Con motivo de cumplirse dos décadas de la entrada en vigor de las primeras leyes de transparencia en nuestro país, el INAI organizó la conmemoración de esa página de la historia nacional.
En la convocatoria se mencionó lo que a continuación reproducimos.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y entró en vigor un día después de su publicación. Por lo que el 12 de junio del 2022 se cumplirán 20 años del inicio de su vigencia.
La creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aconteció como un acto sin precedentes, que tuvo lugar gracias a la concurrencia de condiciones favorables propiciadas por el proceso de democratización que experimentaba el país.
Esta unión de factores generó una estructura de oportunidades para deliberar y construir consensos en torno a la iniciativa ciudadana presentada por el Grupo Oaxaca. Pero es innegable el hecho histórico documentado, que el impulso y el diseño legal e institucional contenidos en el proyecto aprobado provino de la movilización ciudadana, del trabajo colaborativo y de las ideas promovidas por los académicos, periodistas y editores de periódicos, que, en esa coyuntura política, conformaron el Grupo Oaxaca y presentaron una iniciativa de Ley en materia de transparencia y acceso a la información.
Como consecuencia de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en cada Estado de la República Mexicana se comenzó la discusión para elaborar sus propias leyes locales que garantizarían el acceso a la información pública.
En este sentido, el 26 de abril del año 2002, en las páginas del periódico El Estado de Sinaloa, se emitió el decreto que creó la primera Ley de Acceso a la Información Pública; ley que constaba de 62 artículos, aunque ésta entró en vigor hasta el 27 de abril del 2003. Asimismo, el 16 de diciembre del 2004 el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
De esta manera, a partir de la primera ley y en el lapso de las últimas dos décadas que han discurrido desde entonces, se ha registrado un proceso innovador que ha propiciado un desarrollo normativo progresivo en la materia, así como en relación con las prácticas sociales e institucionales asociadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información, y su tutela por parte del órgano garante.
En ese curso de acción, destacan dos puntos de inflexión:
En primer lugar, el proceso de reforma constitucional del año 2007, que permitió desarrollar de manera más amplia en la narrativa constitucional, el derecho humano de acceso a la información, así como las facultades del órgano garante.
Y en un segundo momento, la reforma constitucional del año 2014, que hizo posible el tratamiento exhaustivo en el texto constitucional de los principios fundamentales relacionados con el derecho humano de acceso a la información y el derecho humano de protección de datos personales (así como el reconocimiento constitucional del carácter autónomo del órgano garante).
Con fundamento en la narrativa constitucional complementada con las reformas del 2014, se habría de aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que, junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las diversas Leyes Locales, constituyen el marco que regula el ejercicio del derecho humano a saber en el país.
Todo es cuestión de entender que no es lo mismo “20 años no es nada”, que “20 años después”.
Alberto Sandoval ha sido educador de adultos, profesor de bachillerato, catedrático universitario, servidor público, conferencista, deportista y activista ciudadano.
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