La denuncia por abuso sexual contra Juan Pérez
se interpuso en 2021. A la par de la investigación,
diputados iniciaron un proceso para desaforar
al morenista
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) confirmó a medios de comunicación que se entregó al Congreso local la declaración de procedencia en contra del diputado Juan Pérez Cayetano (Morena), acusado de abuso sexual cometido en contra de la ex regidora del municipio de Los Cabos, Georgina Roldán.
La declaración de procedencia es parte del procedimiento que corresponde a la denuncia por abuso sexual ahora que llegó ante un juez. Con esto, las y los diputados de la XVI Legislatura deberán definir si quitan o no el fuero constitucional a Pérez Cayetano.
El 6 de mayo, autoridades del Congreso del Estado de Baja California Sur recibieron la solicitud para que inicie el desafuero.
Cuando la carpeta de investigación en contra de Pérez Cayetano se encontraba prácticamente integrada, el titular de la PGJEBCS, Daniel de la Rosa Anaya, expuso que era necesario que el Congreso definiera sobre la protección con la que goza el legislador.
“Sin embargo, en este caso en particular no hay impunidad, se va a proceder conforme al procedimiento establecido legalmente tanto en la Constitución, como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales”, advertiría el procurador.
Es prácticamente un juicio que hará el Pleno de la XVI Legislatura, y de proceder el desafuero, el caso se llevará ante el Juez de Control correspondiente.
Debido a que el abuso sexual no es un delito en el que se aplique prisión preventiva, excepto cuando las víctimas son menores de edad, Pérez Cayetano podrá llevar el proceso en libertad, ya que no girarán orden de aprehensión.
DICTAMEN TARDARÁ HASTA 60 DÍAS HÁBILES
José María Avilés Castro, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, confirmó a medios de comunicación que recibieron la solicitud de la PGJEBCS, no obstante, adelantó que no es un proceso expedito y podría tardar hasta 60 días hábiles.
Expuso que se basarán en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, que señala el procedimiento para el juicio de procedencia o de retiro de fuero, o en su caso, de juicio político.
Por otra parte, detalló que La Ley Orgánica del Congreso del Estado establece la conformación de una comisión instructora integrada por un presidente y dos secretarios, la cual deberá ser propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
La comisión tendrá desde 45 hasta 60 días para emitir un dictamen y conclusiones sobre el desafuero de Juan Pérez Cayetano. Para ello, podrá auxiliarse del juez de la causa para la solicitud de documentos y pruebas. También darán un espacio al legislador imputado para que defienda su inocencia.
Una vez elaborado el dictamen, llevarán a cabo una sesión secreta con la presencia de Pérez Cayetano y la víctima, para definir si se retira o no el fuero constitucional.
“Según la Ley, corresponde que nos alleguemos en este periodo, si lo consideramos pertinente, todos los medios, documentos o pruebas necesarias para poder en un momento dado concluir si existe una responsabilidad o una presunta responsabilidad del imputado, para que en su momento el fuero sea retirado y pueda continuar un proceso en la Procuraduría de Justicia”, dijo.
De acuerdo con el morenista, no será labor de las y los diputados definir si su compañero de partido es culpable o no, sino observar, leer y documentar con la carpeta de investigación si hay o no indicios de la comisión de un delito y su presunta responsabilidad.
“No creo que nos llevemos los 60 días, creo que podemos trabajar de una manera en que podamos acortar ese tiempo. Planteo que la Ley así establece esa temporalidad”, aseguró, por lo cual buscarán que la comisión instructora esté integrada por legisladores de todas las fracciones del Congreso, ya que una conformación plural para un tema de este tipo, “es lo más sano”.
Para finalizar, Avilés Castro refirió: “Tendremos aun en estos momentos que atender lo que dice la Ley, y disponernos a conformar esta comisión de procedencia. Hay la presunción de inocencia, sin embargo, habremos de actuar con toda honestidad”.
