En un nuevo revés a la administración pasada de Jaime Bonilla Valdez, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto No. 289 que municipalizaba las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate.
Al analizar las acciones de inconstitucionalidad 119/2021 y su acumulada 128/2021, promovidas por diputados integrantes de la XXIII Legislatura del Congreso local y por el Ejecutivo Federal, el máximo tribunal del país resolvió, con 8 votos a favor y uno en contra, que el Congreso local omitió anunciar a los municipios la sesión en que se iba a discutir el dictamen del Decreto impugnado, a fin de que pudieran enviar a un participante quien, sin voto, colaborara en los trabajos legislativos, tal como lo exige el artículo 30 de la Constitución de Baja California.
“Al omitirse dar intervención a los municipios en el proceso de creación del Decreto controvertido, se cometió una violación el procedimiento legislativo”, determinó el pleno de la SCJN.
Por ello, quedaron sin efecto las reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable y al artículo 38 Bis de la Ley de la Administración Pública, publicadas en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2021.
Los legisladores locales que promovieron la acción inconstitucional ante la SCJN, el 31 de julio de 2021 fueron: Araceli Geraldo Núñez, Juan Melendrez Espinoza, Rosina Del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Miriam Cano Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Evangelina Moreno Guerra, Javier Robles Aguirre y Efrén Moreno Rivera.
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Como se recordará hace casi un año, el 23 de agosto de 2021, la SCJN determinó la suspensión temporal del citado decreto, instruyendo al gobierno estatal a que continuara prestando los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales.
Ello, con el mismo argumento de que los municipios no fueron notificados con al menos cinco días de anticipación sobre las modificaciones a la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable del Estado de Baja California y la Ley de Administración Pública del Estado.
Antes, el 28 de julio de 2022, la mayoría de legisladores de Morena, PT, MC y PVEM aprobaron la iniciativa promovida por Bonilla Valdez para que las Comisiones del Agua pasarán a los municipios. El dictamen contó con 11 votos en contra, 2 de ellos de legisladores de Morena.
