El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon, aseveró que especialistas afirmaron encontrar un sobreprecio del 200 por ciento en el proyecto presentado por Next Energy y firmado por varios funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Como el contrato más parcial que ha tenido la oportunidad de observar en sus 30 años de ejercicio de su profesión, es como calificó el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, el que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, signó con la empresa Next Energy, con lo que se podría generar un daño patrimonial de hasta 12 mil millones de pesos, según estimaciones del propio Estado.
Lo anterior fue dado a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por Moreno Mexía y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon, quienes anunciaron la presentación de una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de funcionarios de la pasada administración que titularon la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Agua, la Comisión Estatal del Agua, entre otras dependencias.
Fue precisamente Juan José Pon, quien aseguró que los estudios realizados por la Consejería y un despacho privado que se encuentra apoyando al Gobierno del Estado, sugieren que hubo un sobreprecio en el proyecto de hasta el 200 por ciento, por lo que era necesario detener el proyecto, pues sería desastroso para las arcas públicas.
Los delitos que probablemente se cometieron son:
Abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades
Coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público falsedad de las autoridades
Moreno Mexía, por su parte, aseveró que son 7 funcionarios involucrados en la denuncia y otros 7 personas del sector privado, los cuales formarían parte de la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo.
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Entre las principales irregularidades que detectaron en el proyecto es que los avances que la empresa afirma tener no pudieron constatarse en el sitio donde se está construyendo, a la altura del kilómetro 26 de la carretera a San Felipe.
Del mismo modo, comentó que el domicilio que dio la empresa como supuesto sitio de operaciones, es un domicilio en desuso, además de que durante todo el análisis no hubo evidencia de que dicha empresa se dedicara al giro de las energías limpias.
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Para empeorar el contrato, la empresa Next Energy le quitó la facultad de evaluar los avances de la empresa y se los otorgó a un despacho privado y contratado por Next Energy para determinarlo, lo que evidentemente es una irregularidad.
Moreno Mexía comentó que ya hubo un daño patrimonial porque durante el primer mes del año se retuvo directamente de participaciones federales un recurso de 123 millones de pesos que fueron a dar a un fideicomiso en favor de la empresa, y en el mes de febrero llegó otra factura, pero esta se logró evitar mediante una suspensión provisional otorgada por la justicia federal.
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