La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, este martes 14 de diciembre, la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de que otorgó una suspensión que evita que la información sobre las obras del Gobierno de México sea reservada, permitiendo, mientras tanto, su ejecución.
“Se concede la suspensión al INAI en los términos y para los efectos en la parte denominada Apartado Primero, es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, informó la SCJN.
La resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -no se dice quién- establece que la suspensión en el Segundo Apartado surtirá efectos inmediatos. Sin embargo, negó que la misma esté relacionada con las acciones indicadas respecto a los proyectos y obras del Gobierno de México.
“Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada Apartado Segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el Acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”, detalló la SCJN.
La determinación estará vigente mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve si el Acuerdo del titular del Poder Ejecutivo -conocido como “decretazo” y publicado el pasado 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)-, es constitucional o no.
La @SCJN suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal.
La medida cautelar sólo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de dichos proyectos. pic.twitter.com/PZ06BNQX98— Eduardo Murillo (@emtdf) December 14, 2021
En el oficio INAI/DGAJ/2637/2021, el órgano constitucional autónomo argumentó que el titular del Poder Ejecutivo Federal no cuenta con atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público o de seguridad nacional, sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia.
En su argumentación, el INAI afirmó, además, que el Acuerdo vulnera el derecho a la información. Asimismo, indicó que catalogar las obras como “de seguridad nacional”, es acto que más allá de su inconstitucionalidad, “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.
Aunado a lo anterior, los comisionados del Pleno del INAI aclararon que el Instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, consideran que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional.
Sin embargo, los comisionados advierten que, en el ejercicio de sus funciones, el INAI está comprometido con el Estado de Derecho y con el debido cumplimiento a las normas que rigen el actuar de cualquier autoridad pública, en cualquier tiempo y materia, “máxime si tienen el potencial de vulnerar los derechos que tutela, como en el caso, el derecho de acceso a la información pública”.
En la demanda se establece que con el Acuerdo, la autoridades demandadas “desbordaron sus facultades”, además de invadieron “la esfera de competencias de este órgano constitucional autónomo, existiendo, un principio de afectación a la esfera de atribuciones conferidas a este Instituto por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Ante ello, el INAI solicitó a la SCJN se pronuncie sobre si el Acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita, una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI; y, si se encuentra debidamente motivado en la Constitución.
El Instituto también solicitó a la SCJN, pronunciarse respecto a si el esquema de autorizaciones provisionales irrumpe en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva; si el Acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano; y el incumplimiento a las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.
IMPROCEDENTE QUE SENADO PRESENTE CONTROVERSIA CONTRA ACUERDO PARA OBRAS DE AMLO: SÁNCHEZ CORDERO
El pasado 7 de septiembre, Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que era improcedente que la Cámara alta del Congreso de la Unión la presente una controversia constitucional contra el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.
La ministra en retiro explicó que según con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se concluyó que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo solicitaron al menos 53 senadores de oposición, desde el pasado 25 de noviembre.
La también senadora del grupo parlamentario de Morena explicó que a pesar de esta postura, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial, ya que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
“La Presidencia del Senado representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”, escribió Sánchez Cordero en su cuenta de la red social Twitter.
Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. 1/4 pic.twitter.com/C0UILr7l4B
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.
Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. 2/4— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.3/4
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
La presidencia del @senadomexicano representa la unidad.
Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos. 4/4— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
El pasado 25 de noviembre, un grupo de 53 senadores presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión, una petición formal para que se interpusiera una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En una respuesta inicial, Sánchez Cordero Dávila informó que sometería la solicitud a consideración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, ya que argumentó, tenia “serias dudas” respecto al interés y la legitimación del Senado para presentar dicho recurso ante la SCJN.
ACUERDO POR OBRAS ES PARA QUE ADVERSARIOS NO PUEDAN DETENERLAS, DICE AMLO
El pasado 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que el órgano constitucional autónomo envió a la SCJN una controversia constitucional, tras el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.
El mandatario nacional aseguró que el INAI no ha hecho “nada” por combatir la corrupción, ello a pesar de que tiene un presupuesto de mil millones de pesos al año. Por otra parte, justificó el acuerdo, al considerar que se trata de impedir que sus opositores pongan más obstáculos a sus proyectos.
“No hay ningún problema y pues ya sabemos, todos estos organismos creados para simular, cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado, no se acuerdan que este organismo de Claudio X. [González Guajardo] promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto, nada más que no pudieron, pero ¿qué tal que ahora inventen otra violación a los derechos de los machuchones y le conceda el amparo un juez?”, criticó.
“Ese organismo que menciono, durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su su conferencia de prensa matutina.
“Ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el Gobierno de Vicente Fox [Quesada], esa fue la primera actuación de ese Instituto para la transparencia. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht, de la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el Gobierno de [Felipe] Calderón [Hinojosa] y de [Enrique] Peña Nieto”, comentó.
“Lo otro es natural, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, señaló el político tabasqueño.
“Entonces ahora son con nosotros [los del INAI] muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es transparencia completa, plena porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada. Ahora dicen con este acuerdo que queremos ocultar información, creen que somos iguales, pues no”, agregó.
“Lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó el presidente.
El pasado 23 de noviembre, tras analizar los alcances del acuerdo presidencial publicado por el mandatario nacional un día antes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pleno del INAI determinó presentar una controversia ante la SCJN, al considerar que el decreto presidencial transgrede la Constitución.
“El Instituto buscará evitar que no se interprete que se puede reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo”, señaló el INAI, que además analiza si el decreto vulnera el acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
“Luego de analizar los alcances del acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, anunció el organismo en un comunicado.
El INAI consideró que se advierte una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, argumentó el Instituto.
Asimismo, el INAI explicó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de ayer martes 23 de noviembre, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. Según precisó, durante los próximos días, el Pleno del Instituto aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
🔶 INAI prepara controversia constitucional ante la @SCJN en contra del Acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional. #INAIalMomento https://t.co/cBEc7rFg7C pic.twitter.com/8b9NgafW05
— INAI (@INAImexico) November 23, 2021
Por su parte, la coalición legislativa opositora “Va por México” -conformada entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)-, también anunció que presentaría ante la SCJN una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador.
En conferencia de prensa, los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; del PRI, Rubén Moreira Valdez; y del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro; cuestionaron la constitucionalidad del “decretazo” y expresaron su preocupación por la opacidad en los proyectos emblemáticos de la llamada cuarta transformación.
Todos tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos públicos, pero cuando se trate de obras de interés público o de seguridad nacional podrán reservarse. Este decretazo es evidentemente inconstitucional e ilegal y atenta contra el derecho a la transparencia.
📹 @JorgeRoHe pic.twitter.com/YWbagsvwia
— Diputados PAN (@diputadospan) November 23, 2021
ACUERDO DE OBRAS ES PARA AGILIZAR TRÁMITES, NO PARA OCULTAR INFORMACIÓN, AFIRMA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el pasado 23 de noviembre, que el decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, es un acuerdo para agilizar trámites y no se detenga la construcción de las obras.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que las dependencias e instituciones del Estado están regidas por principios de honestidad, justicia, por lo que pidió tener confianza en ellas.
Además, dijo que lo publicado el pasado 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no es un decreto, “no alcanza esa figura”, sino solo es un “acuerdo”, dirigido únicamente para asuntos internos de la Administración Pública.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”, indicó el mandatario nacional.
“Para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, agregó el político tabasqueño.
“EN el entendido de que las empresas, las dependencias del Gobierno Federal pues están regidas por principios como protección al medio ambiente, justicia, y se les tiene que dar facilidades y se le tiene que dar confianza”, comentó López Obrador.
El presidente afirmó que se trata de un asunto interno entre dependencias. “Que Medio Ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a FONATUR, para que tengan un tramo y no se detenga en la obra”, añadió.
“Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, que no haya transparencia, que no haya honestidad”, insistió el mandatario nacional.
“Se imaginan si Claudio X. González [Guajardo] y el ministro [José Ramón] Cossío [Díaz] meten un amparo para frenar el Aeropuerto de Santa Lucía?”, comentó el presidente de la República.
“Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Ya están ellos suponiendo […] de que es para ocultar información y para que no haya transparencia, así son los conservadores, les gusta mucho o su doctrina es esa cosa y esa cosa es la hipocresía”, abundó.
“Aclarar que es un acuerdo y que todos en este Gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad. Cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho. Porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear a manos llenas y ahora no pueden ni podrán”, finalizó.
López Obrador emitió, el pasado 22 de noviembre, un decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.
Además de aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
El decreto instruye a las dependencias y entidades gubernamentales otorgar la autorización provisional para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados (entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles).
El documento precisó que la autorización provisional -con vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la definitiva-, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles, y transcurrido ese tiempo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
El decreto -que fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF)- que consta de tres artículos y que entrará en vigor mañana martes 23 de noviembre, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual Administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El presidente López Obrador justificó que su decisión se basa en el artículo 26 de la Constitución, debido a que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.
“Los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”, añadió el mandatario nacional.
LA AUTORIZACIÓN PARA LOS DICTÁMENES, PERMISOS O LICENCIAS
El acuerdo e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.
Y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Además del titular del Poder Ejecutivo Federal, el acuerdo fue firmado por los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público, Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Así como los titulares de las secretarías de Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura; y, Turismo.
