A pesar de presunta corrupción, Seguritech Privada, SA de CV es protegida por el gobierno de Marina Ávila Olmeda. Al igual que “Kiko” Vega, el Estado declaró “reservada” la información por cinco años
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sigue los pasos del último mandatario panista, Francisco Vega de Lamadrid, con la intención de proteger y abrir espacio para beneficiar a la empresa Seguritech Privada, SA de CV, exhibida por ofrecer servicios a sobreprecio y de mala calidad a lo largo de toda la República Mexicana durante la administración del ex mandatario Enrique Peña Nieto.
Tanto los Juzgados federales como el Poder Ejecutivo de Baja California, se encuentran “limpiando” el camino para que el proyecto de instalación de 4 mil cámaras pueda darse con toda la comodidad. El primero decidió desechar los amparos interpuestos contra el Congreso del Estado para celebrar el contrato por actos cometidos en 2018; mientras que el gobierno marinista, reservó por cinco años la información del contrato por el que entregará alrededor de mil 200 millones de pesos a la empresa.
Mediante solicitud de Transparencia foliada con el número 021166022000155 y realizada por ZETA, se intentó tener acceso a una copia del contrato firmado entre el Estado y Seguritech Privada, pero Oficialía Mayor respondió que dichos documentos se reservaron bajo el argumento de que su publicación pondría en riesgo la seguridad del Estado, al tratarse de información sensible.
El mismo argumento ofreció el gobierno panista en 2018 y terminó exhibido, toda vez que su justificación no supera la prueba de daño por el simple hecho que tanto las cámaras como arcos carreteros, se encuentran instalados en vía pública, lo cual quiere decir que es sumamente sencillo tener acceso a sus datos.
Del mismo modo, todo contrato debe -cuando menos- tener una versión pública que sólo elimine la información realmente sensible, y entregar a la ciudadanía la mayor cantidad de datos en aras del acceso a la información.
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Esto ha quedado claro en múltiples litigios ante las instancias encargadas de velar por la transparencia. En otras palabras, Marina del Pilar está siguiendo los pasos de “Kiko” Vega para proteger a la empresa que vendió equipo obsoleto y deficiente, lo cual -sin duda- podría volver a ocurrir, y prefiere ocultarlo en lugar de ofrecer información que ayude -en un tema tan técnico- a obtener las mejores condiciones y el equipo de última generación que requiere la entidad.
No conforme con ello, el 31 de mayo, Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, decidió -luego de cuatro años- desechar la demanda de amparo 1287/2018, interpuesta por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, entonces dirigido por Juan Manuel Hernández Niebla; y por Rodrigo Llantada Ávila, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -hoy fiel amigo de la gobernadora-; Genaro de la Torre Quintanar, Eduardo Castro Jiménez, Marco Navarro Steck y Gilberto Fimbres Hernández, bajo el argumento de que los Consejos Ciudadanos no tenían facultades para pleitos y cobranza, pese a que les reconoció contar -al menos a Hernández Niebla- con poder amplio y de dominio.
Esto pese a que en 2018 les había otorgado la personalidad para hacerlo, según los mismos análisis del amparo, y existen ya jurisprudencias que avalan que, con el simple hecho de contar con un poder y dominio, es suficiente para ejercer facultades de dominio, por lo que -si los interesados desean hacerlo- el caso podría someterse a un Tribunal Colegiado.
Veremos sí los férreos empresarios del último tramo de “Kiko” Vega, vuelven a levantarse en armas en contra de lo que evidentemente es opacidad, abuso y posible quebranto al erario por parte del nuevo gobierno morenista.
Como recordatorio, Seguritech Privada fue fundada en 1995 por Ariel Picker Schartz. En ese entonces se trataba de un pequeño local dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero logró colarse en las administraciones priistas del Estado de México y enriquecerse a costa del “peñismo” mediante múltiples contratos. Sin embargo, no fue hasta su arribo a la Presidencia de la República que vendió el concepto de los proyectos C5i, con el argumento de “modernizar” los sistemas de videovigilancia y arcos carreteros, además de software de última generación para los gobiernos, lo cual resultó falso.
Apenas en 2021, ZETA exhibió en un reportaje llamado “C5i, simulación, opacidad y negocio” que todos los contratos signados por Seguritech estuvieron plagados de abusos y señalamientos de corrupción, además de deficiencias en el proyecto.
“Kiko” Vega peleó a ultranza el negocio de 780 millones de pesos para Seguritech Privada, pero su sucesor, Jaime Bonilla Valdez, decidió congelarlo. Tras dos años, Marina del Pilar Ávila se apuró a volverse complaciente con la empresa y pagarle el contrato de Vega de Lamadrid por un servicio obsoleto. Y de pasada firmar uno nuevo, en el cual compromete aún más las arcas estatales.
