QUIERE LIBERTAD, DEBE VIDAS

Edición Impresa lunes, 9 mayo, 2022 12:00 PM

Ante una posible enfermedad terminal, Benjamín Arellano Félix pretende obtener una liberación humanitaria, y no pagar la pena de 25 años de prisión en Estados Unidos. De recuperar la libertad, en México le esperan una sentencia de 22 años de cárcel por narcotráfico, una orden de captura por el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo y un proceso por delincuencia organizada. Debe asesinatos como el de Luis Valero, en el atentado contra Jesús Blancornelas, de policías y rivales, cometidos con toda saña. Sus hermanas disfrutan de la fortuna familiar, mientras dos de los varones Arellano están presos, dos muertos y otros dos libres

A 20 años de que fue capturado en Puebla y con una sentencia de 25 años de prisión a cuestas en los Estados Unidos, de la que todavía le falta compurgar 11 años, el narcotraficante Benjamín Arellano Félix, caracterizado por su crueldad y sangre fría para ordenar la muerte de policías y enemigos, ahora pide piedad a la justicia norteamericana, porque ya no puede resistir el encarcelamiento debido a su senilidad y una presunta enfermedad grave.

El hombre de 70 años de edad, nacido el 12 de febrero de 1952, en Culiacán, Sinaloa, solicitó a través de sus defensores una liberación anticipada por razones humanitarias. La misma persona señalada de ejecutar a sus rivales, interpuso el pasado 26 de abril una petición ante la Corte del Distrito Sur de California, para que se le atienda en audiencia y se escuche su moción para ser liberado anticipadamente por “compasión”.

La petición de “El Min” -también conocido con los alias de “El Señor”, “El 76”, “El 7-7”, “El MK”, “Licenciado Sánchez” y “Licenciado Alegría”-, fue clasificada como reservada por parte del aparato judicial estadounidense, pero trascendió en un extracto de la promoción que los abogados pretenden fundamentar la liberación en uno de los artículos del Código de Estados Unidos, según una nota del diario Milenio.

A la fecha, no se conoce el argumento exacto que pretende el matarife y su defensa legal para que le otorguen la preliberación, pero de acuerdo con la legislación estadounidense sólo existen dos razones humanitarias para liberar anticipadamente a un recluso federal: una es si se acredita que padece una enfermedad terminal que le aproxime a la muerte, o una incapacidad mayor que haga incompatible la pena de prisión. Aun así, se estima que es muy difícil que este beneficio sea concedido.

Benjamín Arellano Félix se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario USP Lee, en Virginia Occidental, donde de acuerdo con el Buró de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, el mexicano recuperaría su libertad hasta el 28 de abril de 2033. Al parecer, fue el mismo recluso quien por su propio derecho acudió ante la Corte de Distrito para que atienda su petición, cuando es la institución carcelaria la que de advertir veracidad en el deterioro de la salud del interno, puede convertirse en gestor para tramitar su liberación anticipada.

Según el Manual de Orientación para Presos de la cárcel federal USP Lee, el director emprendería dicha acción si el reo presenta una enfermedad terminal o una condición médica debilitante grave. El funcionario “consultará a la Fiscalía de los Estados Unidos que procesó al preso y, cuidadosamente, sopesará la naturaleza y circunstancias del crimen, el peligro que presentaría el preso para la comunidad si fuese liberado y las recomendaciones del Director Médico, del Director Asistente de Programas Correccionales y del personal”.

“Si el tribunal de sentencias está de acuerdo, el juez emitirá una orden de liberación para el preso, y el preso será liberado al término de liberación supervisado o al tramo de sentencia sin cumplir”, relata el documento de la prisión federal donde se encuentra “El Min”, además de lo previsto en otras legislaciones. Sin embargo, de otorgarse algún tipo de beneficio al narcotraficante sentenciado en abril de 2012 a la pena de 25 años de prisión, más el pago de 100 millones de dólares, no quedaría libre totalmente, pues en México existen causas penales vigentes en su contra.

Ese mismo sujeto que implora misericordia a los estadounidenses, tiene pendientes con la justicia mexicana desde sentencias por cumplir, hasta procesos por reanudar, ordenes de aprehensión por ejecutar y averiguaciones previas por desempolvar por múltiples crímenes cometidos en una época de terror no sólo para la frontera del Noroeste, sino para todo el país, en la década de los 90 e inicios del nuevo milenio; entre esas atrocidades, el atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, director de ZETA, y el asesinato de su escolta Luis Valero Elizalde.

