El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra 6 consejeros y un secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por posponer la revocación de mandato, según el periódico El Universal.
La denuncia penal acusa al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. y a los consejeros electorales Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina de haber cometido el delito de “coalición de servidores públicos y lo que resulte” en agravio del servicio público federal y la afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se debe observar en el desempeño de sus cargos.
Según el rotativo de la capital mexicana, la demanda fue interpuesta el 22 de diciembre de 2021, y la Fiscalía General de la República -de Alejandro Gertz Manero- acusó de recibo a las 12:48 horas de ayer.
Ayer mismo, también el abogado de la Cámara de Diputados, Genaro Vázquez, presentó un recurso de queja ante el Órgano Interno de Control del INE en contra de los citados funcionarios por su presunta falta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Hago de su conocimiento hechos que constituyen faltas administrativas que, en su carácter de servidores públicos han desplegado los CC. Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez en su carácter de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ante la afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”.
De proceder la queja -dirigida a Jesús George Zamora- los consejeros electorales podrían recibir desde una amonestación hasta destitución e inhabilitación del cargo, así como sanciones económicas.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara una suspensión impulsada por la Cámara de Diputados, para que el Instituto Nacional Electoral se abstenga de ejecutar el acuerdo con el que pretendía posponer el proceso de revocación de mandato del presidente de la república, Gutiérrez Luna celebró la decisión del máximo tribunal del país.
En su cuenta de Twitter, el legislador morenista escribió: “Acabamos de recibir notificación de la @SCJN: nos da la razón, concedieron la suspensión que solicitamos en contra del acuerdo del INE. El proceso de revocación de mandato CONTINUARÁ en TODAS sus fases, en términos de la Ley de Revocación y el Presupuesto de Egresos”.
INE ACATARÁ RESOLUCIÓN DE SCJN
En entrevista con Milenio, la consejera electoral Dania Ravel dijo que las áreas técnicas del INE deberán presentar -en las próximas horas- al Consejo General “todos los escenarios posibles” para acatar la orden de la SCJN y continuar con la revocación de mandato.
Afirmó que “el INE no ha violado ningún derecho político, que también son derechos humanos que en este caso en específico es el derecho de participación de la ciudadanía a un proceso de democracia directa, porque como ya lo decía el ministro instructor del primer incidente González Alcántara Carrancá, él no concedió la suspensión porque la revocación de mandato es un hecho futuro e incierto”
Esto último, toda vez que se requieren 2.5 millones de firmas ciudadanas para que se lleve a cabo. De modo que “no se puede dar por sentado que existe una afectación a un derecho, es una expectativa de derecho, es algo que todavía no se concreta y por tanto, no existe todavía ese derecho real de que se tenga que hacer porque hay un mandato de la ciudadanía”.
En ese sentido, indicó que la expectativa de que pueda concretarse continúa, dado que el INE no suspendió la recolección de firmas ni la verificación de las mismas, por lo que este proceso sigue en marcha y “no hay ni siquiera una posible afectación a ese derecho”.
Dijo que lo que más encarece el ejercicio es el mandato legal de instalar el mismo número de casillas de una elección federal. “Es evidente que si bajamos el número de casillas, baja también el costo”, perspectiva que tendrá que ser expresada por la SCJN, una vez que el asunto se analice a fondo.
“Yo creo que tenemos que analizar absolutamente todas las opciones que se nos presenten, y ver efectivamente, con estas opciones se pueda generar una consulta de revocación de mandato seria, confiable, y tomar la mejor decisión”, señaló al rotativo.
Con información de El Universal y Milenio
