Con más de tres años de operación, el Poder Legislativo aún tiene deudas importantes con el Sistema Anticorrupción. Guillermo Lara tendrá la enmienda de enfocar y fortalecer las políticas que permitan al organismo operar para sancionar la corrupción y, al mismo tiempo, presionar al Congreso para emitir la convocatoria para elegir al fiscal
Guillermo Lara Morales tomó protesta como el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Luego de tres años con operaciones complicadas por la falta de presupuesto, contempla un periodo de trabajo para mejorar los niveles de transparencia en la entidad y encaminar la estructura del organismo hacia las sanciones y vigilancia de las y los funcionarios.
Tras negociaciones, el Sistema logró estabilizar el presupuesto con una ampliación de hasta 10 millones 425 mil pesos. Lara Morales comenta que la intención es aplicar el recurso en los ejes transversales de la política estatal anticorrupción: combatir la corrupción, la impunidad, la discrecionalidad, el abuso de poder, la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, e involucrar a la sociedad y al sector privado.
Entre las tareas que aplicarán en este año que le tocará estar al frente del CPC, comparte que buscarán construir una red de participación ciudadana y consolidar una plataforma estatal anticorrupción que permita aplicar los ejes transversales.
Dentro de las prioridades está la construcción de la plataforma digital estatal que va a estar ligada a la plataforma del sistema nacional anticorrupción, donde integrarán base de datos que viertan la información de servidores públicos, así como la declaración patrimonial, de intereses y la fiscal.
“Hoy por hoy sentimos que hay un desahogo en ese sentido y nos va a permitir lograrlo incluyendo la construcción de la plataforma digital, que no costará más de medio millón de pesos para desarrollarla”, dijo.
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Otro de los objetivos será la creación de un padrón de servidores públicos en el estado que realicen contrataciones, para vigilar que no haya abusos de poder y que se enriquezcan a través de los puertos donde se realizan las licitaciones públicas.
Asimismo, asegura que iniciarán los trabajos para las reformas legislativas para la creación del sistema estatal del servicio profesional de carrera de la administración pública descentralizada y centralizada y los municipios de Baja California Sur.
Actualmente existe una deuda por parte del Congreso del Estado para el nombramiento del fiscal anticorrupción y elegir a dos integrantes que faltan en el CPC. Estas tareas se detuvieron por las anomalías y torpezas de la anterior legislatura que llevó sus conflictos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, expone que ya es momento de finiquitarlas.
Por ello, exhortó y solicitó a la actual diputada presidenta de la Mesa Directiva, Marbella González Díaz, que realice la integración de la Comisión de Selección para que, a su vez, se emita la convocatoria para la elección del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
“Que dé cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en los artículos 84 y 85. Al mismo tiempo les pido que vuelvan a emitir por segunda ocasión la convocatoria para elegir a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Toda vez que al día de hoy nos faltan dos elementos que forman parte del Comité. Están vacantes y es urgente que se forme la Comisión de Selección”, expuso.