EL JUICIO AMERICANO

Aunque Benjamín Arellano aún era procesado en México y, a la vez, compurgaba penas impuestas por jueces federales mexicanos, la presión de los Estados Unidos se hizo valer y en abril de 2011 “El Min” fue extraditado para que se le juzgara ante la Corte para el Distrito Sur de California por cinco cargos: dos de ellos relacionados con el involucramiento en actividades y asociación delictuosa para cometer delincuencia organizada; otros dos por asociación delictuosa para importar 500 gramos y más de cocaína y 100 kilogramos y más de marihuana; y otro por asociación delictuosa para lavar dinero.

Para que el Juez Federal adscrito a esa Corte librara la orden de aprehensión en contra de Arellano Félix, muchos años atrás, se tomaron en cuenta las declaraciones juradas de David M. Herrard, Agente Especial de la Administración Antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DEA), ante el Juez de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, Estados Unidos de América; y las de cómplices y testigos como Everardo Arturo “Kitty” Páez Martínez, Emilio Valdez Mainero, Germán Núñez Velderraín, Israel Moreno Coronado, Juan F. Beltrán Beltrán, Carlos García Martínez, José Félix Pardo, Roger Claude Sanborn, Óscar Gómez Angarita, Elihud Ochoa Brizuela y Evangelina Casillas Higuera.

También declararon en su contra otros cómplices calificados como menores que participaron en el tráfico de drogas y lavado de dinero imputados al capo, entre ellos, Manuel Garibay Espinoza “El Meño”, Gonzalo Sánchez Castro, Luis Roberto Zapata Buitrón y John Hanna Browfield. Con esos señalamientos se identificó al líder del Cártel de Tijuana como el sujeto que, junto con sus hermanos Eduardo, Ramón y Javier Arellano Félix, desde el año 1986, y al menos hasta el 2002, se asoció, a efecto de cometer diversas conductas ilícitas, entre las que se encontraban el tráfico de marihuana y cocaína a los Estados Unidos de América.

Relata la investigación, que a la misma organización criminal pertenecían otros sujetos, algunos de los cuales ya eran juzgados en suelo norteamericano: Ismael Higuera Guerrero “El Mayel”, Arturo Páez Martínez “Kitty”, Efraín Pérez Pazuengo “El Efra”, Gilberto Higuera Guerrero “El Gil” y Jesús Labra Avilés “El Chuy”, además de otros integrantes del clan como Armando Duarte y Manuel Aguirre “El Caballo”. El objetivo y propósito principal era el trasiego de narcóticos de México a los Estados Unidos de América, y su distribución en ese territorio, aunado a la imputación en ese país por lavado de dinero.

Recluido en el penal federal de máxima seguridad número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde su detención el 9 de marzo de 2002, Benjamín trató por todos los medios legales de librarse de la extradición. Fue el 4 de diciembre de 2003, en el proceso superveniente 97CR2520-K, seguido ante la Corte Federal para el Distrito del Sur de California, cuando el tribunal giró la orden de captura en contra del reclamado. El 28 de febrero de 2008 se firmó la nota diplomática 256, para que el mexicano fuese sometido al procedimiento de extradición.

Ahí se reseñó: “ALBERTO BENJAMÍN ARELLANO FÉLIX es ciudadano mexicano. Nació el 12 de febrero de 1952 en México. Se describe como hispano de tez blanca, mide entre 1.77 y 1.82 metros aproximadamente y pesa 90 kilogramos aproximadamente. Tiene cabello castaño oscuro o negro y ojos color café”.

El gobierno federal procedió a identificarle mediante fotografías y pruebas periciales. “El Min” negaba ser la persona reclamada, pero las fotos tomadas en el Altiplano fueron identificadas por “El Kitty” Páez, Candelario Beltrán Meza, Ezequiel Rodríguez, Germán Núñez, Gabriel Martínez y Carlos García Martínez “Tarzán” y en declaración jurada le señalaron.