LOS HECHOS
El 15 de marzo, Georgina Roldán llevó a cabo una manifestación durante la sesión solemne del arranque del segundo periodo ordinario de la XVI Legislatura, exigiendo a su presunto agresor que renunciara o pidiera licencia para que la enfrentara en la PGJE.
Fue en 2021 cuando la agresión ocurrió en la ciudad de La Paz, en casa del legislador. Anticipó que no regalará más su silencio y que su lucha es por todas las víctimas que no han tenido el valor de exigir justicia.
“Lo que único que quiero es que tenga tantita madre, que pida licencia y renuncie a su cargo, no se vale que se escude en el fuero que le da estar ahí en el poder. Que salga y que estemos a la par”, gritó Georgina a Pérez Cayetano en su protesta.
Pidió la sororidad de cada una de las legisladoras que hoy son mayoría en el Congreso del Estado, para que su caso no quede en la impunidad.
ZETA buscó réplica de Pérez Cayetano ante el inicio del proceso, sin embargo, no ha acudido a sesiones públicas desde inicios de mayo por una operación en la columna.
“Amigos y amigas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes sus buenos deseos y sus muestras de afecto, gracias por preocuparse en este proceso que lleve a cabo por mi salud, y de igual manera agradecerle a los doctores #JaimeCamacho y #Agabus quienes me atendieron y cuidaron de mi salud como los profesionales que son, seguiremos trabajando #JuntosPorUnMejorBCS y luchando por nuestra gente”, escribió en sus redes sociales el legislador, el mismo día que se dio a conocer la solicitud de procedencia de la procuraduría estatal.
A través de mensajes, Pérez Cayetano respondió a ZETA que por el momento no hay ninguna réplica y que más adelante dará sus declaraciones.
Tras las manifestaciones del 15 de marzo que llevó a cabo Georgina Roldán, Pérez Cayetano aseguró que no había ningún proceso en su contra y negó que el fuero constitucional lo proteja de cualquier acción de la PGJE sudcaliforniana.
Se dijo dispuesto a acudir ante las autoridades, e inocente de las acusaciones que Roldán hizo en su contra “porque no hay nada, imagínense que creamos todo lo que se diga en las redes sociales; todos tenemos derecho a proceder con alguna denuncia, pero hasta que la autoridad notifique o sepan, ya podemos hacer”, declaró en su momento.
TARDARON 10 DÍAS EN INSTALAR COMISIÓN
Más de una semana tardaron las y los diputados de la XVI Legislatura en instalar la comisión instructora. En sesión secreta, definieron que este órgano estará integrado de la siguiente manera:
Presidente: diputada María Guadalupe Moreno Higuera (Morena).
Secretaria: Blanca Belia Márquez Aguilar (PAN).
Secretario: Luis Armando Díaz (PT).
“La temporalidad inicia desde el momento en que la comisión se integre, la Ley contempla 45 días hábiles y un adicional de 15 días hábiles que pudiera ser. Creemos que se pudiera resolver antes, no lo podemos definir con precisión porque eso va a depender de lo que vea la Comisión en el expediente”, afirmó el diputado José María Avilés.
Recordó que existen antecedentes de juicio político y de declaración de procedencia en el Congreso de Baja California Sur, sin embargo, no prosperaron.
Asimismo, no aseguró que el tema quede resuelto antes de que termine el segundo periodo ordinario, por lo que no hay garantía de que el desafuero se herede al tercer periodo, que inicia hasta septiembre de 2022.
Por su parte, la diputada presidente de la Mesa Directiva, Gabriela Montoya (PT), negó que el estado de salud del Pérez Cayetano entorpezca el proceso que ya inició con la instalación de la comisión.
“Tratar de que sea lo que pasó, lo que se necesita realmente y no estar a favor de nadie. Todos como personas tenemos derecho a defendernos, a ser juzgados. Nosotros lo haremos con la más profunda transparencia”, expresó.
