vehículos.
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En su comparecencia con motivo de la Ley de Ingresos, celebrada este lunes 28 de noviembre en la sede del Congreso del Estado, Caballero Ramírez refirió que próximamente tendrá lugar la revocación de las concesiones en razón de que ambas empresas “no cuentan con los requisitos que exigen la Ley y la ciudadanía”.
Detalló que en el caso de una concesionaria, el trámite de revocación ya está en proceso.
“Es un tema difícil porque se resisten, ya que los concesionarios recientemente han pensado que las concesiones son propias y no son prestadas”, manifestó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto en sesión ampliada a la totalidad de la XXIV Legislatura de Baja California.
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La alusión vino una vez que el diputado de Morena Juan Manuel Molina García observó que en la Ley de Ingresos en cuestión se contemplan “cobros de algunos servicios que seguramente el Ayuntamiento tiene concesionados”.
Afirmó que “en términos de ley la concesión debe de ser prestada al particular en los mismos términos que sí el gobierno lo prestara”.
De ahí que “los costos, condiciones y hasta exenciones que existan en la Ley de Ingresos deben de aplicar al concesionario, porque ese es el derecho del usuario, del contribuyente”, indicó.
“Tratándose de arrastre de vehículos muchas veces se exentan determinados cobros, por ejemplo por arrastres inconclusos, o cuando el vehículo fue reportado como robado y apareció un año después en el corralón, pues dicen no le debes de cobrar (al ciudadano), pero en los particulares sí lo hacen y en otro tipo de servicios también”, explicó.
Sugirió incluir un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de tal suerte que la normatividad aplique al caso de las concesionarias.
En la misma sesión el consejero jurídico del Ayuntamiento, Rodolfo Adame, expuso que ya está en marcha un proceso de intervención y que falta que el cabildo dictamine, de tal suerte que a la empresa en cuestión se le pueda revocar la concesión, “por irregularidades que se han detectado”.
Detalló que la misma Consejería Jurídica denunció ante el síndico procurador, Rafael Leyva Pérez, “otra irregularidad que hay de otro concesionario”.
Especificó que en el caso de un ciudadano que perdió la vida en 2014 y cuyo vehículo fue remolcado, su esposa hizo el reporte correspondiente y que la Fiscalía General del Estado no dio cuenta de la situación.
Mencionó que por la recuperación del vehículo se estaba imponiendo un cobro de 280 mil pesos. De manera que con un recurso de reconsideración el gobierno municipal anuló “todo” en razón de que “no era responsabilidad del ciudadano, pues él reportó dentro del plazo legal (y) la fiscalía nunca reportó”.
Según abundó: “Arrastres lo que quería era rematar ese vehículo, es decir lo tenían sin registro en ningún lado”.
Se pronunció porque la ciudadanía en dado caso pueda proceder con recursos de esa índole, “que están contemplados” y cuya resolución recae en un juez municipal
“En este análisis contractual estamos para que la ciudadanía y ustedes nuestros diputados lo sepan, estamos por revocar dos concesiones próximamente”, recalcó Montserrat Caballero.
Por otro lado, a pregunta del diputado de Morena Sergio Moctezuma Martínez López de cómo destinará los ingresos el XXIV Ayuntamiento en 2023, Caballero Ramírez habló de un apoyo de 30 millones de pesos a personas emprendedoras con el programa Crédito a la palabra; así como de la adquisición de 10 mil lámparas; 60 millones de pesos en infraestructura para el Cañón del Alacrán, en el distrito 9 (Playas de Tijuana), “llevando oportunidades a quien menos tiene no solo de las colonias del este sino de las colonias que ya se determina son de la zona dorada”.
La primera edil además aludió a un “incremento a los industriales y la construcción con un apoyo al 20%”.
El secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Bujanda Ruiz estableció que “la mayoría prácticamente del aumento de las partidas presupuestales van” a la dependencia que él encabeza.
Expuso que para la Dirección de Servicios Públicos se contempló un aumento de 68 millones de pesos destinados a alumbrado público.
El proyecto de Ley de Ingresos 2023, con el que la alcaldesa se propone “robustecer las fuentes de recaudación sin recurrir al incremento desproporcionado o creación de nuevos impuestos”, contempla 9 mil 507 millones 147 mil 028.9 pesos a ejercer.