Finalmente, Arellano fue extraditado, y en abril de 2012 condenado por la Corte en San Diego, a la pena de 25 años de prisión, y a pagar 100 millones de dólares que habría obtenido como ganancias ilícitas. Desde luego que hubo negociación, pues se calcula que la sanción que pudo habérsele impuesto fluctuaba entre los 50 y los 150 años de encierro, por lo que al final obtuvo una condena reducida. Incluso, se estimaba que en los Estados Unidos, el grupo criminal tenía unos 20 homicidios.

 

LOS PENDIENTES

Con o sin beneficio de liberación anticipada por razones humanitarias, Benjamín Arellano Félix no se libra de enfrentar a la justicia mexicana, por los procesos penales y sentencias que aún están pendientes de ejecutar en territorio nacional; por lo que, ya sea en fecha próxima o hasta el 28 de abril de 2033, como está pronosticado su egreso de la prisión de Virginia, el reo tendrá que ser entregado nuevamente a la Fiscalía General de la República para que se cumplimenten ordenes de aprehensión vigentes y sea puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman.

Uno de los casos más emblemáticos por los que tiene que comparecer ante un juez mexicano es el del asesinato de siete personas en el aeropuerto internacional de Guadalajara, el 24 de mayo de 1993, entre ellas, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El mandato de captura se encuentra radicado en el Juzgado Segundo de lo Criminal del Estado de Jalisco, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio del prelado y las otras personas; homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera; y asociación delictuosa en detrimento de la sociedad.

“El Min” libró los delitos federales derivados del Caso Posadas, como lo son la portación, acopio y almacenamiento de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, los daños en propiedad ajena y los ataques a las vías generales de comunicación, entre otros; sin embargo, la causa penal y la orden de aprehensión se encuentran en el fuero común por el homicidio múltiple que conmocionó a la comunidad católica mundial y ocasionó desestabilización política que visibilizó al Cártel Arellano Félix y al Cártel de Sinaloa.

Con la extradición de Benjamín, también quedó inconcluso un proceso penal en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, por el aseguramiento de un barco tiburonero que a finales de 1999 y principios de 2000 fue objeto de seguimiento en sus travesías por las aguas internacionales del Océano Pacífico, desde Sudamérica hasta Ensenada. Buque y tripulación fueron detenidos al descubrirse varias toneladas de cocaína. De ahí la causa penal 24/2000 en contra de Arellano por delincuencia organizada y delitos contra la salud. El proceso está suspendido.

Además, al ex líder del Cártel de Tijuana le cortaron la ejecución de una sentencia condenatoria de 22 años de prisión dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, en la causa penal 28/97 por delitos contra la salud y asociación delictuosa, derivada de diversos actos ilícitos cometidos en esa década de los noventa. En el mismo fallo fue absuelto del delito de cohecho, derivado del ofrecimiento de soborno por un millón de dólares al General José Luis Chávez, ex delegado de la PGR en Baja California, para que le dejara traficar drogas tranquilamente, lo que el militar rechazó.

Esta resolución ha dado una serie de bandazos, pues a pesar de que Arellano Félix está preso del otro lado de la frontera, sus abogados han insistido en derribar la condena, pensando seguramente en una eventual salida anticipada de su cliente. Y desde 2017 promovieron un amparo directo contra esta sanción, ganando la protección federal para efectos, pero nuevamente volvió a ser condenado en 2018. En 2020 impugnó de nuevo la sentencia en otro amparo directo, y el 8 de julio de 2021, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, en decisión dividida, determinaron amparar a Benjamín.

Tanto el Tribunal Unitario, como el Juzgado de Distrito involucrados en juzgar al narcotraficante, consideran que Benjamín es responsable de asociación delictuosa y delitos contra la salud, y le repitieron la dosis, misma que el Tribunal Colegiado tuvo por cumplida apenas en diciembre reciente. Los defensores de Arellano Félix no se quedaron de brazos cruzados e interpusieron el recurso de inconformidad contra la declaración de cumplimiento el 17 de enero de 2022, por lo que el asunto fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una sentencia condenatoria más fue impuesta al narcotraficante por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que le fueron aseguradas tras su detención el 9 de marzo de 2002, en la ciudad de Puebla. La pena dictada por el Juzgado Segundo de Distrito Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, fue de cinco años cuatro meses de prisión, mismos que fueron cumplidos durante su encarcelamiento en México.

 

JESÚS BLANCORNELAS

Otro asunto pendiente, todavía con mayor impunidad, porque ni siquiera se ejercitó acción penal en contra del referido personaje y no existe una orden de captura en su contra, a pesar de que estuvo nueve años preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el Estado de México, es el del atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, director fundador de ZETA, hace más de 24 años, en la ciudad de Tijuana, caso “peloteado” entre autoridades ministeriales del fuero común y federal.

Sicarios del Cártel Arellano Félix, capturados por diferentes crímenes, más no por el atentado, dijeron lo que sabían y hasta la fecha se conoce como la verdad: El atentado contra Blancornelas -que terminó con el homicidio del asistente y escolta Luis Valero Elizalde-, fue ordenado por Benjamín y sus hermanos Ramón (ya fallecido) y Javier Arellano Félix, también preso actualmente en Estados Unidos. Pese a ello, nunca se judicializó la averiguación previa en contra de ambos hermanos.

De las investigaciones realizadas en ambos lados de la frontera se desprendió que el fallido asesinato del periodista fue encargado por los Arellano Félix a David Barrón Corona “El CH”, amigo personal de los capos y jefe de una célula conformada por pandilleros de la Calle 30 y el barrio Logan de San Diego, entre ellos Marcos Arturo Sánchez Quiñones “El Pato”.

Barrón Corona perdió la vida durante el atentado del 27 de noviembre de 1997 en contra del personal de ZETA, por una bala disparada por sus cómplices, mientras que “El Pato” fue detenido el 24 de abril de 2003 por agentes federales y años después exonerado del homicidio de Valero y la tentativa de asesinato de Blancornelas, por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. “El Pato” fue encontrado responsable de delincuencia organizada al probarse su militancia en el Cártel Arellano Félix y por ese delito le impusieron una condena de 12 años 9 meses de prisión.

Quiñones Sánchez, que estuvo preso en el mismo penal de Almoloya de Juárez y en la misma época que su jefe Benjamín Arellano Félix, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con sede en Guasave, Sinaloa, el 13 de agosto de 2014, según consta en el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/36193/2014. En esa cárcel, “El Pato” tramitó un amparo indirecto para que lo devolvieran al Cefereso 1 del Altiplano, pero mientras se tramitaba el juicio de garantías recuperó su libertad el 5 de diciembre de 2015 “por haber compurgado la pena impuesta”, según informaron autoridades penitenciarias al juez de amparo.

Así como este caso lamentable, hubo muchos otros de impunidad para “El Min”, pues no fue llamado a cuentas, pese a que por lo menos existen indicios y en otros casos señalamientos de su participación como autor intelectual. Entre ellos, el atentado de finales de 1993 en contra del líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes “El señor de los Cielos”, al que una célula del CAF intentó asesinar en un restaurante de la Ciudad de México, sin conseguirlo.

Otra serie de homicidios ocurridos en 1996 siguen impunes: el 17 de abril, fue victimado a balazos junto con dos personas, José Arturo Ochoa Palacios, ex delegado de la Procuraduría General de la República de Baja California; el 22 de julio, en la zona metropolitana de Guadalajara, dos elementos de Inteligencia Militar fueron asesinados de carro a carro frente al panteón privado Colonias; y el 14 de septiembre de ese año, el licenciado y comandante Ernesto Ibarra Santés, subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California y tres de sus agentes, fueron acribillados tras arribar al aeropuerto de la Ciudad de México.

Benjamín es sospechoso de la autoría intelectual del homicidio del licenciado Odín Armando Gutiérrez Rico, ex fiscal especial de la PGJE de Baja California, quien la noche del 3 de enero de 1997 fue asesinado afuera de su casa en un fraccionamiento de Tijuana. Ese año, pero el 27 de noviembre, ocurrió el atentado a Blancornelas y Valero, con toda la impunidad generada.

El 27 de febrero de 2000 fue ordenada la ejecución del director de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, Alfredo de la Torre Márquez, al que sus asesinos, miembros de una célula del Cártel Arellano emboscaron cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre la Vía Rápida Poniente, en esta frontera. Y el 10 de abril siguiente, otro comando asesinó a los agentes del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), de la PGR, José Luis Patiño, Óscar Pompa y el subcomandante de Policía Judicial Federal, Rafael Torres, desbarrancando su vehículo en La Rumorosa. Tiempos violentos que marcaron a Tijuana.

LA CAÍDA DEL CAF

El Cártel Arellano Félix no está aniquilado. Modificado y acotado en sus esquemas, pero aún da signos de vida con sus alianzas, sus trafiques y su violencia. Sin embargo, a partir del año 2000, cuando el 1 de junio las autoridades estadounidenses pusieron en su lista negra de cabecillas del narcotráfico a Benjamín y Ramón Arellano Félix, México se vio presionado a actuar en contra de ellos. El Presidente William Clinton ordenó la designación de varios narcotraficantes mexicanos, entre ellos los del CAF, para que se les sancionara de conformidad con la Ley Kingpin, que ejecuta el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Ramón Arellano Félix fue asesinado el 10 de febrero de 2002, en pleno carnaval de Mazatlán, adonde presuntamente se trasladó “de bajo perfil” con la finalidad de localizar y dar muerte al también narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, elementos de la Policía Ministerial de Sinaloa lo identificaron y se enfrentaron a balazos con el fatal desenlace para el miembro del CAF.

Un mes más tarde, el 9 de marzo, en la ciudad de Puebla, las Fuerzas Armadas localizaron a Benjamín Arellano Félix, que estaba al pendiente de su familia en un coto de la ciudad de Puebla y allí le detuvieron en poder de armas de fuego, acompañado de su fiel escolta Manuel Martínez González “La Mojarra”, quien era rastreado desde meses antes cuando la familia de “El Min” se movía en el estado de Nuevo León. También se asegura que todo el manejo del sepelio de Ramón obligó a Benjamín a cometer algunas indiscreciones, que fueron canalizadas por el gobierno para ubicarlo.

Por su parte, Javier Arellano Félix “El Trigrillo”, el menor de la familia, fue detenido en 2006 en aguas internacionales por la Patrulla Costera estadounidense, por lo que fue recluido en ese país, donde se declaró culpable por los cargos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, lo que le valió ser condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Sin embargo, en junio de 2015, un juez federal de ese país redujo la condena por aportar “información confidencial clave” en la lucha contra del narcotráfico, a 282 meses de cárcel (23 años y medio). Podría ser liberado en el 2030.

El 30 de octubre de 2008 fue detenido Eduardo Arellano Félix “El Doctor” o “El Gualín”, quien contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos, procedimiento que culminó con su entrega a ese país el último día de agosto de 2012. Allá fue condenado en agosto de 2013 a 15 años de prisión por dos de siete cargos que pesaban en su contra por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas. Fue liberado el 18 de agosto de 2021, y luego de seis días fue deportado a México, donde le ejecutaron una orden de captura por delincuencia organizada y le volvieron a encarcelar en el penal del Altiplano.

Francisco Rafael Arellano, el mayor de los hermanos, fue asesinado la noche del 18 de octubre de 2013 cuando celebraba una fiesta en unas suites de lujo de cabo San Lucas, a seis días de cumplir 64 años de edad. El hombre, que usaba un bisoñé, estuvo preso entre 1994 y 2008, principalmente en los Estados Unidos. Fue el primer miembro de la familia en tener antecedentes penales, después de que el 13 de abril de 1978 fue detenido por tráfico de drogas en Tijuana. Un sujeto vestido de payaso lo mató de un balazo durante el festejo, al que asistieron importantes personajes del espectáculo y del deporte.

Otro heredero, Fernando Sánchez Arellano, quien lideró al CAF en la segunda mitad de la primera década del nuevo milenio, también fue apresado en junio de 2014 y actualmente se halla internado en el penal del Altiplano, cerca de su tío Eduardo. Otros hermanos de Benjamín, como Carlos Alberto y Fernando Arellano Félix, al parecer se mantienen al margen de actividades criminales. Y las hermanas, Alicia María, Norma Isabel y Enedina, permanecen en el anonimato, aunque desde hace varios años se asegura que la última de ellas es quien dirige las riendas administrativamente de la organización delictiva. Las tres hermanas también disfrutan de la fortuna que tantas muertes ha dejado en México.

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